La III Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, celebrada en Quito entre el 17 y 20 de octubre pasado, recibió a más de 35.000 personas representantes de gobiernos nacionales y locales, parlamentos, instituciones de derechos humanos, organizaciones sociales, academia, pueblos indígenas, profesionales y actores privados, para acordar lineamientos en la construcción de la Nueva Agenda Urbana (NAU) para los próximos 20 años.

Se abordaron múltiples temas en la conferencia y en los eventos paralelos, lo que permitió contar con el documento final de la NAU que contiene directrices para más de 193 países y desarrolla su contenido en tres acápites relativos a: 1. Una visión compartida, principios, compromisos y un llamado a la acción; 2. Un plan de implementación relativo con el desarrollo humano sostenible para la inclusión social y la eliminación de la pobreza; prosperidad urbana inclusiva, sostenible y oportunidades para todos, desarrollo urbano medioambiental sostenible y resiliente; y 3. Su implementación efectiva a través de la construcción de estructuras de gobernanza urbana, planeamiento, gestión, recursos y mecanismos de seguimiento y revisión.

La NAU tiene 175 numerales y 32 de estos mencionan a la inclusión y no discriminación de grupos vulnerables, afirmando: “Reconocemos la necesidad de dar particular atención a las múltiples formas de discriminación que enfrentan, entre otras personas, mujeres y niñas, niños y jóvenes, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, personas mayores, personas indígenas y comunidades locales, habitantes de barrios marginales y asentamientos informales, personas sin hogar, trabajadores, pequeños granjeros y pescadores, refugiados, retornados, personas desplazadas internamente y migrantes, sin importar su estatus migratorio” (20), enumeración que es ejemplificativa, pues el colectivo LGBTI, las víctimas de emergencias naturales o antrópicas y las personas privadas de libertad también deben ser tomadas en cuenta.

La alusión a las personas vulnerables debe promover una cultura de respeto a la diversidad e incluir enfoques que implementen estrategias que respondan a sus necesidades específicas en el ejercicio de sus derechos; registros públicos con indicadores múltiples; acceso a servicios, infraestructura institucional, transporte y espacios públicos seguros, resilientes e incluyentes; participación y toma de decisiones; desarrollo de actividades laborales en el marco de la economía popular y solidaria; acceso a tecnología; entre otros.

Los Estados, la comunidad internacional, la cooperación, las instituciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad entera deben comprometerse a garantizar la inclusión y la NAU para convivir de buena forma en el planeta que es nuestro único hogar. (O)