Cruce de acusaciones al interior de gremio por estafa en Pasaje

10 de octubre de 2012 - 00:00

Una decena de personas presentó su denuncia ante la Fiscalía del cantón Pasaje, por presunta captación de dinero, por parte de la secretaria de la Cámara de Comercio de Pasaje, Bella Armijos. Mirian Moreno, una de las denunciantes, aseguró que ella le dio $ 10 mil a la acusada, obtenidos de un préstamo en la Cooperativa de Ahorro y Créditos de la Pequeña Empresa (Cacpe-Urocal).

La entidad, desde el lunes por la tarde, está  cerrada y, de acuerdo a sus representantes, con problemas de liquidez.
“A mí me consiguió todos los papeles, garantes, la libreta de ahorro, todo sin ningún contratiempo. Ella misma hacia las gestiones, nosotros solo firmábamos”, explicó Moreno.

Claudia Abril, presidenta de la Cámara de Comercio de Pasaje, denunció que Armijos hizo un sello con su firma sin su autorización. “Ella ha mandado hacer un sello con mi nombre y firma, recién la semana pasada lo pude descubrir. Con eso ella elaboraba oficios y firmaba sin yo saberlo”, reveló la dirigente.

Añadió que los socios de la institución podían sacar créditos en la cooperativa. “Nosotros teníamos un convenio con la Cacpe-Urocal, donde los socios tenían facilidades para un préstamo. De esto se aprovechó la señora Bella para llevar a personas desconocidas a que pidan dinero y luego quedarse ella con esos valores y pagarles el 10% de interés”.

La titular de la Cámara pidió una auditoría para determinar todas las anomalías cometidas por la secretaria de la institución.

En tanto, Armijos se defiende de las acusaciones que le hacen y culpa a la presidenta de la Cámara de Comercio por el problema que se ha presentado. “Ella es la que está incitando a la gente a que me denuncie. Yo no niego que debo dinero, inclusive la señora Abril me prestó $ 11 mil para ganar el 10%, lo que a ella le molestó es que le dije que no le iba a pagar los intereses, ya que habíamos acordado que solo le pagaría el capital. No son $ 500 mil los que debo, como aseguran ella y su esposo.

Anteriormente había conversado con las 11 personas a las que les debo, entendieron y me iban a esperar”, argumentó la acusada, quien aseguró que el monto de sus obligaciones no supera los $ 40 mil.

Armijos, quien tiene el título de licenciada y en su cargo de secretaria gana el sueldo básico, manifestó que lo que quieren es no reconocerle todos los años que ha trabajado en el gremio de comerciantes. “Llevo 20 años laborando para esta institución y la señora Abril recién se posesionó en agosto como presidenta, ella lo que quiere es que no me den nada”, ratificó.

La Cámara de Comercio de Pasaje cuenta con 200 socios activos y, debido al fallecimiento del anterior presidente, convocaron a elecciones en julio resultando electa Abril.

Con las puertas cerradas

Clientes y los mismos denunciantes de Armijos expresaron su sorpresa por el cierre de la cooperativa  Cacpe-Urocal.
En su puerta hay un papel que dice: “Por motivos de inventario no se atenderá hoy, mañana la atención será  normal, gracias por su comprensión”. Sin embargo, a los vecinos y a ahorristas que llegaron ayer les dijeron que la institución cambiaría de dueño y que el comunicado está desde el lunes y hoy (ayer), deberían haber abierto.

Una mujer, quien no se quiso identificar y que tiene cerca de $ 2.000  en la cooperativa, aseguró que a los socios les ofrecieron pagar $ 50 por día. “Me dijeron que me pagarían esa cantidad porque la Cacpe-Urocal había sido vendida por quiebra”, manifestó.

Y es que no es la primera vez que la  Cacpe-Urocal atraviesa  problemas. El 30 de noviembre pasado  se detectó un perjuicio por más de $ 1 millón, así lo dijo el juez de Pasaje Marco Flores, quien comentó que el Juez Octavo de Garantías Penales de El Oro emitió el auto de llamamiento a juicio por la comisión del delito de peculado bancario.

La Policía Judicial y la Fiscalía de Pasaje allanaron las oficinas de la Cámara de Comercio en busca de evidencias y retiraron documentos, además de una maleta. Los directivos de la Cámara anuncian acciones legales por la falsificación de documentos públicos.

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