1.500 indígenas afectados por una red de estafadores
Agustín Ugsha, indígena cotopaxense, conoció de una empresa que captaba dinero para inversiones con ganancias onerosas. Viajó a Quito, y en el edificio Benalcázar, donde estaba la oficina de Francisco Gaona, se contactó con Ángel Yanchapagsi.
“Nos dijo que si depositamos $ 100 al siguiente día recibíamos $ 1 diario, había otro plan de $ 500 con $ 6 diarios y con $ 1.000 obteníamos $ 12”, indicó Ugsha.
Cristian Arcos también conoció de la supuesta empresa que ofrecía dinero electrónico y “se llamaba Bitcoin”.
Indicó que primero les explicaron cómo funcionaba este sistema.
En las charlas, realizadas en hoteles de Quito y Latacunga, motivaban a invertir y a incluir más personas, ya sean amigos o familiares, para que las ganancias fueran más sustanciosas.
“Incluso veía como llegaba la gente a cobrar, no me convencía, pero terminé invirtiendo”, aseguró Arcos.
Pero los ofrecimientos quedaron solo en palabras y las ganancias no llegaron. Al evidenciar que se trataba de una pirámide de personas que captaban dineros sin que presentaran beneficios a los inversionistas, los afectados, entre indígenas y mestizos, presentaron las denuncias en la Fiscalía de Cotopaxi.
“Desde 2017 están las denuncias en la Fiscalía, pero no se realizan las investigaciones”, aseguró Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
En las fiscalías de Quito y Latacunga ya suman 200 denuncias de perjudicados.
El perjuicio económico se presume es de $ 1’500.000 en Cotopaxi, de esta cantidad, $ 300.000 corresponde al sector indígena.
Iza señaló que tras dos meses de investigaciones cuentan con escritos, fotografías, audios y videos. Hasta el momento hay 1.500 afectados.
Según la investigación de MICC, 112.000 ecuatorianos estarían inmersos en esta plataforma, que no opera solo en Cotopaxi, sino en el país.
Los dirigentes exigen que los responsables de las estafas devuelvan los dineros a los afectados y que se garantice la seguridad de ellos.
Ernesto Jami, de la comisión de justicia indígena del MICC, se refirió a las amenazas de muerte para que no dé nombres de involucrados. (I)
