José Alvear, clave en los sobornos de Odebrecht

- 04 de diciembre de 2017 - 00:00
La audiencia de juzgamiento por el delito de presunta asociación ilícita, para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht con contratos con el Estado, se cumple en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito.
Foto: Miguel Jiménez / et

El juicio por asociación ilícita contra Jorge G. y otros acusados por supuestamente favorecer a la empresa brasileña entró en una etapa crucial. Los jueces escucharon a los testigos de la Fiscalía y de los implicados.

Tomislav Topic llegó a la Corte Nacional de Justicia con su propia investigación de los pagos (sobornos) que supuestamente realizó Odebrecht para favorecerse de millonarios contratos con el Estado ecuatoriano.

Topic y su compañía Telconet son indagados por la Fiscalía porque presuntamente ocultaron  los sobornos en la construcción de una autopista submarina de fibra óptica para unir a EE.UU. con Ecuador.

La semana pasada, Topic ingresó al estrado llevando un bolso con lo que -explicó- era la investigación suya con apoyo de detectives, en China para localizar a la empresa Glory International Industry y a su gerente Michael Ying, que invirtieron $13,5 millones en el cable transoceánico y luego desaparecieron.

Por eso, la Fiscalía sospecha que Glory solo era una coartada para ocultar los sobornos de Odebrecht.

Bajo juramento, dentro del juicio por asociación ilícita, Topic ratificó que Glory entregó los $13,5 millones, pero que fue sacada del negocio porque no completó los $ 30 millones que estipulaban en el contrato. Dijo que el primer acercamiento con esos inversionistas lo hizo Ricardo R., tío de Jorge G. y uno de los acusados en el juicio porque supuestamente recibió $ 13 millones como ‘peaje’ para que Odebrecht gane contratos estatales.

Recalcó que durante esa negociación no se reunió con los extranjeros. Todos los convenios  fueron a través de Ricardo R., por emails o por teléfono. Los detalles aumentaron las dudas de la Fiscalía. 

En China -dijo Topic- fue a la sede de la empresa Glory y obtuvo información hasta ahora desconocida. Declaró que Ying le aseguró que el dinero para el tendido submarino salió de sus cuentas y no de Odebrecht, como es una hipótesis de la Fiscalía.

Ying también le indicó que  se arrepentía de haber confiado en dos ecuatorianos.

Uno era José Alvear, un hombre de cabello blanco y viejo conocido; del segundo no se acordaba el nombre.

Glory presuntamente confió a Alvear el manejo de su cuenta bancaria, pero  luego debieron cerrarla porque no la usaron correctamente. También le dijo que los gobiernos chino y ecuatoriano habían pasado por su oficina y conocieron este relato.

La investigación de Topic fue apostillada en la embajada de Ecuador en Beijing, a la espera de ser una evidencia de la legalidad del negocio.

¿Quiénes son los ecuatorianos a los que se refirió el chino Ying?

El nombre de José Alvear   apareció por primera ocasión en 2015, cuando el excandidato a la Vicepresidencia de la República, Andrés Páez (CREO), denunció que Alvear  y Ricardo R. recibieron transferencias por $ 22 millones en la cuenta de una empresa offshore llamada Glory.

Esa demanda no caminó por un error: Páez dijo que Glory estaba en las islas Mazor, que no aparecía en el mapa, cuando en realidad tenía sede en las islas Marshall.

Luego el propio Ricardo R., en su versión ante la Fiscalía,  indicó que José Alvear fue su asesor legal. También que era un hombre muy bien relacionado que le presentó a Michael Ying y así empezó el negocio con Telconet.

Luego declaró que Alvear coordinó una cita con José Conceição Santos, exgerente de Odebrecht en Ecuador. Según Ricardo R., fue el primer encuentro para conseguir negocios legales, pero según Santos ahí empezaron los pagos ilegales a Ricardo R. para ganar contratos.

¿Quién es José Alvear y dónde está? Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., reveló a este diario que se trata de José Alvear Icaza.

Al consultarle si se trata del exdiputado, Quinde dijo: “No le podría ratificar. Sé que fue abogado del ingeniero Ricardo R., que también lo asesoró en materia civil y de la niñez. Él falleció en el 2014, si la memoria no me falla”.

Si la versión de Quinde  es verídica, se trataría de José Alvear  Icaza, quien era un reconocido abogado experto en derecho constitucional y catedrático universitario. En su vida política siempre estuvo vinculado al Partido Social Cristiano (PSC), fue concejal de Guayaquil y llegó a una curul en el Congreso Nacional  por última vez hace 17 años. Murió en enero de 2014 por un paro cardiorrespiratorio.

Pero en el expediente del juicio por asociación ilícita aparece otra persona y lleva los nombres de José Alvear Campodónico. Él consta en las copias de los presuntos correos de Ricardo R. que entregó el testigo Alfredo A.

