La noche del martes 8 de mayo, el Ministerio de Minería, a través de un comunicado, denunció que grupos antimineros se tomaron las instalaciones del proyecto Río Blanco en Azuay, operado por la empresa Ecuagoldmining South America S.A.

Ante estos hechos, los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Azuay se reunieron, pasadas las 22:00, con el gobernador de la provincia, Xavier Enderica,  y adoptaron cuatro resoluciones.

Convocar al diálogo entre la empresa concesionaria Ecuagoldmining, los trabajadores y los ciudadanos que tengan interés directo en las acciones y operaciones de la minera china y de esta forma solucionar el conflicto.

La segunda es mantener una permanente vigilancia y monitoreo de la zona para garantizar que no exista la alteración del orden público y el normal desenvolvimiento de las actividades públicas y privadas.

La tercera resolución es disponer el accionar a las instituciones competentes y de control en temas de minería, seguridad, manejo de explosivos y ambiente.

Finalmente, trasladar el conocimiento de los hechos denunciados a la Fiscalía de Azuay para la indagación respectiva y establecimiento de responsables, si fuera el caso.

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) del Azuay rechazó actos de violencia en la comunidad Río Blanco, parroquia de Molleturo, y luego de evaluar los hechos denunciados resolvió lo siguiente: pic.twitter.com/I400oSsUhL

— Gobernación Azuay (@goberazuay) 9 de mayo de 2018

El COE Azuay mantienen activos los protocolos de seguridad del Cuerpo de Bomberos, Policía, Comisión de Tránsito, Ejército y Ministerio de Salud. 

Confirmamos que @PoliciaEcuador y @EjercitoECU mantienen el control y el orden en Río Blanco

— Xavier Enderica (@xavierenderica) 9 de mayo de 2018

Anoche, el Ministerio de Minería, a través de un comunicado,  anunció que “rechaza las acciones violentas por parte de grupos opositores a la actividad”.

Asimismo, explicó que de estos desmames resultó el cierre y destrucción de vías de acceso a las comunidades aledañas al sector y al proyecto.

Desde el 6 de mayo de 2018, grupos de opositores a la minería violentaron la propiedad privada, poniendo en riesgo la seguridad del campamento.

Además, se detalla que “la mayoría de los habitantes de las comunidades de influencia directa del proyecto como Río Blanco, Cochapamba, Zhín Alto y Llano Largo afirmaron no ser partícipes de los actos de violencia”. (I)