La lejana desdicha de los colombianos presos en China

- 12 de marzo de 2017 - 00:00
Las cenizas de Ismael Enrique Arciniegas, el colombiano ejecutado la semana pasada en China, fueron entregadas a su hijo Juan José junto con sus lentes y su pasaporte.
Foto: cortesía

De los 146 ciudadanos del vecino país encarcelados en el gigante asiático por tráfico de drogas, 15 están sentenciados a muerte y otros 15 pagan cadena perpetua.

Hace unos pocos días que Ismael Enrique Arciniegas fue ejecutado en China por cargos de tráfico de droga, y su hijo, Juan José, ha tenido poco tiempo para vivir el duelo.

El joven se convirtió en un referente de la tragedia que viven los familiares de los 146 colombianos que están presos en China por tratar de introducir cocaína en su equipaje o en sus cuerpos al país asiático. Y eso lo tiene ocupado.

Juan José Herrera, quien lleva el apellido de su madre, es uno de los promotores de la campaña #traiganlosya, que busca la repatriación de los colombianos que fueron encarcelados en China y mejorar las condiciones de reclusión de los que no reúnan los requisitos para ser enviados a su país a terminar de cumplir la condena que les fue impuesta.

“También pedimos que no haya una ejecución más. Con la de mi padre fue suficiente, y espero que sirva para que las autoridades colombianas pongan más atención a la tragedia que están viviendo mis compatriotas presos en las cárceles chinas”, dice Juan José a EL TELÉGRAFO.

Y es que, de los 146 colombianos detenidos en China por tráfico de drogas, 15 están sentenciados a muerte, 2 de ellos con condenas ratificadas, 3 en juicio de apelación y 10 con una suspensión temporal de la pena. Otros 15 recibieron cadena perpetua.

Ismael Enrique Arciniegas se convirtió el lunes 27 de febrero en el primer colombiano en ser ejecutado por tráfico de drogas en el mundo. Su muerte fue causada por una inyección letal en la cárcel de Guangzhou, donde hoy están presos 18 colombianos.

Luz Miriam Medina se mudó a Guangzhou para estar junto a su hijo y esposo,  detenidos en China en 2012. (Abajo) Cartas de los presos a sus familiares. Foto: cortesía

El resto de los 146 está en Hong Kong (88), Dongguan (11), Pekín (10), Shanghái (7) y otras 6 ciudades chinas.

Los familiares de los internos colombianos reconocen que sus hermanos, padres o hijos cometieron un error y que deben pagar por él. Pero critican lo que consideran “una desproporcionalidad” de las penas que se aplican en China —a nacionales y extranjeros— por el delito de tráfico de drogas.

Además, piden un alivio en las severas condiciones carcelarias que enfrentan sus familiares, muchos de los cuales –según denuncian— están enfermos y sin atención médica, con una alimentación deficiente y con serios problemas de comunicación, tanto al interior de las prisiones, donde nadie excepto ellos habla español, como al exterior.

Algunos de ellos pasan años sin hablar por teléfono con sus parientes en Colombia.

El sepelio en la suroccidental Cali de Ismael Enrique Arciniegas, cuyas cenizas fueron entregadas a su hijo Juan José el pasado miércoles (8 de marzo), se convertirá hoy, 12 de marzo, en un escenario de protesta por las condiciones en que viven los presos colombianos en China y por el escaso apoyo que —afirman— reciben de su gobierno para mejorar su situación.

En busca de soluciones

La abogada Blanca Henríquez, quien es asesora legal de 18 familias que buscan la repatriación de sus presos a Colombia, dice a este diario que a pesar de las complejidades del fenómeno es posible buscar soluciones.

“Una de ellas es que China nos repatrie a estas personas, y el gobierno chino ha mostrado su voluntad para esto, según tenemos evidencias. Pero por parte de Colombia, y concretamente del Ministerio de Justicia de este país, hay una oposición total para ayudar a la repatriación de estas personas”.

Henríquez, quien coordina un programa de la Universidad Autónoma de Colombia para asistir legalmente a las familias de quienes están presos en el país asiático, considera que las quejas del maltrato que reciben estos reclusos en las cárceles chinas son comprensibles.

“Están mal porque las prisiones chinas son muy drásticas. Y a esto se suman las diferencias en las costumbres y la barrera del idioma. He escuchado quejas de que hay hacinamiento y que mezclan los alimentos con papel periódico, para que rindan más”.

De acuerdo con Henríquez, la situación de las cárceles colombianas es muy dramática y también hay hacinamiento (el 75%  de la población carcelaria vive en esa condición). “Pero para un preso es más tolerable pagar una pena en su propio país, donde está cerca de su gente, de sus familias, que lo visitan y le pueden llevar alimentos”.

