Con la posesión de Édgar Benítez como rector subrogante de la Universidad Nacional de Loja (UNL), las autoridades del centro de educación superior buscan que las actividades académicas y administrativas se normalicen.

Aunque según el cronograma establecido el nuevo semestre debía iniciarse el 23 de abril de 2018, las clases apenas se están regularizando. “Hoy (mes de mayo) tenemos clases normales. Hay aún dificultades, pero garantizamos a los hombres y mujeres que se educan en la región sur”, informó Benítez.

El funcionario se reunió en Quito con Augusto Barrera, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES).

En 2015, después de que la alma mater fue evaluada y se la ubicó en la categoría B, el CES decidió intervenirla en su totalidad. El argumento fueron presuntas irregularidades administrativas.

Desde entonces hasta la actualidad ocho interventores (cada uno en un periodo diferente) no lograron solucionar los problemas.

En rueda de prensa, Barrera señaló que la Universidad de Loja vivió una muestra de lo que provoca el nivel de conflictividad. “Para que se hagan una idea llegó a tener entre 15.000 y 16.000 alumnos. Ahora tiene menos de la mitad y han cerrado varias carreras”.

El titular de la Senescyt señaló que la Comisión que dio acompañamiento y seguimiento a los procesos de intervención estableció la destitución del rector anterior y dio paso a la designación de Édgar Benítez, como rector encargado.

Las autoridades destituidas argumentaron que la designación del nuevo rector no es legal. La razón: la comisión no tiene atribuciones para designar autoridades, indica Laura Peña, exmiembro docente del Consejo Académico Superior (CAS).

Esa instancia -indica la docente que labora hace 33 años en la UNL- se reunió y sin llegar a una mayoría legitimó el nombramiento. “Benítez fue posesionado por el director de talento humano”.

Barrera afirmó que en el marco de la democracia se convocará a un nuevo proceso electoral, mientras que Vélez aseguró que el cumplimiento de la norma no es negociable, pues busca garantizar una educación de calidad a la comunidad universitaria, que es la razón de ser de las instituciones. (I)