El Tribunal Contencioso Administrativo define el futuro de Hermuy Calle

- 21 de febrero de 2019 - 00:00
El legislador de Revolución Ciudadana, Hermuy Calle, denunció una supuesta persecución política, tras el pedido para su destitución.
Foto: Archivo / El Telégrafo

La situación laboral del legislador de Revolución Ciudadana por Chimborazo, Hermuy Calle, es crítica.

El miércoles 20 de febrero, el contralor subrogante Pablo Celi informó que notificó al Ministerio del Trabajo y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la sanción de destitución en contra del asambleísta.

Esto, una vez que la Contraloría detectó que Calle supuestamente hizo, en mayo de 2018, proselitismo en la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

Celi aclaró que el Ministerio de Trabajo ya procedió a tramitar su impedimento para ejercer el cargo público. El Contralor reconoció que no recibe todavía una posición del caso por parte de la Asamblea Nacional.

El silencio se da, principalmente, porque la Asamblea goza desde el 18 de febrero de vacancia. Estará en receso hasta el 1 de marzo. “En el caso de autoridades de elección popular, son dos las autoridades que tienen que avocar conocimiento: del Ministerio del Trabajo y del CNE”, subrayó el contralor subrogante.

Calle indicó a EL TELÉGRAFO que su caso se definirá en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde impugnó la resolución de la Contraloría.

Reconoció que en esa instancia están las versiones de la Contraloría así como las del legislador de CREO, Fabricio Villamar, quien pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que acate la resolución de destitución.

La semana pasada, los integrantes del CAL acordaron que, mientras el Contencioso Administrativo no resuelva el caso, Calle seguirá ocupando una curul. Además, en la Asamblea buscan que se cumpla el debido proceso.

Encarnación Duchi, legisladora de Pachakutik, es una de ellas. Reconoció que la notificación del ente de control todavía no es una sentencia en firme. “Si la Contraloría encontró indicios de responsabilidad se debe seguir el debido proceso. Caso contrario, no podemos vulnerar los derechos de ninguna persona”. (I)

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