Familiares de las víctimas de “Guacho” exigen saber la verdad

- 06 de julio de 2018 - 00:00
Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo Paúl Rivas, asesinado por el grupo que lidera “Guacho”, presentó presuntos vacíos que detectaron en el fallido proceso de liberación de los periodistas.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

Los deudos de los periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, fueron a la Asamblea para evidenciar sus inquietudes sobre el manejo de su secuestro y asesinato.

La investigación del secuestro y muerte de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra tiene eslabones sueltos y esos fueron señalados ayer en la sesión de la Asamblea Nacional.

Galo Ortega, Ricardo Rivas y Yadira Aguagallo fueron recibidos en la llamada “comisión general”, por los legisladores.

Los asambleístas estaban interesados por conocer el sentimiento de los familiares del equipo periodístico, una semana después de que sepultaron a sus seres queridos y que coincidió con la noticia del hallazgo de los cadáveres de Óscar Villacís y Katty Velasco, también secuestrados y asesinados por el Frente Óliver Sinisterra, encabezado por Walter Arizala, “Guacho”.

En el pleno de la Asamblea, Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, inició su presentación recordando a su joven pareja que viajó a San Lorenzo, en la frontera con Colombia, y nunca regresó.

Yadira afirmó que las familias de los periodistas de El Comercio no accedieron a información durante su secuestro y que se les ocultaron datos relevantes, de los que luego se enteraron por publicaciones de la prensa.

Un ejemplo, según ella, es que los atentados del Frente Óliver Sinisterra no se iniciaron en enero pasado, con el coche bomba que estalló en el cuartel policial de San Lorenzo, sino en noviembre del 2017 con un ataque a una patrulla policial.

Tampoco conocieron que oficiales de la Policía mantenían conversaciones con alias “Guacho” por chats de WhatsApp ni que hablaron con él telefónicamente.

Entonces, nunca supieron de las amenazas que había hecho el cabecilla de la narcoguerrilla de secuestrar y asesinar civiles.

Las críticas de los familiares recayeron en los exministros del Interior, César Navas; y de Defensa, Patricio Zambrano. Yadira Aguagallo presentó las “contradicciones” de los exfuncionarios durante esta etapa.  

Por ejemplo, dijo, Navas primero indicó que la noticia del secuestro se consiguió por una llamada al Municipio de San Lorenzo y luego que un oficial de Inteligencia recibió el mensaje, pero de esto no fue informada la familia.

Lo mismo pasó cuando Navas sostuvo que no se negociaba con “Guacho”, pero en verdad lo estaban haciendo desde mucho antes.

Aguagallo sostiene que fue engañada. Hoy reniega de sus declaraciones a la prensa diciendo que tenían noticias tranquilizantes de sus seres amados, cuando había una realidad oculta.

Para Ricardo Rivas, hermano mayor de Paúl, es necesario conocer la verdad de las acciones oficiales antes del secuestro, de los sucesos que desencadenaron el asesinato y de las decisiones posteriores al triple crimen.

Él sostiene que nunca conocieron en detalle la negociación que ejecutó el Gobierno y cuestionó que les presentaron a una persona que supuestamente estaba a cargo de dirigir los diálogos pero que, finalmente, no era quien hizo la negociación.

También quieren saber cómo se manejó la información de Inteligencia sobre las operaciones de “Guacho” en la frontera norte, desde que empezaron su seguimiento a finales del año pasado.

Los familiares desean saber si esos datos recopilados por la Policía fueron compartidos con los militares encargados del control de las personas que vivían en las poblaciones fronterizas.

Otra duda que tiene es por qué dejaron pasar a Mataje al equipo de El Comercio, cuando conocían de las amenazas de “Guacho”, pero se prohibió el paso de otros equipos de medios de comunicación. ¿Cuál fue el criterio para permitir su paso a la zona fronteriza?

Los allegados de los periodistas enfatizaron que no desmayarán hasta conocer la verdad del plagio y la muerte de sus seres queridos, y que rechazarán categóricamente la eventual politización del tema. (I)

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Críticas de los deudos por manejo de negociaciones

La confirmación de los asesinatos de Katty Velasco y Óscar Villacís, secuestrados por la narcoguerrilla, trajo críticas por el manejo de la situación. Familiares de las víctimas cuestionaron el trabajo de las autoridades gubernamentales ecuatorianas para liberar a la pareja.

“El Gobierno ecuatoriano nos hizo esperar. De qué valió la espera. Ya tenían dos meses muertos. Para esto fue la espera. Eso teníamos que esperar, que nos los entregaran en una caja”, expresó Geovanna Velasco, hermana de Katty.

La mujer sostuvo que la lucha por castigar a los autores de los asesinatos recién comienza. “Esto sigue. No nos vamos a quedar callados. Tenemos que seguir luchando hasta el final”.

Ana Villacís, hermana de Óscar, calificó como incompetentes a los funcionarios gubernamentales que actuaron tras el secuestro.

“Yo los culpo a ellos (funcionarios del Gobierno ecuatoriano) por la muerte de mi hermano porque ellos no hicieron nada para rescatarlos. Los dejaron a su voluntad, los dejaron solos”, dijo Elvia Villacís.

El Consulado de Ecuador en Pasto brinda acompañamiento a los familiares, lo cual comprende asistencia jurídica y policial. (I)