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Los 4 desafíos del Metro de Quito

El Metro debe operar con un sistema articulado de movilidad. Todos los subsistemas deben trabajar para su óptimo funcionamiento.
El Metro debe operar con un sistema articulado de movilidad. Todos los subsistemas deben trabajar para su óptimo funcionamiento.
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04 de noviembre de 2020 - 00:00 -

Dispersión. El sistema público de transporte en Quito se desenvuelve en un caos e ineficiencia que se han normalizado.  Para que funcione el Metro todos los subsistemas de transporte sobre tierra deben articularse y trabajar para agilizar el traslado de los ciudadanos en la Capital. Se debe crear un sistema de integración física, tarifaria y de recaudación.  Según el concejal de Quito, Bernardo Abad, en el cabildo se trabaja en el borrador de una ordenanza que reestructurará las rutas y frecuencias. “En ella se debe decir con claridad que las frecuencias le pertenecen al Estado y no a las operadoras. El sistema será flexible y solidario. Por ejemplo, una operadora tiene buenos réditos económicos en una zona de mucha afluencia. Con estos rubros se financiarán, las frecuencias de zonas más apartadas o con menos usuarios”.

Edison Yánez, gerente del Metro de Quito, advierte que si no se crea este sistema articulado de movilidad, “toda la inversión que se hace será un desperdicio enorme de recursos”.

Institucionalidad. La ordenanza debe crear una autoridad única del sistema de transporte. Esta instancia deberá planificar, gerenciar, diseñar, gestionar, operar y controlar este sistema. El reto es crear un modelo de transporte moderno, ágil, sin la pesada burocracia que permita cumplir con los objetivos: pasar de un 82% de cobertura de transporte público y superar el 96%.

Para lograrlo esta autoridad deberá establecer estándares de calidad de cada subsistema de transporte, aspectos operacionales, un sistema integrado de pago y definir si se contrata o no un operador. ¿Con qué modelo? ¿Con qué sistema de recaudo? ¿Con qué sistemas auditables? ¿Por cuánto tiempo?

Contrato de la operadora. A través de una misiva, los organismos multilaterales, es decir quienes otorgaron más de $1500 millones para la construcción del Metro, han expresado su preocupación por la demora de la contratación de un operador por parte del cabildo capitalino.

Según Abad, hay varias ofertas serias que se concretarán a medida que se vayan teniendo más claros los aspectos operativos del Metro. “Debemos tomar una decisión que nos permita poner en marcha este gran proyecto, pero al mismo aprender y capacitar a ecuatorianos, de tal manera que en un tiempo determinado seamos capaces de operar nuestro propio Metro”.

Fijación de la tarifa. Este, seguramente, será el punto de mayor discusión al interior del Concejo municipal. Ney Jiménez, representante del sector transportista ve con optimismo este proceso. “Se podrá contar con una tarifa técnica. Hace 17 años en Quito se tiene una tarifa política y eso nos ha perjudicado”.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio, asegura que se tienen todos los modelos y parámetros para calcular las tarifas. “Debe existir un equilibrio entre los costos operacionales y el número de pasajeros. Desde la secretaría se recomendará una tarifa socialmente justa, es decir, que un hogar no gaste en transporte público más del 15% del salario básico unificado.”

El borrador de ordenanza propondría un costo de $0,35 pasaje del transporte convencional; $0,45 del Metro, y de $0,60 del sistema integral, según Abad. Sin embargo, esto deberá ser aprobado por el Concejo Metropolitano.

Entre los parámetros se registran varios sondeos de opinión. Esto será fundamental para establecer el nivel de satisfacción ciudadana sobre cuánto estaría dispuesto a pagar. Normalmente sucede que si el usuario tiene mayor satisfacción, comodidad y seguridad  está más dispuesto a adaptar sus hábitos a los nuevos horarios sitios, paradas y demás beneficios del Metro.

Según Pedro Paladines, la entrada a funcionamiento del Metro será una oportunidad para ajustar y modernizar el sistema de transporte. “Se puede planificar subvenciones y estímulos para que los transportistas de superficie renueven sus vehículos por otros más accesibles a la ciudadanía y amigables con el ambiente

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