Alrededor de $ 2.450 millones es el perjuicio al Estado en cinco obras

- 05 de enero de 2019 - 00:00
El examen de Contraloría determinó, en lo referente a la falta de mantenimiento de obras, fallas en sistemas de ventilación: las temperaturas se han elevado 8 puntos, a más de 180 grados centígrados. Debido a incendios registrados en la planta, se ha colocado una cinta de advertencia para evitar nuevos accidentes.
Foto: Archivo / El Telégrafo

El presidente Moreno hace un llamado al sistema judicial para que no permita la impunidad en esos actos de corrupción. La denuncia fue entregada este viernes 4 de enero para investigación a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado.

El presunto sobreprecio en la ejecución de los proyectos Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Terminal Monteverde, Poliducto Pascuales Cuenca y Planta de Gas Natural Bajo Alto, será investigado por la Fiscalía y la Contraloría del Estado.

El informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se determina que por los cinco proyectos se pagaron $ 4.900 millones, cuando debieron costar la mitad, fue entregado este viernes 4 de enero a los dos organismos de investigación.

La noche del jueves 3 de enero, en cadena nacional, el presidente de la República Lenín Moreno indicó que las conclusiones de la auditoría a dichas obras contratadas por el Gobierno anterior son “vergonzosas y escandalosas”.

“He decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría y la Fiscalía, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos”, afirmó el Mandatario.

El anuncio se concretó el viernes 4 de enero, cuando el secretario Particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, y el ministro de Energía, Carlos Pérez, entregaron a los dos organismos la denuncia que está sustentada en cuatro cajas de cartón que contenían las 2.500 fojas del informe técnico.

Contraloría recibe como insumo

En la Contraloría las dos autoridades fueron recibidas por el contralor subrogante, Wilson Vallejo, a quien Pérez pidió que analice toda la información y tome las acciones que juzgue pertinentes.

Enfatizó que el Gobierno del presidente Lenín Moreno busca “determinar responsabilidades sobre malos manejos y corrupción en administraciones anteriores”.

El Contralor subrogante se comprometió a procesar la documentación, como parte de las tareas de control que el organismo viene desarrollando sobre estos proyectos estratégicos.

Tras recordar que ya se han emitido informes con responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que están en conocimiento de la Fiscalía, dijo que los documentos servirán de insumo para acciones de control.

Vallejo agregó que una vez que concluyan las investigaciones y estén listos los informes, serán puestos en conocimiento del Ministerio del ramo y otras instituciones del Estado para que impulsen las acciones que correspondan.

Fiscalía dará prioridad

En la Fiscalía General del Estado, la documentación fue recibida por la fiscal encargada, Ruth Palacios, a más de la denuncia respectiva.

Juan Sebastián Roldán explicó que el sustento de la denuncia son las 2.500 fojas donde constan los documentos íntegros presentados por el PNUD.

“Son $ 2.500 millones tirados a la basura por la corrupción del gobierno anterior. No es que se le roba al gobierno, sino a todos los ecuatorianos, sobre todo a los más pobres”, dijo.

El funcionario anticipó que la denuncia incluye el listado de los funcionarios de gobierno que serían responsables, las empresas fiscalizadoras y las constructoras involucradas en cada uno de los proyectos.

“Pedimos a la Fiscalía agilitar los procesos. La ciudadanía clama que los responsables de la corrupción no sigan caminando alegremente por la calle”, aseveró Roldán.

Anunció que el lunes próximo, Carlos Pérez, ministro de Energía, y Pablo Flores, gerente de Petroecuador, darán mayores detalles sobre los hallazgos del PNUD y el estado calamitoso de varios de los proyectos.

Para la fiscal general encargada, Ruth Palacios, es importante tanto para el país como para la Fiscalía el que se inicien las investigaciones pertinentes. “Estamos dando la prioridad que el caso requiere y haremos todo lo posible, dentro de nuestras limitaciones, para avanzar con estos procesos de relevancia para el país”, dijo.

No solo es el sobreprecio

Las irregularidades encontradas por el PNUD, no solo involucran sobreprecios que en la mayoría de los casos superan el doble o el triple del presupuesto inicial, sino también fallas estructurales y otros problemas.

