Pocos candidatos se han pronunciado en torno a la educación superior. Y se han centrado básicamente en tres puntos: la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (2010), la Senescyt y el ingreso a las universidades.
El Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC) ha anunciado reformas a la LOES (2010), pero hasta el momento no ha indicado cuáles. ¿Acaso de la educación superior como derecho? ¿O de la gratuidad? ¿O de los principios? ¿O de la composición de los organismos bajo los principios de que los regulados no pueden ser reguladores y la equidad de género? ¿O de los requisitos de PhD para ser rector(a) y docente principal? ¿O de las acciones afirmativas? ¿O de la autonomía responsable que ordena la rendición de cuentas? ¿O de los requisitos para garantizar calidad?
Sobre la Senescyt, Lasso ha ofertado eliminarla, lo que podría significar reemplazo por otra, o anulación de la rectoría de la política pública sobre las IES. Obviamente, eso precisaría reformar la LOES. ¿Qué dice Paco Moncayo? Él y sus seguidores(as) son ambiguos(as): por una parte, dicen que la Senescyt “ha hecho grandes aportes” -sin decir cuáles-, y por otra, afirman que constituye “un obstáculo para las instituciones” sin precisar en qué. ¿Acaso se refieren a la rectoría? ¿Coinciden en esto con Lasso?
No es poca cosa este punto que ha estado en el centro de dos evaluaciones sobre las IES (1989, 2009), cuando al identificar sus graves problemas de desempeño, recomendaron la necesidad de desarrollar una política pública hacia el campo como requisito indispensable para constituirlo y fortalecerlo como un sistema de educación superior pertinente y de excelencia. ¿Acaso esto piensa reformarse?
El punto mayormente abordado es el del acceso. La demagogia de Lasso la comparte Espinel: ambos plantean eliminar el examen ENES. Por su parte, el Gral. Moncayo habla de “libre acceso a todos sobre la base del esfuerzo”. Pero no explica qué significa esfuerzo y, sobre todo, cómo se mediría, evidenciando otra ambigüedad en la propuesta.
¿Acaso desconocen que fue la LOES de 2000 la que ordenó la creación de un sistema de admisión y nivelación? Este jamás se concretó en buena parte de IES públicas, debido al control del MPD, que a través del libre ingreso aseguraba sus clientelas para la reproducción de su poder corporativo; y en la mayoría de privadas debido a su mercantilización. La desobediencia de este mandato fue identificada en la evaluación universitaria (2009), que recomendó, justamente, la concreción del sistema de admisión y nivelación, recogido por la LOES de 2010 y que fuera creado finalmente en 2011. ¿Acaso son los mismos clientelistas y mercantilistas los que hoy presionan por este retroceso?
En síntesis, ambigüedad y desconocimiento de la historia universitaria y de los alcances del proceso de reforma en curso parecerían caracterizar, hasta aquí, las ofertas de los candidatos sobre la educación superior, lo cual es preocupante, considerando la importancia estratégica de este campo para el desarrollo del país. (O)
