Luis Verdesoto habla de la politización de la justicia del gobierno de Correa

- 06 de mayo de 2018 - 00:00
Luis Verdesoto. Presidente de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos, PhD en Ciencias Sociales.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

El exgobierno tenía controladas las decisiones judiciales para que hagan el bien público, dijo el académico. Por eso, el 90% de los fallos fue a favor del Estado. Se maquilló al servicio de justicia con construcciones estandarizadas para que los ciudadanos crean que hubo cambios.

Es docente en la Universidad Complutense de Madrid y en la Andina Simón Bolívar. Tiene un Ph.D en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en Francia. Es máster en Sociología y licenciado en Filosofía. Ha escrito más de una docena de libros. Luis Verdesoto Custode conversó con EL TELÉGRAFO sobre la politización de la justicia durante la década correísta.

En el imaginario popular se habla de la metida de mano en la justicia en el período del expresidente Rafael Correa...
En Ecuador y en una parte de América Latina el sector político ha interferido en las acciones de la justicia, intentando partidizar las cortes, o convertir los partidos políticos en intermediarios de las acciones judiciales. Además, han buscado mecanismos para tener injerencia en otros niveles de decisión jurídica.

Esto llegó a un nivel extremadamente alto durante el correísmo. La exacerbación del poder de Correa los llevó controlar la Función Judicial. Utilizaron la justicia para resolver conflictos políticos, manipular las decisiones de los jueces, usar el enjuiciamiento contra los opositores y por esa vía obtener sanciones o escarmientos.

¿Esta politización de la justicia era parte de un gran plan de control del autoritarismo?
Así como hay una corrupción sistémica, también hubo una forma sistémica de autoritarismo. No fue de ver sangre en las veredas, pero sí la manipulación de las instituciones para el control social y político. Se movieron muchos tornillos institucionales para lograr un Estado autoritario y una sociedad sometida a ello.

¿Por qué el dominio del poder político implicaba a la justicia?
Primero fue el control sobre segmentos específicos de la sociedad. Allí aparecen los chicos del Luluncoto o del Central Técnico. Hubo mucho escarmiento social y se manipuló la justicia. Segundo, lo público era el Estado y el exgobierno tenía controladas las decisiones judiciales para que hagan el “bien público”.

Por ello, el 90% de los fallos fue a favor del Estado. Un ejemplo: Los famosos memorandos de la Presidencia que exigían eso. Ahora está claro que no solo se fallaba por el “bien público”, sino a favor de la corrupción. En el exrégimen se pasó de la visión heroica de lo público a la visión corrupta del Estado, como vehículo de la corrupción.

¿Cuándo requirió Correa de la Función Judicial?
A partir de la consulta popular de 2011. El 30-S dejó claro que no se podía gobernar este país como un Estado de derecho. La justicia se convirtió en un servicio que genera votos. No interesa si es eficiente o no, o cómo toma las decisiones el Poder Judicial.

Allí están las construcciones estándares y el enorme maquillaje de la justicia en el país. Con eso el exgobierno creó la imagen de modernidad en ese sector: “sí había justicia”, se implementaron los juicios orales y despachaban las causas. No importaba la calidad de la sentencia, sino la celeridad de ese servicio.

¿Una especie de clientelismo moderno a través de la justicia?
No solo un voto por una obra, sino el clientelismo de la política pública, es decir, haces gestión a cambio de votos.

¿Cuáles son los defectos de la justicia en Ecuador?
No se asocia justicia con democracia, ese es un viejo problema ecuatoriano. La democracia tiene un componente central en el ejercicio de la justicia independiente.

Hay más de 20 expedientes con denuncias de jueces destituidos arbitrariamente bajo la figura de error inexcusable.
El error inexcusable fue el mejor mecanismo de presión para los jueces. Hasta Baltasar Garzón les advirtió que esa figura podía destruir todo lo que hicieron.

En el Consejo de la Judicatura (CJ) generaban precedentes jurídicos y manipulación del servicio de justicia. Eso pasó en Chile con la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, vemos la disputa sobre la suspensión del concurso de fiscales amañados por el titular de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

El Consejo de la Judicatura pidió a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre los límites del Consejo de Participación Transitorio.
El Consejo Transitorio es una institución con una función muy peculiar y difícil de entender frente al Estado de derecho tradicional. En este rato están manipulando la supuesta sujeción a ese Estado para invalidar las decisiones del Consejo. No reconocen que Ecuador está en un proceso de transición y necesita reformar instituciones y encontrar los mecanismos de flexibilidad para salir del autoritarismo de Correa.

¿Existe una pugna de poderes entre esos dos organismos?
No existe ninguna pugna. Es una acción del CJ que pretende sostenerse en sus funciones y evitar la evaluación del Consejo Transitorio. Para ello busca alianzas en la Asamblea, e introduce a la Corte Constitucional en el conflicto y genera irresponsablemente una inestabilidad. Hay resistencia a ser evaluados y juzgados, y existe un centenar de denuncias ciudadanas en su contra. (I)

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