Según el informe técnico, el primer proyecto, que es la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, al Estado le costó $ 2.230 millones, pese a que su presupuesto inicial fue de $ 754 millones.

De acuerdo con la información oficial, el 99% de la inversión se contrató “a dedo” y el 1% por concurso.

La repotenciación de la refinería estuvo a cargo del exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, actualmente preso.

La firma Worley Parsons era la encargada de fiscalizar la obra, pero al margen de la ley recomendaba las contrataciones, evaluaba, daba el visto bueno a las ofertas. Se considera que era juez y parte.

Respecto a la Refinería del Pacífico, se detectó un sobreprecio del 23%. En este proyecto se invirtieron $ 1.521 millones en licencias, remoción de tierras y el acueducto La Esperanza.

Estas inversiones pudieran quedar en nada porque solo las licencias que costaron $ 600 millones no se pueden transferir y los inversionistas privados han cuestionado la ubicación del proyecto.

De acuerdo con el informe, la obra está abandonada por un conflicto con la venezolana Pdvsa, que es accionista.

En el tercer caso, el poliducto Pascuales-Cuenca, su valor pasó de $ 250 millones a $ 623 millones, es decir también se triplicó. El proyecto fue ejecutado por la brasilera Odebrecht, pero su funcionamiento no es el esperado por fallas de ingeniería, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías, entre otros problemas.

Se ha establecido que no existen evidencias de que las fallas hayan sido reportadas por la fiscalizadora, a la cual se le pagaron $ 7 millones más por la tarea encomendada.

En cuanto a la terminal Monteverde, ubicada en la provincia de Santa Elena, el precio casi se duplica, al pasar de $ 210 millones a $ 371 millones.

Los pilotes que soportan el puente de acceso, fijados en el mar, no están protegidos contra la corrosión.

En lo relacionado a la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto, inaugurada el 21 de noviembre de 2011, fue construida por la empresa española Ros Roca, que recibió $ 49,2 millones por el contrato.

Un año después, la misma firma fue contratada para mantenimiento y suministro de combustibles, por lo cual recibió $ 10,6 millones. Esta obra opera al 50% de su capacidad instalada y, actualmente, la planta se está hundiendo por lo que requiere reparación. (I)

-----------------------

Moreno pide a la justicia evitar la impunidad

Un llamado al sistema judicial ecuatoriano para que no permita la impunidad en los actos de corrupción formuló el presidente de la República Lenín Moreno.

Reveló que durante su Gobierno se han presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior y que como resultado de ello la Contraloría General del Estado ha encontrado a 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal.

Moreno pidió mayor celeridad a la Asamblea Nacional para aprobar leyes que faciliten la lucha contra la corrupción y a  los ciudadanos que participen en el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado.

Al Consejo de la Judicatura (CJ) exhortó a la formación de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción. “Que estos cinco casos que entrego sean investigados hasta dar con los responsables, y con los culpables. Quienes mancillaron la imagen de nuestra patria, quienes destruyeron el futuro de nuestros hijos, deben pagar y ser castigados”, dijo.

La fiscal general del Estado encargada, Ruth Palacios, dijo este viernes 4 de enero que la Fiscalía tiene limitaciones para cumplir su labor de investigación de las denuncias que constantemente recibe.

Se refiere a la falta de personal luego de que el concurso para designar a 400 agentes fiscales que estaba en marcha a inicios del 2018, fue suspendido.

Según información de la Contraloría, a diciembre de 2018 había remitido a la Fiscalía 363 informes con indicios de responsabilidad penal para su trámite correspondiente.

Palacios admitió que algunos casos están pendientes de investigación. Explicó que no solo es la apertura de investigación sino que hay que practicar diligencias, como pericias contables, pericias de contratación pública, “sobre lo cual no contamos con peritos especializados para abastecer todo lo que solicita”.

“Tenemos algunas denuncias, lastimosamente contamos con un número limitado de fiscales, pero vamos evacuando conforme llegan éstas”, manifestó. (I)

Lectura estimada:
Contiene: palabras
Visitas:
Enlace corto: