El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, aún no ha sido notificado del llamado a juicio por peculado. El Burgomaestre es acusado de la supuesta subdivisión de contratos de la obra del Mercado Central. No obstante, la defensa ya tiene listos sus argumentos para afrontar el proceso.

Pablo Delgado, asesor legal del funcionario, indicó que en el artículo 257 del Código Penal (Zambrano será juzgado bajo el anterior Código Penal ya que este regía en la época de vigencia de los hechos) está mal aplicado, porque habla de una supuesta apropiación indebida de dinero de manera propia o de terceros; sin embargo, la anterior fiscal (Sonia Barcia), dijo públicamente que no hay ningún perjuicio económico, que solamente hay una inobservancia de la ley. “Pero ocurre que la inobservancia a la ley de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado solamente tipifica como sanción administrativa la multa y no penal”, explicó.

Una vez que Zambrano reciba la notificación, este proceso se tomaría de 2 a 3 años, pues el abogado manifestó que de esta instancia pasa a la Sala de Juzgamiento, allí se da el juicio, después vienen los recursos que provee la Ley, para luego ir a la Corte en Quito. El siguiente paso es la captación. “Es una serie de recursos que permite la ley y eso es largo”, destacó.

Señala que en ese tiempo, el Alcalde continuará en funciones. En caso de ser hallado culpable y de tener una sentencia ejecutoriada, entonces Zambrano se verá obligado a dejar el cargo, según estipula el artículo 333 literal A del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

La semana pasada la Red de Profesionales de Manta resolvió expresar su preocupación por el procesamiento que se está haciendo contra Zambrano. Se pidió exhortar al Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado a que “direccione a sus servidores a la correcta aplicación de la ley y que se juzgue de conformidad con las pruebas existentes en el proceso, sin tendencia a favorecer ni desfavorecer; ser objetivo en la aplicación de la norma y de la prueba”, indica Alberto Palacios, integrante de la Red.

Es la segunda ocasión que un alcalde en Manta es llamado a juicio por presunto peculado. “En 1992, la Contraloría General del Estado determinó que el alcalde de ese entonces, Johnny Loor, y su equipo municipal habían cometido peculado, lo que originó juicio, destitución y encarcelamiento del funcionario”, recuerda Simón Zambrano, jurista.