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Ecuador/Mar.30/Nov/2021

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¡Abran las urnas!

24 de febrero de 2021 00:00

El Código de la Democracia, que entró en vigencia en 2009, establece tres casos en que las juntas provinciales electorales pueden verificar las urnas: primero, cuando el acta de escrutinio de una junta receptora del voto (JRV) presenta inconsistencia numérica mayor a uno por ciento, por ejemplo, una JRV tiene 300 electores pero 304 votos; segundo, cuando el acta no tenga firmas de responsabilidad del presidente y secretario de la JRV; y, tercero, cuando los resultados del acta entregada por la JRV a los sujetos políticos no coincida con los resultados en el sistema informático. Los dos primeros casos son identificados por el propio sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE); por tanto, generalmente, los sujetos políticos intervienen en el tercer caso, no obstante, para ello tienen que haber realizado un exhaustivo control de las 39.985 JRVs en el Ecuador y en el exterior. Pocas o ninguna de las 22 organizaciones políticas nacionales habilitadas para participar en estas Elecciones Generales tuvieron posibilidades reales de controlar el proceso electoral en vista de los ingentes recursos que requiere.

A más de los tres casos, la norma, también, prevé que el CNE pueda realizar las verificaciones y comprobaciones que estime necesarias durante el escrutinio nacional, básicamente, porque la primera función del órgano electoral es organizar y garantizar procesos electorales transparentes.

El acuerdo inicial entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso, que pugnan el pase a la segunda vuelta por una diferencia de 0.35% de los votos, contó con el aval y compromiso del CNE para abrir el 100% de las urnas en Guayas y 50% en 16 provincias más. Otros actores políticos y sociales como la Unión por la Esperanza, la Izquierda Democrática, Juan Carlos Solines, Pedro Freile o la Comisión Nacional Anticorrupción, con matices, también, demandan el recuento de los votos.

Con independencia de las posturas y contradicciones de los sujetos políticos, los órganos electorales, el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral, en la resolución de los recursos administrativos y jurisdiccionales, tienen que otorgar certeza a los electores que exigen transparencia.

 

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