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Ecuador, 28 de Marzo de 2024
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El Telégrafo
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Fabiola necesita $7.000, pero no tiene

Después de la golpiza de hace 15 días, de haber acudido en vano a la Fiscalía General del Estado en donde recibió información incorrecta, del mareo, el hematoma en el ojo y el traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral que le generó el esposo, ahora Fabiola necesita $ 7.000 para seguir con los trámites.

La mujer, víctima de violencia, tiene que ir a poner la denuncia en la Fiscalía, pero primero necesita contar con un turno que depende de la cantidad de gente que haya ese día.

Después de ese trámite, ella debe ir al examen médico. Esa gestión se realiza en el segundo piso del mismo lugar que hace quince días estuvo cerrado. Ahí también deberá esperar el turno.

Enseguida debe someterse a un examen psicológico, nuevamente respetando la fila de personas que esperan realizarse el mismo procedimiento.  

Una vez concluidas las pruebas, el juez es quien deberá determinar los días que la agredida deberá guardar reposo.

Si los exámenes dicen que serán menos de tres días de incapacidad, la golpiza será solamente catalogada una contravención. Pero si son más de tres, se convierte en delito y con eso Fabiola puede pedir la detención de su agresor, su esposo, al que todavía le duele la mano.

Hasta recibir el documento firmado por la autoridad judicial pueden pasar de dos a tres días. La mujer agredida debe permanecer en la Fiscalía con cientos de personas que presentan todo tipo de denuncias, con su dolor físico y sobre todo con la moral y la autoestima aún con las huellas del puñetazo.

Su representante legal, ágil y conocedor de los procesos judiciales, le dice que con $ 7.000, pagados por adelantado, puede evitarse los dos o tres días de trámite en la Fiscalía.

El abogado agrega que si el esposo de Fabiola también decide contratar sus servicios para defenderse serían $ 14.000, pero pagaría él.

Fabiola no tiene esa cantidad de dinero y tampoco cuenta con el tiempo necesario para trasladarse por tres días consecutivos al edificio fiscal, ubicado en el norte de Quito. Ella debe seguir trabajando y no tiene quién “le dé cuidando” a su pequeña hija, Anaís, de 4 añitos. (O)

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