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Justicia
Víctimas de explotación sexual retoman su vida
Yamilé, de 17 años, disfruta su clase de música. Sus manos son ligeras al momento de sacar sonidos de la guitarra, en menos de 3 meses dominó algunos acordes. Sin embargo, desea con ansiedad que la clase concluya porque prefiere practicar la equitación.
Cuando llega al establo no disimula su emoción al ver a Duque, un caballo dócil que es parte de las terapias de motivación. Al momento de montarlo lo acaricia, lo abraza del cuello y empieza a caminar.
En el transcurso del paseo Yamilé realiza ejercicios de estiramiento, conversa con las guías sobre cómo estuvo su día. La terapia no dura más de 5 minutos, pues sus compañeras también practican este ejercicio.
La vida de Yamilé cambió en solo 90 días, desde que llegó a la fundación Alas de Colibrí; su cotidianidad ya no es la música estridente de un centro nocturno, el alcohol, los hombres ni la violencia. Ahora convive en un espacio seguro donde encontró compañerismo, cariño y respeto.
La joven fue rescatada por miembros de la Policía Nacional, tras un operativo efectuado en enero de este año. Para resguardarla, la llevaron a la casa de acogida. Ahí convive con 17 adolescentes que fueron víctimas de explotación sexual.
Joselyn es parte de este grupo, tiene 16 años y su sueño es ser bailarina. Luego de salir de la fundación planea retomar sus estudios, graduarse y entrar a la universidad.
En tanto, cumple con las tareas que son parte de su terapia. Su actividad preferida son las clases de equitación. Ella espera su turno, se sujeta su cabello teñido de rubio, que le da a su rostro un aspecto de mujer adulta.
Cuando cabalga su cara transmite dulzura, sus ojos delineados de negro brillan de alegría y un aire de inocencia se refleja en ellos.
Las adolescentes permanecen todo el tiempo juntas. Como parte de su terapia realizan actividades, como ir a la cine, tomar clases de inglés, música, etc. A estos sitios van custodiadas por los policías, pues las menores son parte de procesos judiciales.
Gracias a los testimonios de las víctimas, los casos fueron judicializados. Los psicólogos y abogados de la fundación son los encargados de presentar a la Fiscalía las versiones de las jóvenes, que se receptan cuando ellas se sienten seguras de hacerlo.
Las menores realizan actividades recreativas. La fundación se preocupa por la estabilidad emocional de las adolescentes y niñas. Foto: Marco Salgado / EL TELÉGRAFO
Un espacio de convivencia
En la fundación también convive Lucía (nombre protegido), quien denunció su secuestro y explotación sexual por su exnovio y un amigo. “Ella sufrió explotación sexual pura, es decir, hubo un proceso de captación y trata”, explicó Hipatia Toapanta, psicóloga de la entidad.
La especialista dijo que la adolescente fue captada por un amigo de su mamá. “Él sugestionó a la niña con dinero, regalos, comida y al final ella le creyó. En una de las salidas fue secuestrada por su amigo, quien la llevó a Colombia”.
Toapanta detalló que en el país vecino Lucía fue ultrajada de forma violenta. “Le amarraron las manos, le vendaron los ojos y la llevaron a un lugar retirado de la ciudad. Ella recuerda que el sitio era una cabaña apartada, donde fue violentada por sus tres captores”.
Lucía permaneció 3 meses en esas condiciones; sus plagiarios le pegaban y la drogaban para que no se defendiera. Después la regresaron al país y la trasladaron a Machala (El Oro). “Ya en esta ciudad los tratantes hicieron contacto con otros clientes y la obligan a mantener relaciones sexuales con un hombre de 62 años”, reveló la psicóloga.
Mientras el hombre se bañaba, Lucía escapó por la puerta posterior del hotel. “La niña se subió por unos ramales y se lanzó al otro lado, corrió y pidió auxilio. Unas personas la llevaron a su casa y ella se comunicó con su exenamorado”, narró Toapanta.
El novio de Lucía fue a su encuentro y la trasladó hacia Solanda, en Quito. “Lastimosamente, el enamorado también tenía la intención de explotarla, incluso le tatuó su apodo ‘Puchi’ en el brazo. Ella se dio cuenta de lo que pasaba y volvió a escapar, para denunciar el hecho a la Policía”, dijo la experta.
Ahora, Lucía se encuentra mejor de su estrés postraumático, de su delirio de persecución, pesadillas y ansiedad. En este caso solo una persona fue detenida, pero se investiga el paradero del primer captor. “Estamos trabajando con el proyecto de vida de la niña, esperamos que pronto pueda volver a su hogar sin ninguna situación de riesgo”, señaló la psicóloga.
