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Desde 2010 se han recuperado más de 7 mil bienes patrimoniales

Desde 2010 se han recuperado más de 7 mil bienes patrimoniales
Las autoridades presentaron las piezas que iban a ser comercializadas. Foto: Gabriela Castillo / El Telégrafo
30 de junio de 2016 - 12:28 - Redacción Web

Un lote de piezas de Patrimonio Cultural fue localizado por la Policía tras varias investigaciones que determinaron su comercialización ilícita.

Carlos Alulema, jefe de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P), indicó este jueves que la información se filtró desde la ciudad de Esmeraldas (Esmeraldas) y se montó una investigación, a través de la cual se identificó una base de operaciones. Hasta el momento hay 2 detenidos, quienes habrían tratado de comercializar los objetos. Uno de ellos se encuentra con medida cautelares y el otro con prisión preventiva.

Entre las evidencias se encontraron en Quito 73 bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural (37 de marfil y 36 doradas -presuntamente son artículos de oro-). Mientras que en Latacunga se localizaron 24 piezas: 11 doradas, 5 de cerámica y 8 de otros materiales.

La ubicación de las piezas se realizó mediante el operativo 'Resplandor' que se desarrolló en coordinación con agentes de la Policía Judicial (Unidad de Patrimonio Cultural), Policía Comunitaria, el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador y Fiscalía.

Alulema explicó que las figuras presentaban características visuales de bienes arqueológicos de culturas ancestrales, provenientes de excavaciones en asentamientos prehispánicos. Tras investigaciones previas, se identificó que en Lumbisí (sur de Quito) y en una localidad de Latacunga (Cotopaxi) se comercializaban las piezas. El lote de estas figuras tendría un valor estimado de $ 2 millones.

Sin embargo, María Alejandra Sigcha, directora Jurídica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), indicó que antes de determinar un valor económico, lo que se analiza es el valor histórico. Puso como ejemplo, que un artículo pertenece a la Cultura Tolita, que fue uno de los primeros asentamientos en el país.

Tanhia Moreno, fiscal Distrital de Pichincha, advirtió que se inició una indagación por parte de la Unidad contra la Delincuencia Organizada. Explicó que en algunos casos, las personas realizan excavaciones irregulares en zonas consideradas como pre-hispánicas y ahí obtienen las piezas.

Joaquín Moscoso, subsecretario de Cultura, añadió que Policía Nacional inició un trabajo coordinado con Interpol para detectar a los compradores de estas piezas. Estos mercados se encuentran fundamentalmente en países como Francia, Alemania y Estados Unidos.

Los análisis realizados por técnicos del INPC dan cuenta que 37 objetos decomisados pertenecerían a las culturas Sinu, Tumaco, Quimbayá, Muisca, Calima, Tairoma, asentadas en Colombia. Sin embargo, los estudios continuarán para determinar su composición.

Para esto, dijo, se analizarán las piezas a través de pruebas físicas como la aplicación del carbono 14 que determinará la edad de las figuras. Además se efectuarán pruebas de datación que tienen que ver con los rasgos distintivos de las culturas.

Una vez que se realice este proceso (análisis gráficos, análisis simbólicos, de costura, de los materiales, etc.) se iniciaría la entrega de los artículos a su país de origen. El análisis demora alrededor de una semana y será practicado en un laboratorio del INPC.

Moscoso indicó que a través del consulado colombiano se invitará a expertos del país vecino para apoyar la identificación.

De acuerdo a los reportes del Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que preside el Ministerio de Cultura, entre 2010 y lo que va de 2016, se decomisaron 7.655 piezas patrimoniales y se repatriaron del extranjero 4.919 figuras. Todo esto a través de 35 operativos.

La comercialización de piezas patrimoniales se encuentra tipificada en el artículo 238 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Contempla sanciones para las personas que adquieran, intercambien o comercialicen bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. En estos casos se aplica una pena privativa de libertad de entre 5 y 7 años; si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes arqueológicos, se impondrá prisión de entre 7 y 10 años. (I)

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