Casi el 75% de los habitantes de las 23 comunidades de la parte costanera de la parroquia Molleturo habrían firmado, el fin de semana, un acta  ratificando su pertenencia a la provincia del Azuay.

Así lo afirmó Víctor Bueno (foto), representante del comité sur de esta población envuelta en un conflicto territorial con Guayas.  

Este acto, considerado por la concejal Narcisa Gordillo como una fiesta cívica, se cumplió en los ocho recintos electorales de estas comunidades y que, según la edil, fue avalado por ocho notarios de Cuenca.  

A decir de Gordillo, en total, 1.479 personas, de las 2.020  empadronadas en estos sectores, suscribieron en el acta de ratificación su pertenencia a la parroquia Molleturo, provincia del Azuay. “Porque tuvimos como documento base el listado de los ciudadanos y ciudadanas que constan en el padrón electoral que nos concedió el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de haber hecho trámites en Quito”, dijo.

Como una iniciativa ciudadana calificó Bueno a esta consulta, la cual dijo que está amparada en la Constitución de la República. “Nació de todos los habitantes de las 23 comunidades. Ellos tomaron esa decisión, que fue avalada por los señores notarios”, acotó.

De acuerdo con el dirigente, esta decisión surgió debido al desacuerdo de los habitantes de las zonas en conflicto con la carta de intención firmada entre los prefectos de Azuay y Guayas, para definir los límites territoriales y en la que indicó no fueron tomados en cuenta todos. “Nosotros no sabemos sobre la base de qué están negociando o con base en qué están firmando mancomunidades. Nosotros jamás hemos sido involucrados en esto, por eso ahora queremos dar respuesta a esto y decir lo que en realidad piensa Molleturo”, acotó.  

Bueno agregó que este proceso continuará, por ello dijo que los resultados serán canalizados a la Asamblea Nacional. “Vamos a seguir los pasos legales y jurídicos en esa instancia, porque después de esta consulta la decisión final está en manos de nuestros representantes asambleístas”, expresó.

Santiago Vega, encargado de la Delegación Electoral del Azuay, indicó que la consulta  no estuvo avalada por la entidad. Consideró que a lo mejor se trató de una iniciativa ciudadana o de medición que -afirmó- está permitida.  

La notaria Marcia Nieto puntualizó que ellos únicamente hicieron un acto de constatación.

VICEPREFECTA DICE QUE NO HAY CLARIDAD JURÍDICA

La viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, expresó que falta claridad jurídica en torno a la diferencia que mantienen con Guayas por este sector. Añadió que por eso no existe una disposición a favor de una u otra provincia.

La funcionaria, que estuvo ayer de paso por Guayaquil, reconoció que los conflictos con las autoridades guayasenses no son solamente por zonas pobladas, sino también por territorio.