Entonces, agrega, una vía de solución puede ser que el gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior, la cancillería y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se comprometa con la repatriación de la mayor cantidad posible de nacionales presos en China, a pesar de que no exista entre los 2 países un convenio de repatriación.

“Hay colaboración de la cancillería y el INPEC, pero funcionarios del Ministerio de Justicia me dicen que en las cárceles de Colombia hay hacinamiento o me dan respuestas como si yo estuviera solicitando asuntos que violan la soberanía de China o como si estuviera haciendo gestiones en el ámbito del derecho penal, cuando mis diligencias son dentro del derecho internacional público porque se encaminan a la repatriación o traslado de personas condenadas”.

Henríquez señala que otra medida que contribuiría a enfrentar los problemas de los presos colombianos en China es que la cancillería contrate a abogados penales en ese país para hacerse cargo, en principio, de la defensa de los 15 sentenciados a muerte y de los 15 condenados a cadena perpetua.

El pasado 1 de marzo, la abogada presentó un recurso de petición a la cancillería para que libere recursos a ese fin, ya que la Constitución colombiana garantiza el derecho a la vida. Y ese precepto, dice, está en entredicho en el caso de los presos sentenciados a muerte en China.

Considera que los abogados de oficio que les asigna el sistema penal chino carecen de experiencia y destreza jurídica para hacer una adecuada defensa, pues en su mayoría son jóvenes estudiantes de derecho.

De acuerdo con la litigante, el común denominador de los colombianos presos en el país asiático es que son pobres, con bajo nivel educativo, con urgencias económicas y sin un perfil de delincuentes peligrosos.

Además, “en muchos casos han sido víctimas de tratantes de personas que fueron engañadas” por mafias organizadas.

“Creemos que un gran número de ellos fueron usados como ‘gancho ciego’ (señuelo) para que otros traficantes de drogas más expertos pasaran cantidades mayores de cocaína en los mismos vuelos en que ellos volaron a China”.

Para Henríquez, estos factores pueden servir a abogados penalistas chinos como atenuantes para conmutar las penas de los colombianos sentenciados a muerte o a cadena perpetua. Los que tienen ese tipo de penas, no pueden ser repatriados, pues la legislación colombiana no las contempla.

Infierno de todos

Luz Miriam Medina, de 62 años, es una colombiana que decidió irse a vivir a Guangzhou para estar cerca de su hijo, Walter Hugo Henao Medina, y de su esposo, Armando Sánchez, quienes fueron detenidos en esa ciudad, la tercera más grande de China, el 9 de agosto de 2012. Llevaban cocaína en su equipaje y fueron sentenciados a cadena perpetua y a la pena de muerte, en forma respectiva.

Armando, dice Luz Miriam en una grabación que hizo llegar a este medio por ‘WhatsApp’, tiene una grave infección en casi todo el cuerpo que le causó la pérdida de las uñas; la atención médica que recibe es casi nula.

Ella tiene que conseguirles algo de dinero allá haciendo comidas para otros colombianos y sudamericanos en el edificio donde vive. De esa manera pueden comprar algunas de las medicinas que necesitan los 2.

Walter Hugo, su hijo, tiene hipertensión y sufrió una trombosis que lo tuvo hospitalizado 15 días, amarrado de pies y manos a una cama.

“Casi se muere, y de eso el consulado (de Colombia en Guangzhou) ni supo. Cuando fui a la visita, me enteré de esto. Él me dice que se siente muy mal, teme morir porque se siente muy mal. Yo he hecho saber todo esto al consulado pero no puedo hacer más. Lo único que hago es arrodillarme y pedirle a Dios que me ayude. Ellos son víctimas de grandes narcotraficantes que se aprovechan de gente pobre”.

Dice que el gobierno colombiano, el Ministerio de Justicia y la cancillería deben hacer algo por sus 146 connacionales presos en China.

“Me siento muy enferma, muy sola. No es fácil vivir en un país tan lejano, tan diferente, en el que no sé el idioma. Espero que el gobierno nos ayude a solucionar esta situación y que haga un convenio con China. Sabemos que el gobierno de ese país sí está dispuesto a hacer un acuerdo de repatriación.

Clamamos por favor ser escuchados y atendidos como seres humanos que somos”, señala Luz Miriam.

Asegura que su hijo Walter Hugo, a quien ve cada mes en la cárcel a través de un grueso vidrio, le dice: “Si el infierno existe, es este mamá”.

Sabe que cometieron un error y que deben pagar por él, pero considera que hay que ver el contexto: Colombia es un país con mucha pobreza, con altas tasas de desempleo y su familia estaba muy endeudada —“nos iban a matar de tanto que debíamos”— y por eso su hijo y su esposo decidieron aceptar llevar cocaína a China. “La vida de nosotros se nos derrumbó, se nos acabó”.

