Ecuador, 19 de Abril de 2024
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El Telégrafo
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EE.UU., independencia y sistema internacional de derechos humanos

En Estados Unidos el 4 de julio se conmemora la proclamación de la independencia del imperio británico. La Declaración de 1776 sostenía que los hombres son creados iguales; que son dotados de derechos inalienables; como la vida, la libertad y la felicidad.

Desde aquel tiempo y hasta luego de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de EE.UU. fue determinante; al punto que fue el anfitrión de la ONU, al facilitar su sede en Nueva York y ser su mayor contribuyente.

Sin embargo, Estados Unidos solo ha ratificado tres de los nueve tratados de la ONU, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, la Convención Contra la Tortura; cuyos comités de vigilancia emitieron en 2014 sus informes en los que se reflejan preocupaciones sobre el respeto de los derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, manifiesta su preocupación por el escaso número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de miembros de las Fuerzas Armadas y otros agentes del Gobierno de Estados Unidos, incluidos los contratistas privados, por los homicidios cometidos durante sus operaciones internacionales y por las torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos a personas privadas de libertad bajo su custodia; las disparidades raciales en el sistema de justicia penal, el carácter obligatorio de la expulsión de los extranjeros sin tener en cuenta elementos como la gravedad de los delitos y faltas cometidas, la duración de la estancia legal, el estado de salud, los vínculos familiares y la suerte de los cónyuges y los hijos que queden atrás, entre otros asuntos.

El fortalecimiento de la democracia tiene relación con el respeto al sistema internacional de los derechos humanos; por lo tanto, al no suscribir sus instrumentos y no considerar la competencia de sus órganos de vigilancia se debilitan las reglas de convivencia democrática y la propia legitimidad de la institucionalidad sujeta a coyunturas donde la política se impone al derecho. (O)

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