“Es indispensable limpiar la política y escenario electoral de la corrupción”

- 09 de septiembre de 2019 - 00:00
Geovanni Atarihuana. Director Nacional de Unidad Popular
Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

Según él, el exgobierno se tomó las funciones y montó una estructura que garantizaba la impunidad.

Unidad Popular (UP) pidió a la Fiscalía una pericia de los correos del caso Sobornos 2012-2016. Allí se menciona a la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y militante de esa organización política, Mery Zamora, quien fue sentenciada a ocho años por sabotaje y terrorismo. El líder de UP, Geovanni Atarihuana, habló con este diario sobre ese tema.

¿Qué revela el caso Sobornos 2012-2016?
Se confirmó que Rafael Correa lideraba una banda que desde lo más alto del Estado hizo negocios durante 10 años. Ellos entregaron jugosos contratos con sobreprecios a empresas nacionales y extranjeras. Insistimos en que la Fiscalía formule cargos contra ellos por delincuencia organizada.

No solo nos referimos a Sobornos, sino Refinería del Pacífico, manejo de la deuda, entre otros, donde se establece que había una estructura determinada. Un jefe que era Rafael Correa, unos operadores de alto nivel: Jorge Glas, Alexis Mera y otros ministros de Estado. Todo esto fue con complicidad del Contralor, del Fiscal de esa época. Eso evidencia que ha sido el Gobierno más corrupto de la historia.

El exrepresentante de Odebrecht en Ecuador dijo que entregó $ 5,1 millones para las campañas electorales de Correa y Glas. Eso explica la maquinaria electoral de AP en esa época.
Esa maquinaria de AP de ese entonces, se sustentaba en la demagogia y la clientela. Estaba fondeada por dineros ilícitos, de sobornos y sobreprecios. En su época fueron encubiertos por el Consejo Nacional Electoral. Hemos pedido que se vincule en ese caso a Domingo Paredes y Juan Pablo Pozo. La falta de control del CNE permitió esos delitos. Lo hemos denunciado varias veces y exigimos el control de esos recursos.

Hoy el CNE debería investigar qué pasa en dos organizaciones políticas: la de la lista 11, del marido de la exasesora de Correa, Pamela M.; y de la lista 5,  del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, hoy detenido por corrupción. Ambas organizaciones están involucradas en el manejo de firmas fraudulentas para su legalización. Es indispensable limpiar la política y el escenario electoral de la corrupción.

¿Por qué se llegó a ese nivel de descomposición durante el gobierno del expresidente?
La corrupción es prima hermana del autoritarismo. Correa metió la mano en la justicia. Lo enfrentamos en 2011 y advertimos que se trataba de utilizar la justicia, fiscales, jueces para encubrir la corrupción y perseguir a la oposición. Eso ocurrió, Correa se tomó todas las funciones del Estado y montó una estructura que iba a durar para siempre, según ellos. Esa estructura garantizó la impunidad. Pero la verdad se conoce y, tarde o temprano, Correa deberá pagar por todo lo que hizo.

Pero ustedes fueron aliados del gobierno correísta.
Nosotros apoyamos la primera parte de la Constitución de Montecristi, y no nos arrepentimos. Es una Carta Política que establece derechos y libertades. Pero el Gobierno cambió de línea y favoreció a otros. Fuimos a la oposición y siempre hemos sido coherentes.

En Unidad Popular tenemos 25 compañeros que fueron sentenciados, Mery Zamora, los 10 de Luluncoto; los tres de Cotopaxi; los de Esmeraldas, Chimborazo y Azuay. Denunciamos a Correa cuando él tenía todo el poder. No descansaremos hasta que no se haga justicia. No es trata de venganza sino de justicia.

El exmandatario dice que es venganza.
Él encarna el mayor cinismo. Además planteaba que si le demostraban que se había llevado 20 centavos se pegaría un tiro. Pero está demostrado que se llevaron millones de dólares. Queremos que pague sus culpas y vaya a la cárcel. Él expresa un proyecto político decadente, autoritario y falaz. Fue un farsante que usó el discurso y la bandera de la izquierda.

En los chats entre Correa y Alexis Mera escriben sobre Mery Zamora, expresidenta de la UNE.
Confirma lo que dijimos hace años: Correa, Mera y Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura, manejaron a jueces. Presionaron y persiguieron durante ocho años a la profesora Zamora. Por eso presentamos una denuncia penal por tráfico de influencias, fraude procesal y delito de odio. Los chats son prueba plena de lo ocurrido en ese caso.

¿Por qué denuncian por tráfico de influencias?
En las conversaciones y declaraciones de Pamela M. se establece que utilizan su potestad estatal y hasta designan los jueces que trataron el caso de Mery Zamora en el sistema y en la Corte Constitucional. La exasesora de Correa monitoreaba los casos y hablaba directamente con Jalkh.

Hay un delito de odio, Correa nunca le perdonó a Zamora la firmeza con la que enfrentó su autoritarismo. Él tuvo una actitud misógina y de odio contra la maestra. Se ensañó con ella y estuvo a punto de meterla en la cárcel, condenada por sabotaje y terrorismo. Es un caso de derechos humanos que no  puede olvidarse. (I)

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