Una puerta de esperanza
La fundación Alas de Colibrí es un espacio de protección temporal, donde habitan víctimas de explotación sexual. Existe un convenio entre los ministerios del Interior y de Inclusión Económica y Social (MIES), en el cual se especifica que las adolescentes que sean rescatadas de este delito sean transferidas a la casa de convivencia. Ahí reciben tratamiento psicológico, social y recreacional.
Verónica Supliguicha, coordinadora de proyectos del organismo, señaló que las formas de convivencia en la casa se conjugan con la disciplina del proceso y las características propias del carácter de las adolescentes.
“Existe compañerismo entre ellas, aunque, por su edad, tienden a discutir. Generalmente están pendientes del cuidado de su cuerpo, también les gusta maquillarse, escuchar música, etc. Son interesantes sus formas de relacionarse, pues las chicas de la Costa son más unidas”.
Las jovencitas empiezan por un período de adaptación, explicó la coordinadora. Ellas llegan adultizadas a la fundación, es decir, sus actividades son de una persona mayor. “La niña de 12 años no siente que tiene esta edad, esto sucede porque en los espacios de explotación las obligan a mentir sobre su edad y, además, se relacionan con personas adultas”.
La fundación cumplió 5 años y durante este tiempo ha atendido a 200 menores. Según Supliguicha, las redes de trata se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad, la causa principal es la violencia de género, abuso sexual y problemas intrafamiliares.
“No solo es el tema de la pobreza, sino que esta se vincula a las relaciones disfuncionales de la familia. Los tratantes buscan hogares empobrecidos, puesto que no tienen recursos para denunciarlos y buscar a las niñas”.
Más del 80% de víctimas son niñas y adolescentes
Durante los últimos 4 años, 46 niñas, entre 12 y 17 años, fueron rescatadas de centros nocturnos y lugares de cautiverio del país donde eran explotadas sexualmente.
La general Ivonne Daza, titular de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes (Dinapen), explicó que las redes sociales son herramientas que utilizan los delincuentes para captar a las menores. La oficial de la Policía indicó que más del 80% de víctimas de este delito son niñas.
Andrea (nombre protegido) tiene 16 años, su cabello rizado se dibuja sobre su piel morena, no es alta, sus ojos cafés denotan firmeza y su sonrisa le da un aire de ternura a su rostro. Hace 2 meses fue rescatada de la casa de su pareja, quien la obligaba a prestar servicios sexuales a conocidos y extraños diariamente.
La menor residía en Esmeraldas y desde el año pasado convivía con el tratante. Hace 3 meses escapó de la casa donde estaba retenida; entre sollozos y temor corrió a una cabina telefónica y llamó a la Policía, que horas después la rescató.
Ahora la adolescente se encuentra bajo el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. Además, recibe ayuda psicológica en la fundación Alas de Colibrí. En este caso el tratante aún se encuentra en libertad y la familia de la menor fue amenazada para que retire la denuncia por explotación sexual que pesa en su contra.
Andrea está dispuesta a rendir testimonio en contra del abusador, pero la Fiscalía de Esmeraldas, que investiga el caso, aún no solicita medidas cautelares contra el tratante. Ella teme que otra niña sea víctima de sus engaños.
En el programa de víctimas y testigos son ingresadas
La fiscal Claudia Romero explicó que las víctimas de este delito son registradas en el sistema de protección de víctimas y testigos. El proceso de recuperación de las menores es sumamente delicado, pues -ante todo- se trata de precautelar su integridad.
“Cuando realizamos un operativo de rescate, las niñas son atendidas en ese momento por psicólogos y fiscales especializados en este delito. Ellos mantienen el primer contacto con las menores que hasta ese momento no tienen conciencia de que son víctimas”.
Romero consideró que los casos de explotación sexual se registran -en su mayoría- en el área rural y en sectores de clase media y alta. Para la funcionaria, el sistema de remuneración de este delito depende de la clase social en la que se encuentran explotadas las menores.
Los tratantes cosifican el cuerpo de las niñas, es decir, que no son consideradas como seres humanos, sino que constituyen un negocio. “En un caso reciente que tratamos, las chicas estaban clasificadas como VIP; de eso depende el valor de sus servicios, que puede ser desde $ 230 hasta
$ 3.000 en un día”.
Las menores son las más cotizadas por los tratantes; aunque ellas no reciben dinero, siempre tendrán un valor más alto. También está el otro lado del negocio, las chicas de bajo estatus, por las que un cliente paga hasta $ 25”, manifestó la fiscal. (I)