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El Telégrafo
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La investigación periodística señala que en 2012 se crearon empresas offshore en los estados unidos con seudónimos como positano o montpellier para ocultar la identidad del banquero y sus familiares.

Guillermo Lasso repatrió su fortuna como inversión directa

Guillermo Lasso repatrió su fortuna como inversión directa
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO
18 de marzo de 2017 - 00:00 - Redacción Política

Positano, Montpellier o Berlín son algunos de los nombres que cubren las identidades del candidato presidencial por la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, y de sus familiares en diferentes empresas offshore, según reveló la investigación del medio argentino Página/12.   

En un diálogo con la prensa, el presidente Rafael Correa se refirió ayer a esta investigación, durante su visita a la provincia de Santa Elena. “No sé si llamarlo señor Positano porque ese es el nombre que (Guillermo Lasso) ha usado para esconder sus empresas en supuestos fideicomisos, empresas offshore, en paraísos fiscales”, dijo.

Agregó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) ya está investigando la denuncia para detectar si las empresas supuestamente vinculadas a Lasso han cometido el delito de evasión tributaria.  

Correa sostuvo que habrá personas que justifiquen que tener empresas offshore no es ilegal, sin embargo, advirtió, “sí puede haber ilegalidad porque esa es la supuesta inversión extranjera”.

Y refiriéndose al plan de gobierno del candidato, el Mandatario precisó: “cuando hablan de zonas francas es su propio dinero el que traen de vuelta al país, pero sin pagar impuestos y ante el primer problema lo vuelven a sacar”.

En el debate presidencial efectuado en Quito el 5 de febrero pasado, Lasso planteó la creación de zonas francas (libres de impuestos) para atraer al sector turístico en Manabí y Esmeraldas. El mismo mecanismo -agregó- se aplicaría a favor de los hospitales y clínicas privadas a cambio de entregar el 20% de sus camas para pacientes de escasos recursos económicos.

Lasso abrió Banisi en 2008

La investigación de Página/12 revela que en 2003, cuando Lasso fue presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 12’111.525  y al salir de la entidad, en 2009, la cifra ascendió 4,5 veces, a $ 54’425.776.

El 31 de marzo de 2008, el banco Banisi en Panamá inició operaciones en dicho país con un capital de $ 14 millones y activos por $ 150 millones. Paralelamente, el Ecuador enfrentaba los estragos de la crisis financiera internacional.

Y antes de presentarse por primera vez como candidato a la presidencia, en 2012, su patrimonio en el Ecuador se redujo a $ 19’028.756. Liquidó la empresa Andean Investment, en la cual tenía el 58% de participación, y creó seis fideicomisos a nombre suyo, de su hermana y de sus hijos. Dos meses después,  decidió nuevamente transferir las acciones a empresas offshore en Delaware, Estados Unidos, un reconocido paraíso fiscal (ver infografía).

En abril de 2013, luego de perder las elecciones presidenciales ante Rafael Correa, la publicación de Página/12 revela que Lasso trajo de vuelta su capital a fideicomisos locales a nombre de sus familiares como inversión extranjera directa, lo que evitó el pago de impuestos. Esa práctica podría incurrir en  una presunta evasión tributaria.  

El 5 de marzo pasado, cuando se le consultó sobre su inversión en Panamá, Lasso respondió: “no soy un empleado público, he sido, los últimos 45 años, fundamentalmente un empresario privado”.

“Conoce y sabe mi vinculación con el Banco de Guayaquil, banco del cual soy uno de sus principales accionistas, de ahí vienen mis ingresos, ingresos que los declaro (...) Después de que he pagado los impuestos que legítimamente he pagado, tengo todo el derecho de invertir el dinero, mi dinero, legítimamente bien ganado, en lo que crea conveniente”, afirmó.

En varias ocasiones, Lasso se ha reconocido como  el principal contribuyente, como persona natural, al fisco ecuatoriano. Afirma además que la “ley correísta” le impide invertir en Ecuador, por lo que debe hacerlo afuera: “¿En qué he invertido? En algo que es público y notorio, que es un negocio formal, es un banco en Panamá, debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que realiza actividades absolutamente legítimas”.

La legislación ecuatoriana concede algunas exoneraciones del pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con el fin de incentivar la inversión extranjera. Según el SRI, no tributan el ISD los pagos efectuados al exterior que ingresen exclusivamente al mercado de valores del Ecuador. Tampoco pagan el ISD las inversiones efectuadas en el exterior siempre que los recursos generados por dicha inversión hayan ingresado al país. También están exentas las sociedades que se creen para el desarrollo de proyectos público-privados.

En ese sentido, la publicación argentina explica que el Banco Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas porque lo hace figurar como si fuera dinero extranjero con fideicomisos que se vuelven offshore y los regresan una y otra vez.

Al ser consultado por las revelaciones del medio argentino el jueves pasado, el candidato de CREO expresó: “mi patrimonio es público, ¡Público! Está en el Ecuador y todos lo conocen”. Y tras cuestionar al periodista de un medio de comunicación público por, según él, representar al Gobierno, Lasso pidió que se publicara el listado de los implicados en los supuestos sobornos que habría entregado la constructora Norberto Odebrecht a funcionarios públicos.

Hasta el momento ni la justicia de Estados Unidos ni de Brasil han revelado la supuesta lista de beneficiarios de sobornos en Ecuador.

Sin embargo, investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana revelaron movimientos millonarios en cuentas personales de un colaborador del alcalde de Quito y líder de SUMA, Mauricio Rodas. Se trata de Mauro Terán, a quien líderes barriales y concejales identifican como asesor de Rodas, pero no guardaba ninguna relación de dependencia con el Cabildo.

Otro caso que investiga la Fiscalía implica al ambateño Jacobo Sanmiguel, quien participó en los comicios del 19 de febrero pasado como candidato a legislador alterno por la alianza CREO-SUMA.

Sanmiguel y Rodas viajaron a Brasil en marzo de 2014 cuando se negociaba en Quito la adjudicación del Metro, entonces valorado en $ 1.500 millones. Finalmente la obra fue adjudicada al consorcio Acciona-Odebrecht en octubre de 2015, por un total de $ 2.008 millones, aduciendo un incremento de los costos indirectos de la obra.

Sobre estos casos, que implican a personas allegadas a su movimiento político, Lasso todavía no se ha pronunciado. (I)

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