Empresas de medicina prepagada advierten perjuicios por la ley

Tras un año de la aplicación de la Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, las empresas que ofertan servicios de salud integral y pólizas de asistencia médica solicitaron una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para exponer los perjuicios económicos que deberían afrontar de no derogarse o modificarse esta normativa.

Esta ley garantiza, entre otras cosas, la atención a personas de la tercera edad (mayores de 65 años), con discapacidad y mujeres embarazadas que antes no podían acceder a este servicio privado de salud. También regula el trato que se da a las enfermedades preexistentes que ya no son consideradas como un condicionante para acceder a una póliza de seguros.

Pero el punto de mayor confrontación es que las empresas deben cancelar al Estado el valor de los tratamientos en caso de que sus clientes accedan a atención en alguno de los hospitales de la Red Integral de Salud.

Para la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada sería imposible reponer los gastos médicos efectuados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que ascenderían a $ 70 millones anuales, Ministerio de Salud, y por los institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de  la Policía Nacional (Isspol), estimados en unos $ 20 millones.

“Esta obligación de reposición se factura hace un mes y representa anualmente un egreso imprevisto de aproximadamente $ 90 millones para nuestras empresas, cuando la totalidad de nuestras utilidades anuales suma en promedio $ 12 millones. Además, es necesario considerar que hasta diciembre de 2016, 10 empresas de medicina prepagada registraron pérdidas sustanciales en su registro económico”, dice la misiva enviada el lunes al Mandatario por el presidente de la asociación, Eduardo Izurieta.

Juan Fernando Serrano, presidente ejecutivo de Latin Insurance, explica que si las compañías ganan $ 12 millones anuales y les toca pagar a la seguridad social los $ 90 millones que se tiene previsto, para no salir en pérdida, tendrían que incrementar los costos de la tarifa por la cobertura.  

A pesar de que la ley ha beneficiado al sector de la población con enfermedades catastróficas o de la tercera edad, reconoce Gustavo Zevallos, de Serviseguros Broker, las empresas de seguridad médica privada sí se ven perjudicadas.

“Si se le va a cobrar a la medicina prepagada la atención que le ha dado a un paciente el IESS, por qué no puede ser viceversa. Por qué la medicina prepagada no le cobra al IESS por la atención dada”, cuestiona.

Roberto Aspiazu, vocero de las empresas de Medicina Prepagada, fustiga que la mencionada ley fue realizada en base de un erróneo informe actuarial del IESS.

“Este informe partía del supuesto equivocado de que las utilidades de las empresas fueron de alrededor de $ 221 millones en 2014, cuando en realidad eran de $ 16 millones, según la propia información de la Superintendencia de Compañías”, manifiesta Aspiazu.

EL TELÉGRAFO solicitó al IESS datos de los montos de cobro de las compañías privadas, así como la cantidad de pacientes atendidos dentro del marco de la normativa, sin embargo hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (I)