Jalkh afirma que las pruebas presentadas fueron forzadas

- 31 de mayo de 2018 - 00:00
A la Comisión de Fiscalización asistieron siete de los nueve jueces que integran el Consejo de la Judicatura. Jalk tuvo barra al ingresar al sitio.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo

La Comisión de Fiscalización emitirá su pronunciamiento sobre el juicio político el 13 de junio. Arbito instó a los legisladores interpelantes a explicar cómo accedieron al informe de Contraloría.

Después de cuatro horas y media concluyó la presentación de pruebas de descargo en el trámite de juicio político que sigue la Asamblea Nacional en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura.    

Para el próximo lunes 4 de junio a las 15:00 fueron convocados los miembros de la Comisión de Fiscalización con el propósito de que inicie el análisis de las pruebas, decisión adoptada por la moción de la asambleísta Silvia Salgado, quien pidió que la mesa se acogiera a los 5 días de prórroga para emitir el informe de recomendación de inicio de juicio político o archivo del trámite.

Es decir el miércoles 13 de junio se podrá contar con el dictamen de la mesa. La moción tuvo el apoyo de 10 asambleístas.

La sesión, iniciada a las 09:30, contó con la presencia de 7 de los 9 vocales del Consejo de la Judicatura y con 11 asambleístas de la Comisión de Fiscalización. Entre el público estuvieron funcionarios del organismo legal, quienes vitorearon el ingreso de Gustavo Jalkh al salón de expresidentes del Legislativo. También asistieron varios asambleístas a la sesión.

Aunque se esperaba la concurrencia de los 4 vocales suplentes, solo 2 asistieron.

La primera en participar fue María América Dávalos. Su exposición fue corta (duró 20 minutos) y como conclusión pidió que la mesa de Fiscalización la excluyera del juicio político.        

¿Las razones? Es funcionaria de la Defensoría Pública y no está enrolada en el CJ; ha participado esporádicamente en las sesiones del pleno y tuvo la oportunidad de votar en tan solo un caso de error inexcusable, en el cual dio su voto en contra de un juez.

Luego intervino Carlos Teodoro Delgado Alonso, vocal suplente. Él explicó que no se le notificó sobre ninguna sesión del Consejo, durante 18 meses.  

Recalcó que “no se puede considerar incumplimiento de funciones a un cargo que no ha ejercido”.  Añadió que no ha recibido notificación del inicio de una investigación y mucho menos de un informe de la Contraloría General. Frente a esto también solicitó que se lo excluya del juicio político. “Nada tengo que ver”, dijo.

Los vocales suplentes Marco Antonio Maldonado y Glenda Viviana Calva enviaron un escrito a la Comisión asegurando que sus pruebas de descargo serán presentadas por escrito.

Una vez agotado el primer punto del orden del día la Comisión recibió a los vocales principales. Las intervenciones se iniciaron con la exposición del presidente del CJ, Gustavo Jalkh.

El funcionario cuestionó la validez jurídica del documento de Contraloría, que consta en la solicitud del juicio político planteado por los asambleístas Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (Unidos por Pastaza).

Jalkh señaló que la supuesta orden de trabajo del informe DAAC-0070-2016 de Contraloría “tiene formato de síntesis de informe, no de orden de trabajo”.

Afirmó que son documentos forzados, que no existen en la página web y que Contraloría “no avala que son los que reposan en sus archivos”.

Añadió que será la Fiscalía la que compruebe quién forzó la prueba. Respecto a la aplicación de la figura del error inexcusable en los procesos disciplinarios, Jalkh reiteró que las sanciones por esta vía representan un porcentaje mínimo en el universo del ejercicio de la facultad disciplinaria del Consejo. “Aquí no ha habido una aplicación política de la figura del error inexcusable, ni una actitud interesada contra alguien en particular”, añadió.

En su intervención, el vocal Néstor Arbito señaló que el informe no establece responsabilidades contra los vocales del CJ, “por lo tanto esta no puede ser prueba para este juicio”.

Arbito dijo que los asambleístas que interpusieron el juicio deben explicar “cómo accedieron a una síntesis reservada de este informe, sin una orden fiscal”.

Mientras al interior de la Asamblea se recibían las pruebas de descargo, en los exteriores se congregaron manifestantes con pancartas y carteles, quienes mostraban su rechazo al CJ. (I)

Proceso
Trámite de la solicitud
Una vez concluida la presentación de pruebas, la Comisión tiene, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 5 días para presentar su dictamen. Sin embargo, los miembros de Fiscalización pueden acogerse a una prórroga de 5 días más.    

5 pedidos de juicio político están en la mesa de Fiscalización; tres se recomendaron a trámite.  

Comisión de fiscalización    
El grupo podrá recomendar el archivo de la solicitud o el paso al juicio político, este último en el pleno de la Asamblea. (I)

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