La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington recibe toda queja, petición o demanda y luego la tramitan viendo si procede o no, comunicando al Estado respectivo para que a su vez mande sus razones de por qué se está dando esta violación a los derechos humanos. Una vez que la CIDH considera terminada su intervención, en ese momento la CorteIDH pasa a examinar el asunto.

Me extraña bastante que la CIDH no haya analizado suficientemente el asunto y que pase a la Corte Interamericana para que se den esas medidas provisionales o cautelares a favor de estas personas. Esas medidas tienen contenidos muy graves: uno, dejar insubsistente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y, en consecuencia, que estas personas quejosas continúen en sus trabajos, y dos, invalidar el referendo. En este punto se entiende que es inconstitucional. Me duele profundamente que nuestra Cancillería, Procuraduría y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos no hayan podido hacer la defensa del Ecuador. ¿Cómo es posible que se pueda dar esto? ¿Por qué la CIDH tiene que llegar a ese criterio erróneo? Ahora toca esperar la acción de la CorteIDH porque todavía no ha manifestado qué medidas cautelares designará. En todo caso, esto no demora porque son medidas que se toman de carácter urgente.

Ahora me permito señalar que aquí no había eso de daños irreparables porque el hecho de que tres personas dejen de trabajar no es urgente ni irreparable, si es por eso se les puede enviar a otra función del Estado. ¡Irreparable es la muerte! Los demandantes pueden decir todo, pero el Estado tiene que defender su posición y hacer saber por qué se llegó a un referendo. Basta que se mencionen los daños que se hicieron al Ecuador y los manejos negativos que se han hecho en el país. Pensar que el CPCCS está actuando bien es un error porque irreparables son los daños por la corrupción.

Para que la CIDH no siga pensando así, una vez que el gobierno ecuatoriano sea notificado por la corte tiene que enviar toda la documentación, todos los antecedentes de por qué se dan dichos procesos de consulta en el país en una audiencia, y ahí llevar peritos conformados en un grupo de dos o tres personas, en este caso, constitucionalistas, historiadores o politólogos junto con la Canciller para que expliquen claramente ante los jueces cómo es esto.

Es impensable y no puedo responder en caso de que Ecuador no pueda sustentar las razones como Estado. Sinceramente, no creo que se pueda llegar a esa situación. Lo que el presidente Moreno debe hacer es tal cual como se hace en un caso particular, ver que el abogado haga bien la defensa. Aquí en cuestiones del Estado es lo mismo, ver que los organismos antes mencionados actúen de la mejor manera de carácter inmediato.