Plan antidelictivo se extenderá hasta el año 2030

- 13 de junio de 2019 - 00:00
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, interviene durante la presentación del acuerdo nacional.
Foto: Marco Salgado / El Telégrafo

Gobierno instaló mesa de Seguridad para consensuar con expertos, académicos, dirigentes sociales, alcaldes y ciudadanos, propuestas para mediano y largo plazo.

La iniciativa del Gobierno sobre el Acuerdo Nacional para la Seguridad Ciudadana busca reforzar la cooperación con todos los actores institucionales y de la sociedad para buscar soluciones efectivas para atacar y prevenir la delincuencia y el crimen organizado.

Por este motivo se inició la mesa de seguridad que convocó a expertos, académicos, representantes de la sociedad civil y autoridades del sector justicia para que aporten con propuestas que permitan mantener al país como un territorio pacífico y donde prime la convivencia ciudadana.

Este miércoles 12 de junio en la inauguración del evento, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y convivencia pacífica 2019-2030 es una hoja de ruta valiosa, que construirá de manera participativa e integral la forma de generar una mejor seguridad para todos.

La discusión se enfocará en mesas temáticas que analizarán temas como el modelo de gobernanza para la seguridad ciudadana, demanda y oferta de servicios de seguridad ciudadana, corresponsabilidad ciudadana.

Además prevención del delitocomunicación y percepción de la seguridad ciudadana, sistema de justicia, reparación y atención a las víctimas, rehabilitación social y reinserción y controles democráticos para las entidades de seguridad.

El Vicepresidente apuntó que los ciudadanos y autoridades discutirán estos temas durante dos semanas para llegar a acuerdos que posiblemente significarán cambios de normas o leyes como el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Sonnenholzner enfatizó que no se puede tolerar el crimen organizado o la delincuencia común. “Tenemos que dar mensajes claros como sociedad y como gobierno de hasta dónde están los límites y que las leyes en Ecuador se respetan”, afirmó

En esta dinámica lo más importante es que cada institución transparente su labor. “Por eso resultan primordiales los indicadores de seguimiento, porque permiten evaluar debilidades y fortalezas de las diferentes entidades de justicia”, opinó la fiscal de la Nación Diana Salazar.

La funcionaria dijo que en el país se denuncian más de 340.000 delitos al año, lo que complejiza la capacidad de investigación. En consecuencia, es prioritario trabajar en el ámbito de la prevención para reducir estos indicadores. (I)

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