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Partidocracia y corrupción

La derecha y varios de sus representantes, el expresidente Gustavo Noboa (reemplazó a Mahuad) y varios vicepresidentes postizos, el candidato banquero, dos veces perdedor, exministros de Finanzas de la partidocracia, dirigentes empresariales, exsocialistas y sindicalistas a su servicio, la falsa izquierda y sectores de ciudadan@s, muchos respetables, suscribieron un manifiesto, porque se sienten ‘ofendidos’ por la corrupción y recomiendan acciones políticas para combatirla y sancionarla. Sin duda no hay que dar tregua a la corrupción y se debe institucionalizar toda una política y plan frente a ella.

Pero en este caso, si no fuera porque sus promotores son personajes políticos que en su mayoría han tenido graves responsabilidades por su gestión, que el pueblo ecuatoriano oportunamente condenó a lo largo de las décadas perdidas, pasaría desapercibido dicho escrito, el que por poco lo suscriben los ‘Capayas’, ‘Capacos’, Isaías y otros prófugos, no estaríamos obligados a recordar que en sus gobiernos arreció la corrupción a la máxima expresión, no solo expresada en el atraco de los fondos públicos (salvataje bancario, sucretización de la deuda externa privada), sobreprecios en la contratación de obras y compras públicas mañosas negociaciones y renegociaciones de la deuda, feriados bancarios y congelamientos de depósitos del público, sobredevaluaciones, altas tasas de interés; sino también paquetazos convenidos con el FMI; contra el pueblo, Constitución aprobada en los cuarteles y leyes amañadas; formas mafiosas de asumir la dolarización, creación y mal manejo de la AGD.

En suma, atracos y más atracos, en los cuales estuvieron metidos de una u otra forma, los ‘anticorruptos’ de ocasión, también involucrados en el lleve de la Perimetral y otras obras, en negociados con las petroleras depredadoras, etc. Entre ellos se pelearon, se dieron golpes de Estado, se autoexiliaron. ¡Eran los ‘actores del poder’! Y no solo eso. Hubo represión; asesinatos a dirigentes populares, y todo lo hacían en nombre de la libertad, la democracia, el mercado libre. Hasta crearon una ‘comisión anticorrupción’ para levantarse con el santo y la limosna.

Y descaradamente se toman el nombre del pueblo para su libelo, al que siempre afectaron con sus políticas, al que lo han tenido sometido a los tentáculos  de la explotación laboral (le llamaban ‘flexibilización’), marginación de todo tipo, niveles miserables de existencia. Al que condenaron a situaciones de crisis económica permanentes e inestabilidad política (dictaduras, 7 gobiernos en 10 años), con presidentes interinos, de 2 a 3 días de duración, o destituidos por considerarlos ‘incapacitados mentales’.

Las élites y sus gobiernos, aupados por los grandes medios de prensa y plumíferos de toda laya, convertidos en analistas, varios asalariados por ONG internacionales, alineadas a las políticas neocoloniales del poder imperialista mundial, desde años, buscaron retornar a sus viejos modelos económicos lucrativos y entreguistas, de esencia antipopular y contrarios al interés nacional, desataron acciones conspirativas, contra la Revolución Ciudadana.

Buscaron y buscan dividir a las fuerzas democráticas. Confunden y mienten para liquidar el programa de cambio, iniciado con grandes conquistas hace más de 10 años y que continuará con el actual gobierno de AP, que triunfó en las elecciones con el apoyo de más de 5 millones de ecuatorianos dispuestos a enfrentarlos y derrotarlos, así como a frenar y sancionar en serio la corrupción. El país apoya una política anticorrupción sincera, firme y permanente que involucre a los diversos poderes del Estado y organismos de control, históricamente manipulados por la partidocracia y sus políticas de ‘reparto de la troncha’ y ‘toma y daca’; que involucre al sistema educativo y cuente con la participación ciudadana organizada y consciente. (O)

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Posteriormente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea para una decisión definitiva.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La acusación se relaciona con una presunta responsabilidad política en el caso Progen. El trámite pasa ahora a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.