El secretario jurídico de la presidencia afirmó que el municipio de quito es el más grande contratante de odebrecht

Mera: "No vamos a proteger a nadie"

- 23 de diciembre de 2016 - 00:00
La segunda fase del Metro de Quito es la obra de mayor costo que construye la empresa brasileña en el país.
Foto: Marco Salgado/ El Telégrafo

Alexis Mera recordó que en 2008 la empresa fue expulsada del país por incumplimientos en obras que ejecutó desde el año 2001, entre ellas, el proyecto hidroeléctrico San Francisco. La compañía actualmente tiene a su cargo la construcción de la segunda fase del Metro de Quito por un monto superior a los $ 1.500 millones.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, firmó ayer una solicitud para que la Fiscalía General del Estado investigue la presunta red de corrupción que involucra a la empresa brasileña Norberto Odebrecht.

La solicitud se basa en el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela una serie de presuntos sobornos a funcionarios públicos en distintos países, incluido Ecuador.

Mera se refirió al tema con el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, en el Palacio de Carondelet. Reiteró que la administración tiene la “conciencia tranquila” sobre dicho informe, pero aún no se puede descartar que haya habido pagos o actos de corrupción. “No vamos a proteger, ni encubrir a nadie. Vamos a pedir y respaldar toda la investigación, caiga quien caiga”, enfatizó.

Según el informe, Odebrecht entregó coimas por $ 33,5 millones entre 2007 y 2016 para recibir beneficios en contratos que bordean los $ 116 millones.

Mera recordó que en los primeros años del Gobierno hubo malas relaciones con la firma. En septiembre de 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a la firma por negarse a reparar un ducto de la Central Hidroeléctrica San Francisco.

“Odebrecht no lo pretendía arreglar porque estaba acostumbrado a hacer las cosas siempre de manera informal y quería que nosotros le  paguemos algunas decenas de millones de dólares. Nosotros no aceptamos esas imposiciones”. Eso motivó, incluso, que la Cancillería brasileña retirara en esa época a su embajador en Quito.

El contrato se suscribió en 2001, pero tras el cambio de gobierno se encontraron serias irregularidades “que incluso podrían ser indicios de corrupción”.

Espín explicó que la firma retornó al país luego de arreglar y poner operativa la Central San Francisco. También canceló un monto de $ 20 millones.

Desde 2010, la constructora obtuvo 5 contratos: proyecto hidroeléctrico Manduriacu; preparación de tierras de la Refinería del Pacífico; proyecto Daule-Vinces; poliducto Pascuales-Cuenca; y el acueducto La Esperanza. Esos contratos se adjudicaron con concurso público y están en fase de cierre y fueron auditados por la Contraloría.

Hasta el momento, aclaró Espín, el contrato vigente con la firma es el de la Fase II del Metro de Quito, por  $ 1.500 millones, adjudicado por el Cabildo capitalino. Previamente, el Municipio le adjudicó la construcción de la Ruta Viva, que conecta la capital con el nuevo aeropuerto internacional de Tababela.

En un comunicado de prensa, el Municipio quiteño indicó que el alcalde Mauricio Rodas espera que “se entregue a la brevedad posible la información relacionada a los actos de corrupción por los que se señala a la empresa Odebrecht en Ecuador”.

Señaló, además, que la adjudicación de la Ruta Viva a la empresa brasileña se realizó en la administración del exalcalde Augusto Barrera y reconoce que la Fase II del Metro de Quito estuvo a cargo de las dos administraciones municipales.

El fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, envió una petición para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remita la información sobre las supuestas coimas que la compañía brasileña Odebrecht, habría entregado a funcionarios para la adjudicación de contratos.

“Estamos a menos de 24 horas de que esta noticia salió, por lo tanto la información que tenemos es pública, pero no podemos trabajar sobre lo publicado en medios de comunicación, tenemos que verificar los datos, documentar adecuadamente para llevar a la justicia a quienes hayan cometido delitos”.

El 21 de diciembre se hicieron públicos parte de los documentos del proceso judicial en contra de Odebrecht que se ventilaba en el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, donde la corporación se declaró culpable de sobornos a políticos a cambio de contratos.

La compañía aceptó pagar multas que ascienden a $ 2.600 millones, lo que formó parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses, brasileñas y suizas.

