Consignas como ¡Abajo los TBI! y ¡Ni un centavo más a la Oxy! se escucharon durante la presentación del informe de la comisión que auditó los tratados bilaterales de inversión suscritos por el Ecuador.

Más de 1.400 productores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), micro, pequeña y mediana empresa de Guayas, Esmeraldas, Pichincha, El Oro, Santa Elena, Manabí, Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas, pertenecientes a la Confederación Nacional de la EPS, la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, con carteles en mano, visibilizaron su rechazo a los TBI y respaldaron la decisión de la Asamblea, Cancillería y de la Presidencia de denunciar dichos acuerdos que perjudicaron al Ecuador.

Las organizaciones de la EPS de todo el país se manifestaron conscientes de que cada dólar que se ha destinado para el pago de los laudos, bufetes de abogado e inversores, resultado de las demandas interpuestas en contra del Ecuador, es un dólar que deja de invertirse en políticas de inclusión económica y desarrollo social.   

En la presentación del informe a la ciudadanía, el pasado 8 de mayo, Cecilia Olivet, quien presidió la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), dio a conocer que los casi $ 1.500 millones que el país ha desembolsado equivalen al 31% del presupuesto de educación, 62% del presupuesto de salud, y a la construcción de vivienda para unas 239 mil familias.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), los pagos a las empresas Oxy y Chevron representaron cuantiosas pérdidas para la adjudicación de contratos públicos a las miles de asociaciones que forman parte de los grupos asociados de proveedores del Estado. “Se entiende por qué ustedes están aquí. Estos miles de millones que fueron a inversores extranjeros debían fortalecer el empleo y la producción en Ecuador, para los pequeños productores como ustedes”, señaló Olivet.

Días antes, en la Asamblea Nacional, en la sesión 448, se aprobó la denuncia de 12 TBI vigentes.

El dirigente de la Unión de la EPS de Esmeraldas, Jairo Olaya intervino en el pleno y manifestó que “son la expresión más nefasta de cómo el interés del capital se antepone a la soberanía nacional”.

Indicó que la vigencia de los tratados “significa eliminar toda forma alternativa de economía en la que los derechos del ser humano no estén subordinados al sistema económico”. En ese mismo espacio se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Canapyme), Christian Cisneros, para quien los TBI han rayado en la inconstitucionalidad al poner a las empresas internacionales al mismo nivel del Estado, y han fomentado los paraísos fiscales, han agravado la ausencia de controles en la salida de divisas; no garantizaron el ingreso de inversión extranjera directa al país; no prestaron ningún beneficio relacionado con transferencia de tecnología y no garantizaron reciprocidad en términos de intercambio entre los países firmantes.

A decir de Cisneros, una de las principales consecuencias de la firma de los TBI fue que, lejos de las promesas que se hicieron en el momento de su suscripción, la inversión extranjera fue nula. “De qué inversión extranjera directa hablamos cuando la industria nacional genera mayores posibilidades de inversión y desarrollo. La inversión extranjera directa en estos años ha significado 1.3% del PIB, cuando solo el sector turístico genera el 1.8% del PIB y la empresa manufacturera ecuatoriana el 11%”, dijo.

La denuncia de los TBI y el sector productivo

En Ecuador existen más de 12 mil asociaciones de la EPS que participan en la economía nacional. Son más de 100 mil emprendedores que, entre 2015 y 2016, recibieron $ 800 millones gracias a los contratos con instituciones públicas. Mientras que las pequeñas y medianas empresas representan el 95% del tejido productivo empresarial en el país, a decir de la Canapyme.

Lucía Calderón, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de la EPS, consideró que quienes han emprendido en microempresas ven las consecuencias de las acciones de gobiernos pasados.

Lamenta que, aunque cuentan con el respaldo del Sercop para participar en contratos con el Estado, los pagos por demandas internacionales les haya limitado espacios.

Para Hólger Bravo, presidente de la cámara de la EPS de Manabí, la afectación que los TBI ha provocado  directamente “el pago de $ 1.000 millones que se hizo a la petrolera Oxy y que restó liquidez al Estado y por ello se retrasaron los pagos a las asociaciones que sí cumplieron su trabajo con el Estado”.

Según Bravo, de no haberse cumplido con esos desembolsos a la transnacional “se habría generado más trabajo para los sectores populares”. Este emprendedor manabita anunció que el gobierno contará con el respaldo irrestricto en la denuncia de los TBI y espera que la administración de Lenín Moreno desarrolle las acciones que sean necesarias a futuro para evitar nuevas afectaciones para el país.

Desde el sector empresarial se cree que los TBI “han sido nefastos para el desarrollo y producción de la industria nacional; han dejado a un lado a quienes producimos en el país, a quienes no tenemos dinero en paraísos fiscales, a quienes trabajamos día a día por la industria ecuatoriana”, enfatizó Cisneros. (I)

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Los TBI afectan a toda la ciudadanía

Para Cecilia Olivet, presidenta de la Caitisa, no es extraño que los sectores productivos sigan de cerca el proceso de denuncia de los TBI.

La participación ciudadana alrededor del tema es lo que hace al caso ecuatoriano único, pues la comisión que revisó cada uno de los tratados está conformada por ciudadanos de diferentes corrientes profesionales y porque “es un tema político que nos toca a todos de una u otra forma”.

La experta uruguaya acotó que una de las principales anomalías de los TBI firmados en la década de los 90 fue que, para su suscripción y ratificación, no pasaron por un proceso de negociación; 11 de ellos pasaron sin debate legislativo, y quienes los negociaron no intentaron alcanzar mejores términos para preservar la capacidad del gobierno de negociar, lo cual se contradice hoy con las normas constitucionales establecidas en el 2008 que exigen regular la inversión extranjera para que cumpla con los objetivos del buen vivir.  

El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, también intervino ante los productores ecuatorianos durante la presentación del informe de la Caitisa. “Lo que rechazamos es la existencia de tribunales arbitrales especiales que responden a los grandes capitales y que han sometido al Estado ecuatoriano; así como se negociaron a espaldas del pueblo, la denuncia está lista y se hará en las próximas horas”. (I)