La Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) no solo amenaza la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y conservación de los recursos, sino también el bienestar económico de las personas que dependen de la pesca como su medio de subsistencia, indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Actualmente no hay datos regionales sobre el impacto de esta actividad, pero a nivel global se estima que la pesca INDNR atrapa 26 millones de toneladas al año, valoradas en alrededor de $ 23.000 millones, lo que equivale aproximadamente a 28% del total de las capturas mundiales en 2014.

En el taller sobre Combate a la Pesca Ilegal en Ecuador, Javier Villanueva, experto de la oficina regional para América Latina y el Caribe de la FAO en pesca, manifestó que en el mundo el 90% de las pesquerías está en riesgo, el 31% es sobreexplotado, el 58% plenamente explotado y en el 10% se extrae bajo su límite.

Agregó que el valor de las exportaciones mundiales de peces ascendió en 2014 a $ 148.000 millones, y se considera que el valor de la pesca INDNR alcanza entre el 7% y 16% de ese gran monto.

Por ello, en septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que comprende 17 objetivos, de los cuales uno está destinado a la vida submarina.

“Dentro de dicho objetivo hay una meta que para 2020 se habla de reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas”, explicó Villanueva.

Ecuador registra buenos avances en este ámbito

El experto de la FAO enfatizó que Ecuador camina a pasos acelerados en el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. “Esperamos que continúen en este proceso para que pueda cooperar con otros países”, manifestó.

Al respecto, Pilar Proaño, viceministra de Acuacultura y Pesca, señaló que el país, al igual que otras naciones, se comprometió a erradicar esta práctica nociva que afecta  los recursos y las condiciones de vida de las poblaciones costeras.

Proaño agregó que el Gobierno, mediante el Plan de Acción Internacional para desalentar la Pesca INDNR, estableció mecanismos y sistemas de control que verifican la trazabilidad de las descargas en los puertos de desembarque, bajo la supervisión de los 285 inspectores de pesca distribuidos en 25 inspectorías a escala nacional.

Además, pronto el país contará con el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP), que desalentará esta práctica ilegal. Con esta herramienta se conocerá en tiempo real lo que sucede con los recursos pesqueros en el momento de su captura, garantizando la legalidad del producto ecuatoriano en los mercados nacionales y extranjeros.

A mediados de abril pasado, en un taller sobre pesca ilegal, Pablo Guerrero, director de pesquería del  Fondo Mundial para la Naturaleza  (WWF) Ecuador y Latinoamérica, expresó que esta actividad es un delito ambiental que requiere decisión política y una acción coordinada de todos para contrarrestarla. (I)