Coimas en 12 países

Odebrecht aceptó que canceló coimas a funcionarios de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Chiriboga resalta que esta difusión sale a la luz cuando en Ecuador hay un proceso electoral en marcha, por lo que pedirá a Estados Unidos la información que no se ha revelado sobre quiénes, en el caso de nuestro país, recibieron los sobornos. “Se menciona que hay funcionarios públicos y son muy específicos en acentuar a 3 países: Venezuela, Ecuador y Brasil, por lo tanto son, entre comillas, coincidencias”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que la constructora admitió haber estado involucrada en sobornos desde 2001. “Odebrecht pagó $ 788 millones en coimas a funcionarios de gobiernos, a sus representantes y partidos políticos en varios países para adjudicarse negocios”.

Consorcio fue expulsado en 2008

Esta conducta estuvo dirigida desde los niveles más altos de la compañía, siendo los sobornos pagados a través de una red compleja de ‘empresas de papel’, transacciones no registradas en la contabilidad y cuentas bancarias offshore”.

En el documento difundido por la corte de Nueva York señala en el caso de Ecuador que, “entre 2007 y 2016, Odebrecht hizo pagos indebidos por más de $ 33,5 millones a funcionarios, lo que le permitió firmar contratos por $ 116 millones (...), por ejemplo entre 2007 y 2008 Odebrecht enfrentó problemas referidos a contratos de construcción y acordó con un intermediario del Gobierno ecuatoriano que tenía control sobre los contratos públicos, pagar a funcionarios para resolver el problema, Odebrecht entregó estos pagos en efectivo al funcionario”.

En otra parte se explica que la compañía usó la corporación Arcadex, registrada en el paraíso fiscal de Belice que fue manejada como “división de operaciones estructuradas”, para que Odebrecht la utilice para sus sobornos y  de esta manera disfrazar los pagos directos e indirectos a políticos.

El fiscal recalcó que coordinará con la Contraloría el análisis de los contratos firmados por Odebrecht en el país. Recalcó que ya se comunicó con el fiscal de Brasil, Rodrigo Janiot, para que también envíe la información que posee sobre la investigación internacional.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el consorcio suscribieron el último contrato en el país y el más costoso, el 26 de noviembre de 2015, para la construcción del Metro de Quito. El plazo de terminación es de 42 meses por un valor de $ 1.538 millones.

Ayer en las oficinas donde funciona Odebrecht hubo hermetismo y no se permitió el ingreso de ninguna persona. Una secretaria señaló que todo pedido de información debe canalizarse por mail porque el personal de comunicación estaba reunido con los directivos. (I)

DATOS

La constructora brasileña Odebrecht y su filial Braskem acordaron pagar multas récord de $ 3.500 millones a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de los tres países.

El Departamento de Justicia de los EE.UU. emitió un informe que fue publicado por el diario brasileño Folha, de Sao Paulo. Según la nota, Odebrecht pagó $ 439 millones en 11 países donde ejecutó contratos.

Solo en Brasil se consignaron cerca de $ 599 millones para servidores y políticos en sobornos. El Departamento de Justicia indica que a cambio la empresa se benefició con $ 12.000 millones.

Los países nombrados son Brasil, Ecuador, Angola, Argentina, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Mozambique, Panamá y Guatemala. (I)

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Pagos llegarían a $ 29 millones

En Perú tres gobiernos son investigados

Para Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, presidentes de Perú entre 2005 y 2014, el fin de año llega con una tremenda sorpresa. Odebrecht, la otrora gigantesca empresa brasileña, firmó un pacto con Estados Unidos a partir del cual brinda información detallada sobre el pago de sobornos a altos funcionarios del Estado peruano para obtener contratos. Pagos que llegarían a sumar $ 29 millones y a través de los cuales Odebrecht habría logrado un beneficio de $ 143 millones.

La noticia tomó de sorpresa a la bancada del Partido Aprista Peruano (APRA), liderado por Alan García. De acuerdo a Javier Velásquez, no habría motivo para perder la calma pues las investigaciones se encargarán de aclarar responsabilidades.

