Trabajo de concienciación dentro de comunidades como las shuar, tsáchila y otras agrupaciones indígenas asentadas en la Costa, así como la elaboración de un proyecto de ley para la protección  de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales y recursos genéticos, son parte de los proyectos en los que trabaja la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) para evitar la biopiratería.

Según la iniciativa andino-amazónica para la prevención de la biopiratería, esta es una práctica mediante la que se hace uso y aprovechamiento ilegales e inequitativos de recursos biológicos. También se relaciona con los conocimientos de los pueblos indígenas. El tema se retoma hoy, a propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, establecido  en 1970.  

Lilian Carrera, directora de esta división del IEPI -constituida desde hace 5 años- explicó que el departamento realizó una consultoría previa a la elaboración del proyecto de ley que pretende regular diferentes aspectos de acuerdo a esta práctica. Según dijo,  trabajaron  en un mapeo jurídico donde se establecen las competencias relacionadas con el tema.

“Aquí no participa únicamente el IEPI, sino también la Secretaría de Pueblos, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), el  Ministerio  Coordinador de Patrimonio, la Senescyt, entre otras”, explicó la funcionaria.

Como parte del avance en estos tópicos, el IEPI realiza talleres con las diferentes comunidades para informarles sobre sus derechos y la relación de estos con sus  conocimientos ancestrales. “Cuando algún investigador o persona interesada en los recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales y desea extraer muestras, las comunidades pueden plantear condiciones”.

El convenio de diversidad biológica establece en uno de sus artículos que se pueden determinar requisitos mutuamente acordados previamente al acceso de los recursos. Así también debe haber consentimiento entre los nativos y finalmente decidir una justa y equitativa distribución de beneficios entre las comunidades y los interesados en las muestras.  

El propósito de estas actividades es evitar casos como el registrado en los años 70, cuando se recolectaron ejemplares de la rana Epipedobates tricolor, a partir de la cual se creó el principio activo de un poderoso analgésico, conocido como Epibaditina. “Esta es una rana venenosa que habita en los Andes. Dos investigadores de los Estados Unidos obtuvieron muestras y descubrieron este químico de aplicación farmacéutica, que es 200 veces más potente que la morfina”, indicó Santiago Ron, curador del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en el área de Investigación de Ciencias Biológicas.

Ron y Carrera coinciden en que hasta el momento no existe una forma eficiente de control ni de evitar que esto ocurra, pese a que actualmente el Ministerio del Ambiente (MAE) concede permisos para accede a cualquier recurso de parte de la naturaleza o la diversidad natural. “Es muy difícil controlar esto en los aeropuertos. Se puede ir al Yasuní a realizar colectas y estos elementos son fáciles de sacar, porque a veces se necesitan extractos muy pequeños que ya contienen el genoma completo de una planta”, indicó Ron.

Por su parte, Carrera agregó que lo ideal sería que se establezca un proceso similar al que se aplica en Galápagos. “Allí se vigila todo lo que entra y lo que sale. Consideramos que esto podría incluirse dentro del proyecto de ley en el que estamos trabajando”.  

Actualmente, Obtenciones Vegetales realiza la revisión interna del proyecto, que luego se socializará con las instituciones públicas relacionadas con el tema y con las comunidades para que también puedan emitir observaciones antes de la depuración y finalización del documento. Carrera indicó que, de acuerdo al cronograma interno, está previsto presentarlo a la Asamblea que se instalará el 14 de mayo.