Vicepresidenta del CNE se suma a las críticas contra la evaluación

- 07 de julio de 2018 - 00:00
Ana Marcela Paredes en su prueba de descargo ante el CPCCST rechazó que haya tenido alguna vinculación política con el Gobierno anterior.
Foto: Archivo / El Telégrafo

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Marcela Paredes, defendió su designación como parte del organismo electoral y negó tener un supuesto vínculo con el anterior gobierno.

Así lo manifestó en su informe enviado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), como respuesta a la evaluación a los miembros del organismo electoral.

Paredes sostuvo que su participación dentro del CNE obedece a un procedimiento de calificación de méritos y oposición.

“No tuve ninguna vinculación política con el anterior régimen, ni existen pruebas de tal presunción. Cuando participé en el concurso del 2011 me dejaron fuera precisamente por no tener un respaldo político del entonces gobierno y nadie contaba con una renuncia futura que determine mi principalización. Presenté un expediente de 392 fojas, y competí entre 465 postulantes del país”, manifestó.

Además recalcó que no puede valorarse en un proceso “serio de evaluación” a todos bajo el mismo punto de partida y que cada individuo merece un trato diferenciado en función de su trayectoria.

Por su parte, la presidenta del CNE, Nubia Villacís, aclaró en los descargos al Consejo Transitorio que no cometió ninguna irregularidad en los contratos mencionados en la evaluación.

Sobre el contrato con la Compañía Samperza S.A. para que realice el conteo rápido en los comicios del 2018, la funcionaria aclaró que esta registra en la Super de Compañías experiencia con trabajos en estudios de mercado y la realización de encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales.

Además ganó el concurso al tener la oferta más baja tomando en cuenta que la Politécnica Nacional fijó un presupuesto de $93.000 para un contrato similar.

Anotó que ese contrato estaba dentro de la planificación aprobada por el pleno del CNE, debido a una solicitud de la dirección de estadísticas, por lo que no fue un proceso ordenado por la presidenta. (I)

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