Está la conversación entre José Alvear Campodónico y Ricardo R., que se inicia en marzo de 2014 y termina un mes después. Allí firma José Alvear Campodónico como gerente de la empresa Caridel, ubicada en Quito.

El 27 de marzo de ese año, José Alvear Campodónico le informa a Ricardo R. el avance de las negociaciones con inversionistas chinos y el consorcio internacional VEA Group, para intervenir en el proyecto minero Fruta del Norte, el yacimiento de oro más grande de Ecuador, que esa época era manejado por la empresa canadiense Kinross.

En esa cadena de emails se detallan los pasos que se han dado para el negocio. Uno de ellos fue el 1 de abril de 2014, cuando Micheangelo Vergopia, de VEA Group, envió una carta al Vicepresidente para exponer su deseo de invertir en Fruta del Norte.

Un día después, el entonces secretario de la Vicepresidencia, Sergio Ruiz, puso en conocimiento del exministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, la propuesta de VEA Group. Fue un documento donde le decía que dé una respuesta al peticionario y remita un informe sobre el trámite que hizo en este caso.

El negocio propuesto por VEA Group nunca se concretó, pero sí se lo intentó. En otro email remitido el  21 de abril de 2014 por José Alvear Campodónico a Ricardo R., hay una copia de un chat telefónico con una persona identificada solo como ‘CJ’.

En su parte principal, esa conversación que es parte del proceso, señala:

- José Alvear C: “¿Habló o no el jugador?”

- CJ: Habló.

- José Alvear C: “¿En qué quedaron?”.

- CJ: “le ha dicho jg que él defina, pero ya”.

-José Alvear C: “Ya bro”.

-José Alvear C: “O sea, cuál es el siguiente paso”.

- CJ: “Me han encomendado a mí que prepare una carta de contestación invitándolos a una reunión (que VEA ha pedido el 9 de abril) para revisar el estado financiero de VEA y ver si ellos tienen el dinero para desarrollar fdn”.

- CJ: “Dile a tu amigo que todo va a salir según lo planificado :)”

 -José Alvear C: “Excelente”.

Perito confirmó que no se puede  verificar la autenticidad

Para la defensa de Ricardo R., los documentos del testigo Alfredo A. carecen de legalidad, porque destruyó el computador de donde supuestamente copió el diálogo. “No se puede confirmar la veracidad de esos documentos porque no existe la fuente de donde fueron obtenidos y pudieron ser manipulados”.

Este criterio se basa en el informe del perito Luis Hurtado Vargas, quien aseveró que no puede ratificar la autenticidad de los documentos entregados por el testigo, porque no hay la fuente principal con qué comparar la originalidad de los correos.

Pero una duda queda por despejar: si la segunda persona que manifestó Ying es Ricardo R. Su abogado lo rechaza. “Todos los negocios que se realizaron entre mi defendido y el señor Topic fueron en un ámbito privado y estrictamente legal”.

Jorge Zavala Egas, abogado de Tomislav Topic, ratificó que hay una segunda persona involucrada, aunque no quiso dar detalles porque espera el arribo al país de la documentación desde China, para esta semana. Pero ratificó la versión de Topic, quien aseguró que los dueños de Glory cerraron esa cuenta por anomalías en su manejo.

Testimonio de perito echaría  al traste una prueba crucial

Uno de los momentos más tensos de la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de asociación ilícita dentro de la red de Odebrecht, ocurrió antes y durante el testimonio del perito informático Luis Hurtado.

Este perito fue quien analizó la autenticidad de los documentos entregados por el testigo protegido Alfredo A. y que son parte de la acusación de la Fiscalía contra el vicepresidente de la República, Jorge G.

La parte acusadora: Fiscalía, Procuraduría y César Montúfar, no querían que ese documento se presente ni que hable el perito en el estrado. En cambio, la defensa del Segundo Mandatario impulsaba que el perito sea escuchado por los jueces.

Entonces, el viernes por la noche  en la audiencia, Jorge G. tomó la palabra dijo que se “ha sometido a la justicia en silencio, pero que está detenido por una infamia”. Pidió a los jueces dar paso al informe del perito.

Los jueces Édgar Flores (quien preside el tribunal), Sylvia Sánchez y Richard Villagómez decidieron que sí testifique.

Con ese aval, Eduardo Franco,  abogado de Jorge G., empezó el interrogatorio al experto, pero sus preguntas eran bloqueadas por la Fiscalía y la Procuraduría porque aseguraban que no incumplían con los requisitos. Entonces, el propio Jorge G. tomó las riendas de su defensa y reemplazó momentáneamente a Franco.

Preguntó al perito que si pudo verificar la autenticidad, originalidad y confiabilidad de los documentos entregados por el testigo Alfredo A. La respuesta fue que “no”, que no pudo verificar esos elementos de los correos.

