Jueves, 15 Junio 2017 11:05 Justicia

Odebrecht planea sobre Ecuador desde el gobierno de Febres-Cordero

Odebrecht planea sobre Ecuador desde el gobierno de Febres-Cordero
Foto: Agencia Andes
Agencia Andes

La empresa constructora brasileña Odebrecht se encuentra en el centro de la controversia a nivel global tras la revelación de una trama de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para hacerse de contratos.

En Ecuador, actualmente, la Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialista movimiento Alianza PAIS, emprende una serie de acciones para investigar “con la mayor celeridad” las responsabilidades en los casos de presunta corrupción que se hayan registrado desde la operación de Odebrecht en Ecuador, en 1987. Entre estas, se resolvió tramitar un juicio político al contralor, Carlos Pólit.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación desarrolla una investigación sobre el tema y ha ejecutado varios operativos. El titular de esa función del Estado, Carlos Baca, ha viajado por dos ocasiones a Brasil, junto con un equipo de trabajo, para recabar información sobre el tema.

La Fiscalía firmó un Acuerdo de Cooperación Eficaz con Odebrecht para obtener información de manera exclusiva sobre el entramado de corrupción. Se trata de un acuerdo en materia penal que permite acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración para llevar a la justicia a quienes intervinieron en este caso de corrupción transnacional.

Baca precisó que “de ninguna manera y bajo ningún concepto este convenio de cooperación concede inmunidad a ninguna persona”. En tanto, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente, Jorge Glas, han ofrecido todo el apoyo a la justicia y la garantía de que esta actúe con independencia en el caso.

Historia de Odebrecht en Ecuador  

La empresa brasileña Odebrecht llegó al Ecuador con un sistema de contratación ligado a préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Su primer acercamiento fue en el gobierno de León Febres-Cordero, en 1985, para construir el Trasvase a Santa Elena.

Desde su arribo existen 30 contratos firmados por la constructora extranjera e instituciones públicas del Ecuador, de ese número 14 están registrados en el Servicio de Contratación Pública, es decir se firmaron 14 en el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 - 2017. El resto, 16, se firmaron en gobiernos anteriores.

La Comisión auditora de la deuda externa, conformada en el gobierno de Correa, detectó irregularidades en cuatro contratos firmados antes de 2008. Estos son: el contrato para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena, en el gobierno de Febres-Cordero; para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco; para la construcción de la vía Interoceánica, y para el trasvase La Esperanza.

Trasvase Daule-Santa Elena

En 1985 se inició el proceso para la construcción de esta obra a cargo de la Comisión para el Desarrollo de la cuenca del Río Guayas (Cedege), una entidad donde se encontraban los hombres de confianza de León Febres-Cordero, como su director Gustavo Gross.

En 1986, los entonces integrantes de la Izquierda Democrática, Xavier Ledesma y Fernando Larrea, denunciaron un sobreprecio de $ 80 millones en la licitación. Ambos acusaron a los funcionarios de la Cedege de favorecer a la compañía brasileña. Luego de esa demanda, el contralor de esa época suspendió el contrato hasta verificar la denuncia.

Un año después, la Cedege reinicia el proceso de licitación. Odebrecht fue nuevamente la ganadora del concurso. El contrato lo lideró el socialcristiano Luis Chiriboga Parra. La obra se mantuvo en suspenso por el cambio de Gobierno y la llegada de Rodrigo Borja a la Presidencia.

En 1989, el gobierno de Rodrigo Borja retomó las negociaciones para el trasvase. Nuevamente ganó Odebrecht para la construcción de la Fase 1.

En 1991, el entonces ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, fue censurado en el Congreso Nacional por, supuestamente, favorecer a Odebrecht en la contratación del trasvase a Santa Elena. El presidente Borja anunció un examen minucioso para detectar si hay sobreprecio. No hubo resultados públicos.

Una de las primeras acciones de Sixto Durán-Ballén en la Presidencia de la República fue retomar la negociación con Odebrecht para la fase 2. El presidente de la compañía Norberto Odebrecht vino al país para la firma del contrato.