Las declaraciones intentaron enfrentar  las críticas que rodearon la figura del expresidente García, quien hace meses ya era vinculado con la supuesta recepción de $ 1,4 millones para otorgar, a cambio, la obra de la Línea Uno del Metro de Lima, a la mencionada constructora brasileña. “No hay apristas con corona”, sostuvo Velásquez Quesquén para dejar en claro que, según él, si las investigaciones apuntan a su líder deberán castigarlo como manda la ley.

El silencio, en cambio, ha rodeado las figuras de Toledo y Humala, cuyos gobiernos también efectuaron obras a través de la intervención de Odebrecht en distintos puntos del país.

El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, negó haber recibido dinero cuando era titular del Consejo de ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y se mostró a favor de investigar la denuncia de sobornos de la constructora brasileña. “Yo le puedo garantizar que no recibí nada, ni sé nada (...) todo eso se tiene que investigar y estoy a favor”, dijo a la prensa Kuczynski.

Explicó que las indagaciones sobre su gestión cuando era primer ministro de Toledo fueron archivadas “porque se dieron cuenta de que simplemente firmó una ley que dio el congreso, eso no es un crimen”.

El Fiscal Martín Salas el 14 de diciembre decidió reabrir la investigación en la que incluyó a Kuczynski por supuestamente favorecer a Odebrecht a ganar una concesión. El caso se cerró en septiembre.

Para Fernando Zavala, premier del actual gobierno, las investigaciones deberán tener el seguimiento del Ministerio Público en el país, ente encargado de llevar adelante las pesquisas para hallar a los responsables de los sobornos. No se descarta que la semana entrante, en esa misma línea, el pleno del Congreso apruebe la formación de una comisión especial de parlamentarios para la investigación de estas denuncias. (I)

Víctor Vimos / Corresponsal en Lima

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Presidente de Brasil no renunciará

Odebrecht, un escándalo sin fronteras

La empresa constructora Norberto Odebrecht tenía un ‘departamento de sobornos’ montado en Brasil, algo que puso en alerta a la clase política. Incluso el escándalo llega al despacho del propio presidente Michel Temer, cuyo partido está involucrado en el ‘Petrolao’, como se conoce el caso surgido en la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La máxima empresa de ingeniería de América Latina tiene a su heredero, Marcelo Bahia Odebrecht, preso y condenado a 21 años de prisión.

Hasta el momento, el partido de Temer, el PMDB, es el más golpeado con el caso, ya que los legisladores de su bloque en el Senado y en la Cámara de Diputados aparecen como los principales receptores de dinero, tanto legal para la campaña electoral como ilegal de sobornos. Además, fueron los motores y ejecutores de leyes para beneficiar a Odebrecht.

Uno de los 77 ejecutivos de Odebrecht contó en una delación premiada que Temer le pidió $ 3 millones en 2014 para el partido. La suma fue pagada a Miguel Yunes, asesor de Temer quien renunció al cargo la semana pasada.

Sin embargo, Temer afirmó que no renunciará. “Confieso que no he pensado en eso”, dijo ayer entre risas el mandatario en la residencia oficial de la Presidencia, en Brasilia.

La relación de Odebrecht con un proceso vinculado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es investigada por el juez Sergio Moro. Pero sin duda el alcance del escándalo hacia otros países confesado ante el Departamento de Estados Unidos generará un impacto que nadie esperaba.

En Brasil, por ejemplo, desde 2003 hasta 2016 la empresa, que recibió fondos públicos para expandirse al exterior, dice que pagó $ 599 millones en sobornos, entre las empresas Odebrecht y su controlada Braskem.

En Argentina, entre 2007 y 2014, dice que pagó $ 35 millones de sobornos, y en Colombia entre 2009 y 2014 depositó en forma ilegal $ 11 millones.

Al respecto, el secretario colombiano de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, indicó que el gobierno de Juan Manuel Santos está dispuesto a cancelar los contratos en los que se comprueben actos de corrupción de la constructora. En  Venezuela, entre 2006 y 2015, la empresa sostiene que sobornó a funcionarios y dirigentes por $ 98 millones, el segundo país con mayor flujo de dinero ilegal después del propio Brasil.

En tercer lugar aparece República Dominicana con $ 92 millones. Luego Panamá con $ 59 millones; Angola, en África, $ 50 millones; Perú, $ 29 millones; Guatemala, $ 18 millones y México con $ 10,5 millones. (I)

Pablo Giuliano / Corresponsal en Brasil

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