La Procuraduría señala que el 72% de las sentencias fue favorable

- 12 de febrero de 2018 - 00:00
El 31 de enero Diego García (foto) renunció a su cargo de Procurador General del Estado. Ahora tomó la posta el procurador subrogante Rafael Parreño.
Foto: Marco Salgado / El Telégrafo

En su informe de gestión por el lapso de 10 años, el exfuncionario de la institución Diego García recontó los porcentajes de casos a favor del Estado. Solamente en materia civil hubo acciones con resultados en contra.

Después de casi 10 años, la Procuraduría General del Estado (PGE) tendrá nuevo titular, aunque en el cargo, de momento, está el subrogante Rafael Parreño. Su antecesor, Diego García, antes de anunciar su salida, presentó un informe de su gestión.

Según la información que se encuentra en la página oficial de la institución, en los 10 años, el balance general de la gestión registra que un porcentaje del 72% de sentencias fue favorable para el Estado, frente al 28% desfavorable.

De todas las sentencias emitidas, el número más alto se reporta en 2017, con un total de 10.091. Dentro de ellas, 6.861 dieron la razón al Estado y 3.230 no.

García anunció su renuncia al cargo el pasado 31 de enero. Su informe de gestión fue cerrado el 26 de enero de 2018. Desde el 1 de enero hasta esta fecha el país tuvo un total del 70% de sentencias favorables frente al 30% de desfavorables.

Cuatro materias están a cargo de la Procuraduría. La primera de ellas son las acciones constitucionales, cuyo balance es 81% de sentencias para el Estado.

Los números de casos más altos se registraron en 2012 (con 1.929) y en 2016; el año pasado hubo 1.757 sentencias que ganó el Estado.

La segunda materia que maneja la Procuraduría es sobre contenciosos administrativos. De igual forma, el balance es positivo para el Estado, en una relación de 74% frente al 26%.

En materia penal hubo un total de 914 sentencias, de las cuales el 73% dio la razón al Estado. Como contraparte, en materia civil, la Procuraduría obtuvo datos en rojo, sobre todo entre 2012 y 2013, cuando las sentencias desfavorables fueron superiores a las favorables. No se mencionan cifras en estos casos.

“Este crecimiento de sentencias desfavorables se focalizó en los juicios de prescripción adquisitiva de dominio en la jurisdicción de la provincia de Azuay y la mayoría de ellos en el cantón Cuenca”, consta en el informe.

Sin embargo, estos juicios permitieron que el Municipio de Cuenca tenga un cobro regularizado de sus impuestos sobre los predios.

Para Diego García, tuvo una importancia preeminente respecto de los procesos que tuvieron lugar después de los escándalos casos de corrupción de la multinacional Odebrecht.

“Por su impacto respecto de la administración y la contratación pública obligaron a la intervención directa de la Procuraduría General del Estado”.

Dentro de este caso hubo indicios de responsabilidad por cohecho, asociación ilícita, concusión y lavado de activos.

Dentro de las acciones en torno a Petroecuador, el país conoció la implicación del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli y seis ciudadanos más. La instrucción fiscal empezó el 30 de enero de 2017.

Dentro de este caso hubo responsabilidad penal por peculado y enriquecimiento ilícito.

Otro de los procesos que la Procuraduría del Estado catalogó de importante es el de una familia de apellido Restrepo, en contra del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (Magap).

Específicamente, el 29 de julio de 1959 los entonces ministros de Fomento y de Previsión Social declararon en estado de expropiación una parte de la hacienda Leito, de propiedad de los esposos Restrepo Eusse.

57 años después compareció el señor José Restrepo, nieto de los esposos y dueños, quien demandó al Estado por $ 37’936.010 por perjuicios.

Sin embargo, este caso fue declarado como “sin lugar”, dando lugar a su archivo porque ya habían pasado los cinco años de haberse producido el daño.

Para el 9 de marzo de 2009, la Procuraduría concedió una comisión de servicios, con remuneración, al ciudadano Wilmer Suárez hasta el 16 de marzo de 2010. Aunque el funcionario no cumplió con su obligación de asesor, sí cobró varias remuneraciones por un monto de hasta $ 41.870.78.

Frente a esto, la institución presentó una acusación por el delito de peculado. La Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal.

En 2007 la Procuraduría creó la Dirección de Asuntos Internacionales, que maneja estrategias como coordinación entre las instituciones del Estado involucradas en cada disputa, asesoramiento en políticas públicas, participación y asesoría en negociaciones, y capacitación a funcionarios públicos.

Esta dirección impulsó casos como Occidental contra Ecuador, Chevron contra Ecuador, Burlington, Arch Trading, Perenco contra Ecuador, Hermanos Ortega Trujillo, entre otros.

Una vez conocido el informe, el exprocurador Diego García presentó su renuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ante la Asamblea Nacional.

Antes de abandonar su puesto, recalcó que la defensa del Estado está garantizada y reiteró que el equipo permanecería con el subrogante Rafael Parreño. (I)

Renuncia
Designación
El exprocurador fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posesionado por la Asamblea Nacional. Aquello fue después de ser parte de una terna que envió el expresidente Rafael Correa.

10 años estuvo Diego García al frente de la Procuraduría. Renunció el 31 de enero pasado.

Motivo
En su renuncia, el exprocurador adujo motivaciones personales y que regresaba el ejercicio profesional privado.

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