Problemas administrativos ponen en riesgo a pacientes con cáncer

- 28 de agosto de 2020 - 06:30
Imagen referencial/Archivo El Telégrafo

“Los problemas administrativos que existan entre SOLCA (Sociedad de Lucha contra el Cáncer), el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y el MSP (Ministerio de Salud Pública) no tienen por qué pagarse con la vida de los pacientes oncológicos”. Esta contundente frase, expresada por el doctor Diego Jimbo, presidente de la Red Nacional de  Acuerdo Contra el Cáncer, engloba una nueva problemática en el Ecuador durante la emergencia sanitaria: la falta de atención a los enfermos con esta enfermedad catastrófica.

En los últimos días, colectivos ciudadanos exigieron a las autoridades nacionales que lleguen a un acuerdo con los núcleos de SOLCA en Portoviejo y Loja para cancelar los millonarios montos que adeudan y garantizar así el acceso a la atención médica a más de 3.600 pacientes con cáncer. 

La falta de recursos a causa de la crisis económica ha provocado que casas de salud aliadas al IESS o al MSP amenacen con dejar de recibir a pacientes derivados por incumplimento de las asignaciones presupuestarias. En el caso de SOLCA Manabí, en Portoviejo, la cantidad que aseguran les adeuda el IESS es de casi 10 millones de dólares; mientras que en Loja el valor pendiente del MSP es de 2’504.528,21 dólares, según pudo conocer El Telégrafo. 

Sin embargo, las instituciones se imputan unas a otras. SOLCA responsabiliza al Gobierno por los rubros impagos; el MSP aclara que los recursos no han sido transferidos aún desde el Ministerio de Finanzas, y el IESS señala que a SOLCA Manabí ya se le han hecho anticipos de hasta 5,4 millones de dólares. 

Cáncer en época de pandemia

La postura de Acuerdo contra el Cáncer es clara, no se pliega a ningún bando, lo que busca es que estos problemas administrativos no desencadenen en el fallecimiento de pacientes oncológicos. 

“Pedimos que se respete el derecho a la salud y se maneje de manera técnica, no política”, dice Jimbo en una conversación con El Telégrafo. El médico reconoce que núcleos de SOLCA necesitan los saldos pendientes para cubrir los costos operativos, pero también, en ocasiones, dejan a la deriva a los pacientes por falta de atención y no los redirigen a otro lugar.

Si a una persona con cáncer le suspenden su tratamiento, según Jimbo, tan solo hay dos caminos: metástasis o el fallecimiento,  por ello su interés y el de todo el gremio es exhortar a que el derecho a la salud no sea vulnerado, más aún en la época en la que el mundo es azotado por una pandemia. 

El costo de un tratamiento incluso puede llegar a los 17.500 dólares, por lo que otro pedido que hacen a las autoridades es que surjan nuevas maneras de comprar medicamentos y acceder a los servicios de salud, en instituciones públicas y privadas.

Durante la emergencia sanitaria, algunas personas con cáncer han sido derivadas desde localidades del sur del país hacia Quito por la falta de atención o de disponibilidad en los hospitales. Esto para Acuerdo contra el Cáncer representa un inconveniente muy grande en el que las condiciones para garantizar la bioseguridad de los pacientes se ven comprometidas.

Tampoco todo es malo, Jimbo acepta que hospitales como el Francisco Icaza de Guayaquil o el IESS Cuenca mantienen una atención eficiente y constante a los enfermos. De igual manera, el Ministerio de Salud ratifica que bajo mandato constitucional el derecho a la salud está garantizado en el estado de excepción que firmó el presidente Lenín Moreno.

El Código Orgánico de Salud, un avance en materia de prevención y garantía de derechos

La aprobación del Código Orgánico de Salud, tras ocho años de debate en la Asamblea Nacional, es un paso que consideran positivo hacia el combate a la enfermedad crónica. Para verificar que se cumplan los decretos que establece la sección sobre el cáncer de la ley,  Acuerdo Contra el Cáncer plantea ciertas acciones.

Una de ellas será la creación de un Observatorio de Lucha contra el Cáncer para constatar que las normas, derechos y atención a los pacientes se ejecuten como corresponde. El presidente de este colectivo agrega que continuarán con acciones constitucionales y jurídicas en los casos que amerite una intervención.

Finalmente, ante la falta de una estadística integral que recopile el total de pacientes con cáncer en el Ecuador y su estado social, en los próximos días acudirán al Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) para plantear tres preguntas que se apliquen en el censo nacional.

Las respuestas, relacionadas a integrantes del núcleo familiar con enfermedades catastróficas, les permitirán conocer otros datos como edades, nivel de instrucción académica, empleo, condición social, entre otros. “Si no tenemos información cómo hacemos políticas públicas, planificación o presupuestos”, concluye Jimbo. (I)

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