Guillermo Alberto Álvarez Castrillón, colombiano preso desde hace 7 años en Pekín por tráfico de drogas, hizo llegar un mensaje de audio a su familia en el que se queja de los malos tratos de los custodios, de la comida insalubre, de la falta de atención médica y de la incomunicación que existe con las autoridades penitenciarias por la barrera del idioma.

Dice que está “en una de las peores prisiones del mundo, donde no hay ninguna compasión por los derechos humanos”.

“Yo le pido a todas las autoridades colombianas —dice en el mensaje— que nos ayuden pronto a que nos repatrien a nuestro país. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy ningún criminal, yo no he matado a nadie, fueron las circunstancias de la falta de recursos y de oportunidades que el gobierno nos da para trabajar que me obligaron a venir hasta acá”, sostiene Guillermo Alberto.

Pide: “Por favor que nos regresen pronto a nuestro país a vernos con nuestras familias y a vivir allá los últimos años que nos quedan de vida, pues ya me considero muy viejo, pues tengo 56 años. Dios los bendiga a todos y por favor no nos olviden”.

La hermana de Guillermo Alberto, Mónica Álvarez, dice que él ya está casi ciego porque desarrolló una intolerancia a la luz artificial que ilumina su celda 24 horas diarias, lo que le impide saber cuándo es de día o de noche. Asegura que, además, tiene problemas en la columna y la cintura porque los presos duermen en planchas de cemento con colchonetas muy delgadas.

“Y eso lo ha tenido muy afectado, y así tiene que trabajar todos los días”.

Señala que la comunicación con él es muy escasa porque le dan 10 minutos mensuales para hablar, pero casi nunca entra la llamada.

“He pasado 4 y más meses sin poder hablar con él, y escribo al consulado para que me soliciten la autorización de una llamada y no tengo una respuesta”, sostiene Mónica.

Marinella Alzate, hija de Luis Antonio Alzate Moreno, quien está preso en Guanzhong con una sentencia de pena de muerte suspendida en forma provisional, dice que luego de la ejecución de Ismael Enrique Arciniegas le surgió el temor de que lo mismo pudiera ocurrir con su padre, pero la cónsul colombiana en esa ciudad china, Juliana Victoria Ortega Parra, le aseguró que le van a cambiar la pena por cadena perpetua.

Señala que Luis Antonio tiene 75 años y está muy enfermo. Tiene hipertensión, padece del corazón y ya perdió la movilidad en las 2 piernas.

“Lo tienen encadenado a una camilla, pero se logró hace 5 meses que le dieran un permiso para que se pudiera mover 3 veces al día ayudado por un carrito.

Su estado hace que le cueste mucho trabajo hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina que es como un hoyo”, explica y dice que espera que pueda ser repatriado.

En 2015, China autorizó la repatriación a Colombia del preso Harold Carrillo Sánchez, quien tiene una enfermedad terminal y cumple una condena de 19 años y 3 meses en la cárcel Modelo de Bogotá.

Los médicos consideran que no llegará a culminarla. Fue el primer repatriado colombiano desde el país asiático.

El pasado 22 de febrero se produjo el segundo retorno. Fue la de Sara Galeano, un transexual de 39 años que tiene   VIH.

El 25 de agosto de 2009 entró a China con 3 kilos de cocaína. La condenaron a cadena perpetua, pero por razones humanitarias le conmutaron la pena a 18 años y le permitieron ser repatriada a Colombia para cumplirla en su país.

El vicecanciller colombiano Francisco Echeverry ha dicho que el gobierno de su país seguirá haciendo todas las gestiones a su alcance para proteger los derechos de sus ciudadanos presos en China, “pero no puede garantizar ni la repatriación de todos ni la no aplicación de la pena de muerte” en los casos en que se confirmen las sentencias, pues debe respetar las leyes soberanas del país asiático.

China, al igual que otros 33 países en el mundo, sanciona con la pena de muerte el tráfico de drogas. Y la mano dura contra ese fenómeno se ha acentuado en la medida en que el auge económico de la potencia asiática ha creado unas pujantes clases media y alta con poder adquisitivo para acceder a estupefacientes como la metanfetamina, heroína y cocaína.

Un kilogramo de cocaína, que en Estados Unidos se comercializa en entre $ 20 mil y $ 30 mil, puede alcanzar en China un valor de entre $ 70 mil y $ 80 mil. Estas cifras explican por qué en la última década creció en más de 4 mil % el número de colombianos encarcelados en China por transportar drogas.

Juan José Herrera aspira a que la ejecución de su padre, Ismael Enrique Arciniegas, sea la última de un colombiano en China.

Para ello, durante su sepelio en Cali que se efectúa el día de hoy, se realizará una marcha con el lema ‘Tráiganlos Ya’, en la que familiares de los colombianos que están en cárceles chinas pedirán repatriación, mejores tratos y asistencia legal. (I)

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