El juicio político de destitución, seguido contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusándola de alterar las cuentas públicas, es cuestionado por amplios sectores de la opinión pública, por inmoral e injusto.

En el Congreso, donde se gestó, una gran parte de sus 594 miembros registran cargos y condenas penales en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura. O involucrados en escándalos de corrupción. “Es la paradoja: una presidenta está siendo impugnada, pero sus jueces son simultáneamente reos en múltiples procesos”.

(Marcus Melo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Pernambuco).

De los 513 diputados que votaron en el Parlamento por el juicio, hubo 303 con procesos o condenas judiciales o en Tribunales de Cuentas, por diversas causas. El propio mandatario interino, Michel Temer, fue miembro del PMDB, un partido causante de escándalos de corrupción, con el que rompió pocos días antes con el Gobierno, para unirse a la conspiración contra su amiga, la presidenta.

El Senado no escapa al fenómeno de la corrupción. De los 81 senadores, 49 figuran con procesos o condenas en la justicia o Tribunales de Cuentas. Su propio presidente, Renán Calheiros, es juzgado, por denuncias de que recibió sobornos provenientes de la red de corrupción en Petrobras.

Otro senador, Fernando Collor de Mello, un expresidente que renunció en 1992 por un escándalo de corrupción. Actualmente es investigado porque cobró millones de dólares en sobornos.

Eduardo Cuha, el presidente de la Cámara de Diputados, está involucrado en el escándalo ‘Panama Papers’. Actualmente procesado por corrupción. El tercero en la sucesión presidencial.

Aquellos son unos pocos ejemplos que evidencian cómo la corrupción se ha apoderado de todas las instancias del poder judicial… Nada va a cambiar. Y son algunos de estos magistrados los que van a juzgar a Dilma. Por ello resolvieron apartarla del poder, porque constituía un estorbo para sus ambiciones políticas personales.

El pasado lunes 23 de mayo, el periódico Folha de Sao Paulo publicó una conversación de Romero Juca, recientemente nombrado ministro de Planificación, en la que insinuaba que la salida del poder de Dilma Rousseff ayudaría a frenar las investigaciones anticorrupción. Juca es uno de los principales articuladores del proceso contra la presidenta. La grabación es del pasado 12 de marzo y el interlocutor era Sergio Machado, es expresidente de Transpetro. Ambos son investigados por desvíos de recursos de esta compañía.

En las conversaciones, que duraron 1 hora y 15 minutos, Machado le cuenta a Juca que teme que su caso sea juzgado por el Tribunal Federal por el juez Sergio Moro.

“Hay que cambiar el gobierno para parar esta sangría”, responde Juca… “Temer debía construir un pacto nacional. Ahí pararía todo”. “Sí, lo delimitaría hasta donde está y punto”, contestó el ministro.
 

Por supuesto, aquel se vio obligado a renunciar, contra su voluntad. Juca es informante del Gobierno de Estados Unidos.

Así se irán descubriendo las verdaderas causas que motivaron la persecución a Dilma Rousseff, cuya lucha de transcendencia histórica es reconocida por sus propios enemigos. (O)