La Comisión que auditó la deuda encontró varias irregularidades en la adjudicación y desarrollo de esta obra. La más evidente es un considerable sobreprecio en los acuerdos suscritos y complementarios para la Primera y Segunda Fase del proyecto, en los cuales se suman casi $ 100 millones.

San Francisco

El gobierno de Gustavo Noboa adjudicó la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, en Baños. Los trabajos comenzaron en noviembre 2003 (gobierno de Lucio Gutiérrez). Se invirtieron $ 357 millones en esa obra.

Esta obra fue adjudicada en marzo de 2000, por Hidropastaza S.A., representada por su presidente, Rafael Sevilla Callejas, y el Consorcio Odebrecht. El monto del contrato fue de $ 286 millones.

Desde el 2000 hasta el 2006 se firmaron 10 contratos ampliatorios, lo que elevó el costo de la obra en $ 89 millones. La Comisión Auditora de la Deuda Externa determinó indicios de acciones ilegales dentro de ese proceso y pidió anular la deuda contraída con el Banco de Desarrollo de Brasil.

En el 2007 se entrega la central hidroeléctrica de San Francisco. Un año después se detectaron problemas estructurales en la construcción. En junio se paralizan sus operaciones.

El 26 de septiembre de 2008, el expresidente Rafael Correa firmó el decreto para la expulsión de Odebrecht del país. Luego de que la empresa brasileña indemnizara al Ecuador y reparara la hidroeléctrica, se permitió el retorno de la constructora al país y en el 2011 volvió a ser contratista con el Estado.

Vía Interoceánica

Fue uno de los últimos contratos avalados por Sixto Durán-Ballén antes de dejar la Presidencia en agosto de 1997. La prensa de entonces recoge las declaraciones del exmandatario,m quien dijo que la negociación con Odebrecht tardó casi tres años y que el financiamiento estaba ligado a un préstamo del Banco de Desarrollo.

El exministro de Transporte Pedro López firmó el contrato con la Asociación Interoceánica, que está conformada por la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht y por la empresa ecuatoriana Consermin.

La Comisión Auditora sostuvo que el valor inicial del contrato de construcción fue de $ 80,5 millones y sufrió un incremento del 110,89%, lo que elevó el monto total de la obra a $ 169,9 millones.

La obra fue desarrollada por la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) para optimizar el uso del agua en los períodos secos y durante el invierno, mitigar los efectos de las inundaciones.

El 15 de mayo de 1998, el CRM comunicó oficialmente que dejó de lado un crédito del gobierno japonés para la construcción del proyecto. En su reemplazo, aceptó la propuesta de Brasil que ligaba otro préstamo a la contratación de la empresa Odebrecht.

Cuatro años después, en el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción denunció a los miembros del Directorio del CRM por la contratación irregular de Odebrecht. La denuncia decía que se dejó de lado un préstamo beneficioso para el país, para recibir uno del Banco de Desarrollo brasileño que afectaba los intereses del país.

El préstamo concedido por Japón era al 2,5% de interés, a pagarse en 30 años con 10 de gracia. Pero, CRM autorizó un préstamo con el banco brasileño al 6% de interés y a un plazo de 14 años. El costo total de la obra fue de $ 143 millones, dinero que fue cancelado por el gobierno ecuatoriano.

La comisión auditora de la deuda coincidió que existieron indicios de ilegalidad puesto que el CRM, a título de su autonomía, escogió un crédito más costoso que generó una pérdida económica para el país. Además, que en ese crédito existieron un conjunto de cláusulas que de manera abusiva sometieron a Ecuador a los deseos del prestamista.

Además de los casos citados, existieron cuestionamientos en la construcción del aeropuerto de Tena, en el gobierno de Lucio Gutiérrez; del proyecto de Riego Carrizal-Chone, en el régimen de Alfredo Palacio, y de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, contratada por el Consejo Provincial de Pichincha, en octubre de 2007. (I)

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