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Obligaciones del país superan los $ 41 mil millones

Legalidad de la deuda pública será analizada por Contraloría

Legalidad de la deuda pública será analizada por Contraloría
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO
02 de agosto de 2017 - 00:00 - Redacción Economía

La Contraloría General del Estado (CGE) dispuso este 31 de julio un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública externa e interna del Ecuador.

Según el documento al que accedió EL TELÉGRAFO, en el examen se analizará la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.

El texto, firmado por Pablo Celi, contralor general del Estado subrogante, considera “imprescindible” revisar la legalidad de la deuda pública interna y externa luego de la exposición del presidente Lenín Moreno del 28 de julio pasado en el marco de la presentación de la proforma presupuestaria.

En su intervención, el Primer Mandatario aseguró que “a mayo de este año, la deuda pública del país, que incluye a los gobiernos locales, alcanzó un monto agregado de
$ 41.893 millones”.

La disposición de la CGE corresponde a una acción de control que se ejecutará en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de deuda externa e interna.

Este examen especial será ejecutado por la Dirección de Auditoría de la Producción, Ambiente y Finanzas de la Contraloría, y estará a cargo, sin perjuicio de las funciones, que -de acuerdo con el Orgánico Funcional- corresponden al director de la citada unidad.

Además participará un auditor supervisor, quien tendrá a su cargo la coordinación general del examen y la supervisión de su ejecución. De ser el caso y previo a requerimiento del equipo auditor, se podrá contar con asesoría técnica especializada, en temas específicos durante el desarrollo de la acción de control.

La CGE invita a profesionales de las áreas económica y jurídica “de reconocido prestigio nacional” a formar una veeduría ciudadana quienes podrán participar como veedores de las distintas etapas del examen. (I)

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