Las minas de Buenos Aires, un SOS para el país

- 15 de abril de 2019 - 00:00
En la entrada a la parroquia de Buenos Aires lo primero que llama la atención es una larga fila de camionetas doble cabina estacionadas en la estrecha vía de tierra. Ellos buscan llevar clientes a la nina ilegal

La explotación ilegal de un yacimiento en el noroccidente de Imbabura trae consigo la presencia de grupos armados y el cometimiento de delitos.

El nombre de “Guacho” no se aleja de los ecuatorianos. Aunque fue abatido en Colombia, reaparece vinculado a la explotación ilegal de las minas de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.

Así lo reconoce una alta fuente policial, quien recuerda que “Xavier” y “Perico”, hombres del Frente Oliver Sinisterra, manejaron los grupos armados que causaron zozobra en el yacimiento del noroccidente de la provincia de los lagos.

Sus andanzas duraron algunos meses. El debilitamiento de la narcoguerrilla atacada por las fuerzas militares y policiales de Ecuador y Colombia, cortó los circuitos que llegaban desde la frontera hasta Buenos Aires.
Sin embargo, ellos presuntamente fueron reemplazados por otro grupo igual o más peligroso: las Águilas Negras, un ejército de sicarios colombianos que estuvieron vinculados a paramilitares. El comandante de la Policía de Imbabura, Víctor Hugo Zárate, cuida su respuesta al milímetro: “Estamos corroborando”.

Lo que sí deja claro es que las vetas de la minería ilegal en la zona no solo elevaron los índices de muertes violentas en el 2018, sino que acarrean otros delitos como lavado de activos, prostitución ilegal y problemas sociales como explotación de familias, deserción escolar…
Para llegar a esta parroquia es recomendable ir acompañado de una patrulla. Aunque el camino parece seguro, su presencia evita cualquier contratiempo.


Para arribar hay que tomar un desvío en la vía Ibarra-San Lorenzo, justo en el control de San Gerónimo. En el sitio, tres agentes del Grupo Móvil Antinarcóticos (GEMA) registran a los viajeros. 

El trayecto dura un poco más de una hora, lapso en el cual se apaga el calor y una fría neblina baja por las montañas. Son apenas las 13:00. En el caserío de Corazón está el primer control militar en busca de armas, explosivos o cualquier material ilegal. 

Desde la semana pasada, los soldados se unieron a los operativos de vigilancia en la zona de influencia de la minería. Ellos, junto con policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ejecutan acciones a toda hora para apagar cualquier acto de violencia. 

El camino sigue flanqueando la montaña. En la ruta hay pocas casas y en la entrada a la parroquia de Buenos Aires lo primero que llama la atención es una larga fila de camionetas doble cabina estacionadas en la estrecha vía de tierra. 

Ellos buscan algún cliente que intente llegar a la “ciudad de plástico”, como llaman a la mina ilegal ubicada a dos horas del centro de la parroquia. 
En Buenos Aires nadie quiere hablar con su nombre y apellido. “Es mejor no decir nada”, admite una mujer dueña de un negocio, haciendo un ademán de silencio con sus dedos en la boca. Ella reconoce que el dinero se mueve con más rapidez en la parroquia, pero las consecuencias no son buenas. 

Este poblado fue creado en 1912. Hace algunos años pasó el extinto Ministerio de Patrimonio registrando sus casas antiguas de madera. Allí no hay señal de telefonía celular, de modo que se comunican con el resto del país a través de internet. 
El teniente político, Édison Villacorte, sostiene que 1.000 personas viven en el pueblo y sus caseríos aledaños, pero desde el año pasado mantienen una población flotante de 1.000 personas más. 

En sus investigaciones han detectado personas de Colombia, Perú, República Dominicana y Venezuela desde el año pasado, atraídas por el oro. En febrero montaron campamentos de plástico negro donde vivían y cavaban la montaña en búsqueda del metal precioso. 
Al comienzo ganaban 10 dólares al día, ahora 50. Nadie conoce las ganancias de esta minería ilegal. 

Los informes de Inteligencia mencionan que por cada volqueta llena de material se pagaba 300.00 dólares. Hasta el año pasado, estos camiones sacaban el material en bruto, mezclado con tierra, maleza, tal como salía de la montaña. Los vehículos pesados atravesaban el país con rumbo a El Oro para extraer el metal. 
Hay la sospecha de que en la “ciudad de plástico” se procesa el material y se lo saca en forma de ladrillos, lo que causa otro problema: la contaminación de la zona, una de las más sensibles del noroccidente del país. 

La Policía sí ha dado golpes a esta actividad ilegal. El año pasado fueron detenidas 409 personas, pero solo 79 siguen en prisión. El resto salió libre escudándose en actividades de minería artesanal. En lo que va de este año fueron arrestadas 80 personas, pero solo 17 están encarceladas. 
También se decomisaron 22 toneladas de material que salía de la mina de Buenos Aires y se retuvo a 231 vehículos pesados en esos operativos. 

De ellos 76 tráileres, volquetas y camiones siguen en los patios de la Policía Judicial, sin que nadie los reclame a pesar de su alto costo. ¿Por qué sucede eso? La respuesta es que los dueños posiblemente ganaron tanto dinero que pueden reemplazarlos desangrando la montaña. 
La Policía asegura que la seguridad en el poblado por el momento está controlada. 

Los agentes del GIR y del GOE, portando sus fusiles de asalto, recorren las pequeñas calles. Sin embargo, recomiendan no avanzar hasta la “ciudad del plástico” y no quedarse a dormir en la parroquia. Es mejor volver. (I) 

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