“Baroja planteó fecha para bajar peaje”

La institución tsáchila dice estar cumpliendo los acuerdos que le corresponden sobre la vía Alóag-Sto. Domingo.
08 de mayo de 2017 00:00

Santo Domingo de los Tsáchilas niega que sea su responsabilidad la demora en la reducción de las tarifas de peaje en la vía Alóag-Santo Domingo, como insinuó a EL TELÉGRAFO el director de vialidad de la prefectura de Pichincha, César Ruiz.

El ‘gobierno tsáchila’ señala que cumple y cumplirá con su parte en los acuerdos establecidos el 25 de abril pasado.

¿Qué se acordó en la reunión con el gobierno de Pichincha y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)?

En esa reunión, Santo Domingo acordó que asumía el 28% de la deuda por obra del contrato de 2007 que mantiene el gobierno de Pichincha con la empresa Hidalgo & Hidalgo (para ampliación y mantenimiento de la Alóag-Santo Domingo hasta Tandapi), lo que asciende a unos $ 5 millones.
El segundo compromiso es que Pichincha revisará el tema legal  con la empresa Hidalgo & Hidalgo para que esta no siga efectuando el mantenimiento en el tramo correspondiente a Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que significa para Pichincha una reducción aproximada de $ 4 millones en el contrato 2007 por concepto de mantenimiento que (hay que aclarar), aún no se ha ejecutado.
El otro tema es que Santo Domingo renunciaba a obtener el 1,96% del valor recaudado del peaje, que recibía por haberse incluido en el fideicomiso existente para administrar lo recaudado en el peaje (de Alóag), lo que representa alrededor de $ 1 millón.

¿Modificar las tarifas desde el 2 de mayo constaba en los acuerdos?

En la reunión se miró varias fechas. El prefecto de Santo Domingo (Geovanny Benítez) dijo que no dependía de él, sino del prefecto (Gustavo) Baroja y este asumió esa fecha como tentativa para solucionar todos los inconvenientes o tener toda la documentación de soporte para bajar el peaje (en Alóag).

Pichincha habla de desproporción en lo que pretende cobrar Santo Domingo frente a los kilómetros de vía asignados a ella...

Aquí hay algo que puntualizar. En mantenimiento son, efectivamente, 72 kilómetros (km) para Pichincha y 28 km para Santo Domingo. Pero esos 72 kilómetros están cubiertos hasta 2019 por el contrato 2007; por tanto Pichincha no se ve afectado con el cambio.
Pero el cobro del peaje es para ampliación, que a ellos les falta por ejecutar 26 km y a Santo Domingo le corresponde ampliar 25 km. No se puede pretender financiar una obra realizada en territorio de Pichincha con dineros de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Entonces, la proporción es $ 1 (para vehículos livianos) para ampliar 26 km de Pichincha y $ 1 para ampliar 25 km de Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Pichincha planteó algún momento ampliar el tramo Unión del Toachi-Santo Domingo?

Siempre se ha hablado. El contrato 2007 amplía hasta Tandapi y en el contrato 2015, cuando ya teníamos una delegación conjunta (de la carretera), suscriben un contrato de obra por $ 252 millones para ampliar desde Tandapi hasta Unión del Toachi sin consensuar con nadie. Y ese contrato (y ese es el verdadero problema) prevé una tasa de $ 3, siendo incluso un poco insensibles con el usuario.

¿Pichincha alude que ustedes aceptaron las condiciones del actual fideicomiso?

La posición de Santo Domingo es de protesta frente a 19 años de administración (de Pichincha) de un peaje y el hecho de que no se ha podido ampliar un kilómetro de vía en nuestra provincia.

¿No se planteó la posibilidad de que Santo Domingo dejara de cobrar su peaje hasta que todo el tema legal estuviera resuelto?

Efectivamente hubo un  requerimiento del viceministro de que Santo Domingo dejara de cobrar el peaje hasta que se reforme la tarifa en Alóag, y el prefecto Geovanny Benítez fue enfático en decir que no era posible porque la reforma del fideicomiso dependía del gobierno de Pichincha. Por eso Pichincha plantea que hasta el 2 de mayo tendría resuelto el asunto.

Santo Domingo planteó que se requerían $ 3 en las condiciones en las que está la vía, pero que si se tenía la voluntad política, financiera, jurídica se podía analizar una alternativa y esta era que todos deben ceder algo. (I)

Mayra Uribe, asesora de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Foto: cortesía del Gobierno de Santo Domingo
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