Tomada de Andes

La desazón agobiaba a los pequeños productores de arroz, uno de los principales productos de la dieta de los ecuatorianos. Ellos veían cómo las inversiones que habían realizado para obtener una buena producción caían en ‘saco roto’.

“Hicimos fuertes inversiones para mantener la producción, pero los compradores nos pagaban apenas $ 24, a veces 27 dólares el quintal y eso nos dejaba pérdidas”, dice el productor Carlos Zambrano, presidente de la Asociación de Agricultores del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas.  

La complicada situación movilizó a inicios de este mes a los productores de este cantón, así como de Daule, Santa Lucía, Samborondón y otras localidades de Guayas y Los

Ríos, que son las principales zonas arroceras de Ecuador. Ellos se tomaron las carreteras como medida de protesta para exigir que se respete el precio oficial de $ 35,50 el saco de 200 libras en cáscara.

Según el agricultor, los costos de producción de la saca (semilla, insumos, fertilizantes y mano de obra) promedian los 30 dólares. No obstante, el principal problema que les ha venido afectando desde hace algún tiempo es el ingreso de arroz de contrabando, especialmente de la frontera con Perú, que se comercializa a $ 25.

La recuperación en la producción en la zona de la cuenca baja del río Guayas, así como en el sur del país, sumado al ingreso de la gramínea de contrabando provocó la saturación del mercado ecuatoriano.

Javier Chon, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros, expuso cifras del incremento de la producción. En 2016 la cosecha de invierno (abril) registró 2,8 toneladas por hectárea, mientras que este año llegó a 3,5 toneladas.

La cosecha de verano (octubre) pasó de 5 a 5,5 toneladas por hectárea en el mismo lapso.

Actualmente unos 70.000 agricultores, en su mayoría pequeños, trabajan más de 300.000 hectáreas para la cosecha de invierno y más de 150.000 hectáreas en el ciclo de verano, de un total de 800.000 hectáreas de cultivos de ciclo corto que se distribuyen en el país, según datos de la Cámara de Agricultura del Litoral.

Las protestas llevaron a la mesa de diálogo a los productores, industriales y las principales autoridades del ramo, entre ellas la entonces ministra del área, Vannesa Cordero, quien luego fue separada del cargo en medio del proceso de conversaciones y reemplazada por el actual secretario de esa cartera, Rubén Flores.

Producto de los diálogos surgieron las primeras acciones de respuesta de las autoridades para frenar la problemática de este sector del agro. Una de ellas fue la disposición de comprar arroz al precio oficial a los productores, a través de los silos de la Empresa Pública Unidad de Almacenamiento (UNA).

Para ello el Gobierno asignó a la UNA un monto de $ 5 millones.

María Paula Cristiansen, gerenta de la entidad, dijo que la planta de Daule, con capacidad para 10.000 t, comenzó la compra. Agregó que se han reducido los tiempos de pago al productor a máximo 10 días. (I)