Nuevo proyecto garantiza protección del denunciante de corrupción

- 14 de septiembre de 2018 - 00:00
La secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, entrega en la Asamblea el veto presidencial y el proyecto anticorrupción del Ejecutivo.
Marco Salgado / EL TELÉGRAFO

El Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto anticorrupción y vetó el del Legislativo. El texto propone compensaciones a quien dé información para recuperar activos obtenidos ilegalmente.

La iniciativa anticorrupción del Ejecutivo comenzó ayer. En dos diligencias, la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, entregó a la Asamblea la nueva ley anticorrupción y de protección al denunciante, además del veto total a la norma que aprobó el Legislativo.

El Mandatario, en cadena nacional que se emitió la noche del miércoles, explicó que la propuesta permitirá la incautación de bienes a los corruptos, facilitará la recuperación del dinero mal habido y agilitará los cobros a los funcionarios responsables.

También se implementará un mecanismo de recompensa para quienes ofrezcan información cierta y comprobable sobre los destinos de los bienes mal habidos.

En declaraciones a la prensa, Pesántez sostuvo que la nueva Ley Anticorrupción se enfocará en una lucha frontal contra los actos de corrupción, “un cáncer que ha minado nuestra sociedad”.

“Esta ley tiene siete puntos importantes a fin de que podamos tener mayores elementos jurídicos para luchar contra la corrupción. El Presidente ha sido claro en que no es un combate solo del Gobierno Nacional, sino de todos los ecuatorianos”, indicó.

Exhortó a la Asamblea para que, en el menor tiempo, tramite la propuesta y conozca los planteamientos que se realizan de forma técnica y jurídica y que permita que temas como la celeridad en los procesos, recuperación de capitales, protección al denunciante, etc., sean correctamente analizados.

El proyecto consta de 10 artículos, una disposición general, una transitoria, una derogatoria y una final. Plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP),  a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y a la Ley Orgánica de Servicio Público.

Protección y compensación
El proyecto plantea que quien entregue datos, instrumentos, bienes o información precisa, verídica y comprobable, que contribuya a la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal podrá tener una compensación económica en proporción a los recursos que se recuperen.

El monto máximo  de la compensación no será superior al 20% de la cantidad recuperada; y deberá aplicarse para casos en los que estén inmersos recursos del Estado o que hayan sido obtenidos en perjuicio del mismo, siempre que la información sea suficiente para localizar el destino de tales montos.

No podrán acceder a este beneficio quienes  hayan participado en la comisión de la infracción penal.

Además, cuando un servidor  se convierta en informante sobre el destino de bienes o recursos de actos de corrupción, pedirá a la autoridad competente un traslado administrativo provisional del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración, sin necesidad de cambio de domicilio.

Si no es posible el cambio administrativo, se le concederá licencia con remuneración por el tiempo que la autoridad estime conveniente. Mientras dure la licencia, conservará su derecho a la antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social.

Además, en ningún caso perderá el derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeña.

Reacciones
Desde el Legislativo se pronunció la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga. Ella sostuvo que el Presidente tiene derecho de vetar parcial o totalmente un proyecto. “Esa es su atribución constitucional, es colegislador”.

Pero rechazó, a su criterio, la “mala interpretación realizada del tipo penal de asociación ilícita” por parte de actores políticos, quienes sostenían que dicha normativa favorecería la libertad del exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

Sobre el proyecto del Ejecutivo dijo que esperan el documento, el cual debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que después sea remitido a la Comisión de Justicia.

“(El proyecto) lo analizaremos a la luz de la convención de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de la Constitución, y también revisaremos los textos normativos legales en el Código Integral Penal”, mencionó.

El asambleísta Henry Cucalón (PSC) también descartó que el proyecto vetado por el Ejecutivo tenga como beneficiario al exvicepresidente. “Eso no es cierto bajo ninguna circunstancia”.

No obstante, remarcó que será bienvenido el nuevo proyecto de ley anticorrupción que envió el Ejecutivo, ya que la Asamblea “siempre está presta para dar herramientas jurídicas que fortalezcan la lucha contra esta lacra”.

En entrevista a Telerama, el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, sostuvo que el proyecto del Ejecutivo es un estupendo primer paso para erradicar dicha práctica, pero no es suficiente. (I)    

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