Llegar a una real independencia e imparcialidad de la justicia y alejarla del manoseo permanente tanto de las esferas del poder cuanto de las que se derivan de relaciones de amistad, parentesco y padrinazgo, se ha convertido en una tarea complicada de lograr. También en un anhelo fervoroso de todos los ciudadanos y en un desafío irrenunciable de la sociedad y del Estado. Sin olvidar que en el pasado se registraron episodios repudiables y que tan solo mencionarlos es motivo de vergüenza nacional, el país volvió a ser testigo, en la última década, de la más agresiva “metida de mano” a la justicia. Sus objetivos fueron crear un manto de impunidad e inseguridad; convertir al sistema judicial en instrumento de persecución a opositores; y, proteger a quienes auparon a un gobierno encharcado en corrupción. Hoy enfrentamos un nuevo desafío. La voluntad soberana expresada en la última consulta popular otorgó a los Consejos de Participación Ciudadana y Control Social y de la Judicatura un mandato claro, firme y amplio para ir a una purga del sistema judicial. Esta no debe limitarse a un cambio de nombres de jueces y autoridades de la Función Judicial, sino que debe llegar a desmontar el aparato creado durante el correísmo. Y volver a reconstruirlo con jueces probos, preparados, objetivos, que no sucumban a presiones o conveniencias de ningún tipo, sino a la correcta defensa del orden jurídico y a una recta administración de justicia, para que nunca más en el sistema judicial convivan “Chucky Seven”, “Collantes” y jueces marionetas. El Consejo de la Judicatura Transitorio tiene el deber jurídico, no solo por ser una obligación nacida de la voluntad ciudadana, sino por ser una necesidad moral irrenunciable de la sociedad, de ir a esa purga y responder al clamor ciudadano. Para cumplir con ella, sus integrantes deben alejarse de susceptibilidades entre ellos, sobreponer sus diferencias para alcanzar el objetivo central: el rescate de la justicia. No deben demorar en revisar los méritos de aquellos jueces que ingresaron a la Función en la década bochornosa donde se mancilló el Derecho, se configuraron precedentes nefastos que evidenciaron la descomposición. Los ciudadanos estaremos vigilantes de esta ansiada transformación y demandaremos el cumplimiento de las competencias. (O)