Para la defensa del Vicepresidente ese criterio echa al piso la acusación contra Jorge G.

La Fiscalía quiso restar credibilidad el perito y dijo que salió de esa entidad un par de días después de la llegada de Carlos Baca.

Para César Montúfar, se está mal interpretando al perito. Indicó que los documentos obtenidos del sistema de almacenamiento informático sí pueden ser verificados, pero en la audiencia el experto dijo que documentos de la ‘nube’ pueden adulterarse.

Saltan a la luz los nombres de Calvopiña, Soliz y Bernal

El trámite de la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de asociación ilícita a sospechosos de ser parte de la red de Odebrecht deja claro, que el caso aún no está cerrado con los acusados por parte de la Fiscalía. En los testimonios aparecen nuevos nombres y pistas. Por ejemplo se hicieron públicos los nombres de los exministros Walter Soliz y Carlos Bernal, quienes supuestamente favorecieron a la constructora con el contrato del trasvase Daule-Vinces.

Eso lo aseguró el exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos y así consta ahora formalmente en el proceso. Dijo que recibió a Carlos V., exfuncionario de la Secretaría del Agua, quien se presentó como emisario de Soliz y Bernal y le pidió $ 3 millones para ganar la obra de riego. El exdirector de Odebrecht aseveró que ese dinero les fue cancelado.

A pesar de esta declaración, la Fiscalía no los ha acusado formalmente, pero emprendió una indagación individual por las presuntas irregularidades en la adjudicación del trasvase.

Otro exfuncionario que aparece en las delaciones de Santos es Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador que supuestamente recibió dinero por el poliducto Pascuales-Cuenca. Él actualmente se encuentra detenido por las irregularidades en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, donde se presume que también hubo malos manejos de los fondos públicos.

En su testimonio Santos aseguró que a inicios de 2013 fue contactado por José T. (otro acusado quien está detenido y aceptó que trianguló dinero para la red) para ofrecerle beneficios en el proceso contractual del poliducto a cambio de $ 6 millones y se presentó como intermediario de Calvopiña y de Vinicio S., exfuncionario de la estatal petrolera que en 2013 era miembro de la comisión técnica para la adjudicación del poliducto.

Sin embargo, Calvopiña y Vinicio S. tampoco han sido imputados, aunque ese contrato es también investigado por los fiscales.

Hasta el momento, la Fiscalía tramita 14 expedientes relacionados con Odebrecht. Están los casos de asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge G., Ricardo R, el excontralor Carlos Pólit y otras ocho personas.  Existe una indagación previa por supuesto cohecho en contra del Segundo Mandatario y Ricardo R.

Adicionalmente, la Fiscalía también abrió otros cinco expedientes para indagar los contratos para la Refinería, el acueducto La Esperanza, de la central hidroeléctrica Manduriacu, el poliducto y el trasvase. Otras dos indagaciones contra el excontralor Pólit, por concusión y lavado de activos. Un caso que señala al exasesor del PSC Carlos Pareja Cordero y, finalmente, se indaga a las empresas Cosani, Telconet, TV Satelital, Plastiquim y Diacelec, por supuesto lavado.

El juicio por asociación ilícita llega a fase decisiva

A las 15:00 de hoy se reinstala el juzgamiento al vicepresidente Jorge G. y otros acusados de supuestamente asociarse para beneficiar ilegalmente a la empresa constructora Odebrecht.

El escenario seguirá siendo el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

Para hoy está previsto que los abogados de los implicados sigan con la presentación de sus testigos y de sus pruebas de descargo. Pero también se prevé que el Segundo Mandatario rinda su testimonio, luego de que la tarde del sábado pasado no pudo hacerlo porque los jueces suspendieron la audiencia para este día.

En cambio, la versión de Ricardo R., otro de los principales acusados, se dará un día después, lo mismo pasará con el resto.  

La siguiente etapa en la audiencia de juzgamiento será la presentación final del fiscal del Estado, Carlos Baca, de las representantes de la Procuraduría General y del acusador particular César Montúfar.

Luego se esperará la respuesta y alegatos de los abogados de todos los sospechosos. Es decir, a finales de esta semana ya puede haber una sentencia de los jueces de la Corte Nacional. No existe un plazo para que los magistrados tomen una decisión final.

Datos

→La Fiscalía dijo que entregó a los jueces más de 40 pruebas documentales, que incluyen miles de documentos. Los  defensores aseguraron que esas pruebas no demuestra su acusación, unas  están incompletas o no cumplen con la ley.

→ 12 días ha durado la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. No hay un tiempo límite para esta diligencia.

→ Eduardo Franco, abogado del Segundo Mandatario, sostuvo que el fiscal  del Estado, Carlos Baca, quiere inducir al error a los jueces y resaltó que no descarta presentar una demanda en su contra. (I) et

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