Esta semana la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, presentará un proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar los recursos públicos robados por los funcionarios corruptos. Esa iniciativa persigue cinco delitos: peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita (por esta última causa fue sentenciado el exvicepresidente de la República, Jorge Glas), además de otras infracciones contra la administración pública.

La propuesta de Cabezas establece dos mecanismos para ello: el primero, la devolución voluntaria, es decir, el funcionario que participó directa o indirectamente en la desviación ilegal, la malversación o cualquier administración ilegal de recursos públicos podrá devolver voluntariamente esos fondos; y el segundo, la entrega de información válida de mal manejo de recursos por parte de personas que sepan de actos ilícitos sin haber participado en ellos.

Hay un incentivo para los denunciantes de hechos de corrupción en la función pública. El funcionario que no ha participado en hechos ilícitos, pero que proporcione información exacta para su identificación será beneficiario de un porcentaje de lo recaudado. El monto lo establecerá el reglamento de la aplicación de esa ley.

Pero, quizá, lo más novedoso de esta iniciativa es involucrar a la ciudadanía en este tema que causa indignación nacional. ¿Cómo? Se crearán veedurías ciudadanas en las cuales cualquier persona, acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana, podrá participar en el proceso para detener y ubicar los fondos y bienes públicos que sean producto de actos ilícitos en contra de la administración pública.

El Consejo, de su lado, contratará a equipos especializados para localizar y recuperar los bienes y los fondos públicos. Según la propuesta, esos equipos cobrarán honorarios por los resultados obtenidos, de acuerdo con la cantidad de recursos recaudados o con el avalúo de los bienes recuperados. El dinero recaudado, finalmente, será depositado en la Cuenta Única del Banco Central.

Después de liquidar los valores de los honorarios profesionales de los equipos técnicos, estos serán transferidos al IESS. Esta es la tercera iniciativa para la extinción de dominio que se plantea en la Asamblea. La primera fue propuesta hace 10 años por el exfiscal Washington Pesántez; y la segunda en el 2017 por el también exfiscal Carlos Baca. (I)