Si la década de los ochenta del siglo XX se la conoce como la década perdida, la década de los noventa de ese mismo siglo debe ser recordaba como la década del atraco y la sinvergüencería. Una afrenta a toda la sociedad ecuatoriana. Imposible olvidar los gobiernos que consolidaron el modelo neoliberal a costa de desangrar el tejido social del pueblo ecuatoriano. La socialdemocracia del 88 al 92 dejó preparado el terreno para que la arremetida neoliberal del gobierno de Sixto Durán-Ballén consolidara la llamada reforma estructural y prepare el desastre de un Estado fallido, un sistema político corrompido en su médula y condujera a Ecuador al derrumbe bancario de 1999. La flexibilización laboral se instituyó, se redujeron aranceles y casi todas las formas de restricciones al comercio se eliminaron. La flotación cambiaria -las bandas cambiarias- destrozaron el poder adquisitivo de las mayorías. La flexibilización y profundización financiera; la liberalización de las tasas de interés; traspaso de fondos públicos a la banca privada, salvatajes bancarios; la Ley de Régimen Monetario que cambió las funciones del Banco Central, favoreciendo con recursos a la banca privada; una fallida Ley de Mercado de Valores; la Ley General de Instituciones Financieras que redujo la capacidad de control de la Superintendencia de Bancos que favoreció las operaciones de la banca off shore -paraísos fiscales-. Todo esto llevó a un sistema inmoral de apalancamientos entre bancos y empresas. La cartera vencida de los bancos comenzó a dispararse. La lógica de la liberalización favoreció brutalmente a la banca que se enriquecía a costa de los ahorros de los ciudadanos. Bajo la fachada de la modernización del Estado, lo que se hizo fue vulnerar los derechos de los ecuatorianos. Los intentos de una privatización ampliada del Estado solo fueron contenidos por las reacciones de los sectores populares. Se renegoció la deuda externa, que a los pocos años se demostró siendo un fracaso. Fue un gobierno fiel a los dictámenes del FMI, como del Banco Mundial. La inversión en salud pública se detuvo. La gratuidad de la educación se perdió. ¡Cómo olvidar el caso Flores y Miel! La política del silencio frente a la desaparición de los hermanos Restrepo, cuando se impidió que sus padres, Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, se manifestaran en la Plaza Grande, demostraba la indolencia frente a los crímenes de Estado. El desempleo pasó del 8,3% al 10,4%. Un vicepresidente que se fugó del país. En 1995 la lógica del ‘Ni un paso atrás’, usado en la guerra con Perú, se aplicó en la medidas económicas. Ni un paso atrás en el neoliberalismo implementado. El relativo éxito militar no le sirvió al gobierno de Durán-Ballén para conquistar el voto en la consulta popular de noviembre de ese mismo año. Su propuesta de reforma económica fue rechazada. La poca credibilidad se le terminó. La sequía de ese mismo año desveló el desmantelamiento del Estado. Cortes de energía de hasta 12 horas. Fue el peor gobierno del ajuste y del neoliberalismo. Todos los gobiernos posteriores fueron la expresión de la podredumbre de una ideología que le costó al país la migración forzada de millones de ecuatorianos y cientos de muertos, que pocos recordarán. Es en estos casos cuando la frase vale aún más: ¡Prohibido olvidar! (O)