La consulta prelegislativa inició con pedidos de mayor control

- 27 de marzo de 2014 - 00:00
En el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi se reunieron más de 200 dirigentes y comuneros para ofrecer sus aportes a la Ley de Recursos Hídricos. Foto: Cortesía.

El requerimiento fue similar: una correcta distribución y uso del agua para que beneficie a todos los usuarios, desde los comuneros hasta los dueños de haciendas.

Con este pedido comenzó ayer en las provincias de Carchi y Cotopaxi la segunda etapa de la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que organiza la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.

En forma casi simultánea se realizaron las audiencias provinciales. Los miembros de la comisión se dividieron en dos grupos. El primero, encabezado por Miguel Carvajal, estuvo en Cotopaxi, y el segundo, presidido por Mauricio Proaño, en Carchi.

En la primera jurisdicción asistieron 225 de los 250 representantes de las nueve organizaciones campesinas inscritas. Llegaron puntuales, pero la sesión se instaló media hora después.

Treinta minutos duró la exposición de Diego Pazmiño, asesor jurídico de la comisión. Él explicó los lineamientos que se resolvieron tras la primera consulta, efectuada el año pasado.

“Los que viven en las partes altas utilizan el agua y no se acuerdan de nosotros, se olvidan de que el agua es vida para todos” Pedro Acosta, dirigente de la Feconic

Aclaró que el derecho al agua es inalienable, colectivo y su gestión debe ser pública. “La privatización no forma parte de la ley”, dijo.

Mario Alomoto, presidente del Movimiento Campesino Indígena de Cotopaxi (MICC), está preocupado por el “descuido” del agua en los páramos.

Juan Pila, de la parroquia rural de Pastocalle (Latacunga), quiere crear un parámetro que garantice que el recurso hídrico se mantenga intacto en los pajonales, en lo alto de los páramos andinos.

Olmedo Iza, representante de la reserva Los Ilinizas, de la parroquia Alaquez, plantea que el Gobierno impulse el turismo comunitario como una fuente alterna para sustentarse y dejar de explotar el agua.

Remigio Sillo, presidente de La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Mulalillo (Unocam), exigió una correcta distribución del agua porque “hay preferencia para los dueños de las haciendas y no para los regantes”.

En Carchi, en la audiencia pública, participaron representantes de tres organizaciones: Consejo de Comunas Campesinas de Montúfar (CCM), Corporación de Comunidades Campesinas del Carchi (Copocar) y Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi (Feconic).

José Villota, presidente de la segunda agrupación, se mostró pesimista. “Las opiniones o sugerencias realizadas no han sido recogidas”, lamentó.

El dirigente quiere una política contra empresas madereras que destruyen los bosques, así como el control de la frontera agrícola. “Deben existir políticas públicas entre ministerios, no hay coordinación; mientras unos prohíben, otros permiten”, reclamó.

Para él, en Carchi se debería revisar el inventario de qué cantidad de agua se tiene concesionada.

Pedro Acosta, dirigente de la Feconic, insistió en la distribución equitativa y con justicia social, tomando en cuenta que sus poblados están asentados en tierras áridas. Cuando llueve en las noches, al siguiente día el sol evapora el agua y la escasez se siente.

“Los que viven en las partes altas utilizan el agua y no se acuerdan de nosotros. Se olvidan de que el agua es vida para todos los seres humanos”, acotó. Se quejó de que no se haya hablado de los terratenientes ni de los dueños o poseedores de los derechos del agua, que son quienes han acaparado el líquido.

Durante los próximos días las audiencias continuarán en todas las capitales provinciales del país. El propósito es que la Ley esté lista a mediados de año.

Datos

En Cotopaxi la audiencia pública terminó a las 13:30. Intervinieron 15 representantes que trataron sobre el respeto a los límites, a los lugares sagrados, al manejo autónomo del líquido vital y el mantenimiento de diálogos con autoridades de Senagua.

En la audiencia de Tulcán participó la Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi (Feconic), que agrupa a 38 comunidades con 25 mil afroecuatorianos asentados en Chota, La Concepción y Salinas.

Otra de las agrupaciones asistentes fue la Corporación de Comunidades Campesinas del Carchi (Copocar) que agrupa a 55 organizaciones de base de los cantones Tulcán, Montúfar, Espejo y Mira.

Hubo propuestas de que la autoridad única del agua debería estar conformada en un 50% por el Estado y el otro 50% por comunas y organizaciones sociales.

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