Ecuador retomará la denuncia de los TBI
Ecuador retomará la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), lo que significa dejar sin efecto un segundo paquete que estaba pendiente, para salvaguardar los intereses nacionales.
En 2008 el presidente Correa denunció un primer paquete de tratados suscritos con Rumania, Finlandia y países centroamericanos.
Así lo aseguró el ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Aráuz. Dijo que se trata de dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucionales a los TBI, por ser un ejemplo de lo que significa la voracidad de las transnacionales en contra de un Estado.
En nuestro país existen dos casos representativos: Por el primero, Ecuador debió cancelar $ 1.000 millones a OXY, pese a que el tribunal arbitral internacional que tramitó la demanda consideró que la OXY violó el contrato y la ley ecuatoriana al ceder el 40% de sus derechos a la compañía Andes, sin avisar o buscar el consentimiento del país.
En el segundo caso, ante la demanda que interpusieron las comunidades amazónicas por la contaminación ambiental y afectación a la salud generada por Chevron, la corte provincial de Sucumbíos falló a favor de los demandantes con una multa de $ 9.500 millones; sin embargo, la petrolera demandó al Ecuador por la misma cantidad, en caso de que se le cobre esa deuda. Para ello, se amparó en los TBI.
Para Aráuz, “los TBI solo dan derechos al capital y ello contraviene el proyecto político que determina que en Ecuador todo ser humano debe estar por encima del capital. Estos tratados dicen que el capital tendrá más derecho sobre los estados y, en esa medida, no existe reciprocidad, porque si un Estado se siente afectado, no puede iniciar un juicio o arbitraje a la empresa, pero sí ocurre a la inversa”.
Precisamente porque esos acuerdos permiten a una empresa iniciar juicios contra el Estado sin pasar por el ordenamiento judicial interno, la CC los declaró inconstitucionales. Determinó que en su mayoría violan las cláusulas de arbitraje que contiene la Constitución, que prohíbe al Estado ceder soberanía a una instancia judicial exterior.
Asimismo es inconstitucional la violación de la preferencia a la inversión nacional. En el Ecuador la inversión extranjera no puede tener más beneficios que la nacional.
Ecuador retomará la denuncia de los TBI y ya no permitirá que las transnacionales inicien juicios en el marco de las nuevas inversiones que lleguen al país. Hará frente a aquellos procesos ya iniciados, considerando que los TBI incluyen cláusulas de supervivencia de 10, 15 y 20 años. En este proceso, Ecuador no está solo, ya que existen más países que han optado por este camino como Indonesia, India y Bolivia.
En los próximos días se hará público el informe de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa). Existe expectativa no solo porque en esto participó la sociedad civil, también porque será la primera vez que un Estado presenta una investigación sobre los TBI y que lo presenta para el mundo. (I)
