La transnacional destinaría $ 2 millones para ‘mantener’ al exjuez en ee.uu.

"Es reprochable que Guerra haya vendido su testimonio a Chevron"

- 17 de noviembre de 2015 - 00:00

La transnacional destinaría $ 2 millones para ‘mantener’ al exjuez en ee.uu.

En el expediente de arbitraje entablado por Chevron en contra del Estado ecuatoriano y en el juicio interpuesto en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra los 30 mil indígenas y campesinos amazónicos afectados por la contaminación causada por la petrolera, constan los pagos y beneficios que recibe el exjuez Alberto Guerra Bastidas por ‘colaborar’ con su testimonio en favor de la transnacional.

Los pagos que recibiría el exjuez de la Corte de Sucumbíos, quien de mayo de 2003 a enero de 2004 estuvo a cargo del juicio entablado por los afectados contra Chevron, venían siendo expuestos ante la justicia estadounidense por los abogados de los ecuatorianos afectados, con el fin de evidenciar la presunta falta de idoneidad de pruebas y testigos presentados por la multinacional.

Sin embargo, este tema volvió a cobrar vigencia el fin de semana pasado, cuando el portal estadounidense CRS Wire difundió una investigación que revela que Chevron habría renovado contrato para seguir pagando “un cuantioso salario y otros beneficios a su testigo estrella, pese a que, incluso, ha admitido que cometió perjurio e intentó boicotear el juicio ambiental”.

Según la investigación, el primer contrato con Guerra por un salario de $ 144.000 anuales “es condenado por los defensores de las comunidades indígenas que acusaron a Chevron de tratar de corromper los procesos legales para evadir el pago de indemnización”.

Chevron, en 2011, fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar $9.500 millones por el daño ambiental y a la salud humana en Sucumbíos y Orellana, por 28 años de explotación petrolera antitécnica.

Los pagos de Chevron a Guerra, que datan de 2013 a enero de 2015 (primer contrato), alcanzarían los $ 2 millones. El nuevo contrato continuaría bajo similares condiciones y abarcaría igualmente beneficios como: salario; seguro de salud para él, su esposa y 3 hijos mayores de edad; pago de abogados en EE.UU.  y Ecuador; pago de contador e impuestos; entre otros (ver infografía).

Aquello violaría la Ley Federal estadounidense que prohíbe pagar por testimonios. Además, pondría en duda la ética de los abogados de la gigante petrolera de la firma Gibson Dunn & Crutcher (GDC), por lo que la firma jurídica afrontaría acusaciones de falsificación de evidencias para Chevron y otro cliente.

En este punto, el portal  CRS destaca que Chevron habría costeado uno de los abogados más destacados de EE.UU. para ayudar a Guerra y su familia a obtener asilo, basándose en la pretensión falsa de que el exjuez afronta amenazas. El valor de ese servicio sería de $ 500.000.

Además, que se le habría facilitado a Guerra un abogado personal en EE.UU., quien estuvo junto al exjuez, incluso, los 53 días que los juristas de GDC entrenaron al testigo antes de acudir al estrado.

Documentos y declaraciones que constan en el expediente dejarían al descubierto el testimonio de Guerra, durante el juicio bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.), que procesa a los indígenas afectados como a delincuentes. Incluso, el testigo ‘clave’ admite allí haber mentido en el estrado, como lo destacaron a su debido tiempo organizaciones internacionales como Courthouse News, Vice y el grupo ambientalista Amazon Watch.

Según Paúl Paz y Miño, director del grupo ambiental Amazon Watch, citado por el portal estadounidense  CRS: “Es inmoral, ilegal y totalmente impactante que Chevron continúe pagando grandes sumas a un testigo desacreditado, quien admitió haber mentido y aceptado sobornos para dar falso testimonio”.

Por ello, resaltó que el arreglo entre la petrolera y el exjuez “merece investigación legal” y pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo haga. “Consideramos que Chevron se ha visto involucrado en el delito de cohecho”, indicó.

Pablo Fajardo, procurador común de los 30 mil afectados por la contaminación dejada por la compañía, dijo a EL TELÉGRAFO ayer que es reprochable no solo la actitud de Guerra,  sino de Chevron, “porque la empresa compró un testimonio y pagó (desde 2013) a un testigo falso $ 2 millones, a la vez que hubo un mal ecuatoriano que vendió su testimonio y miente, como lo admitió en el panel de arbitraje. Los sobornos reflejan cómo actúa Chevron”.

Confirmó que los documentos en los que constan los pagos efectuados por la compañía a su testigo clave son piezas procesales en el Juicio RICO. Incluso indicó que analizan presentarlos en las cortes de Canadá, Brasil y Argentina para pedir la homologación de la sentencia ecuatoriana, demostrar que no hubo fraude por parte de los afectados y sus abogados y poder cobrar la indemnización en esos países, en donde Chevron tiene activos. (I)

Libro sobre petrolera revela quién es Guerra

La Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Técnica de Ambato y EL TELÉGRAFO presentarán mañana (12:00) el libro de investigación periodística ‘Caso Chevron, la verdad no contamina’, de los autores Orlando Pérez y Nelson Silva, director y periodista del diario público.

Participarán Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato; Víctor Hugo Jaramillo, exrector; Franklin Medina, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; y los autores.

El libro tiene por objetivo dejar un testimonio histórico escrito sobre el daño ambiental y a la salud humana causado por Texaco-Chevron en el norte de la Amazonía ecuatoriana.     

Desde la página 43 hasta la 62 del libro, consta quién es el exjuez Alberto Guerra y su ‘colaboración’ con Chevron.        

Allí se indica que en la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura constan sumarios administrativos contra Guerra, abiertos entre 2007 y 2008. Por ejemplo, con base en el expediente No. 2007-0168-0 y a las pruebas recopiladas, que en 2008 fue destituido como juez de la Corte de Sucumbíos.     
Se indica que Karen Hinton, vocera de los 30 mil indígenas afectados, en un comunicado de prensa emitido el 28 de enero de 2013, ya advirtió que Guerra estaba en ese entonces por presentar una declaración y cualquiera que fuera su contenido sería falsa y “estaría manchada por los pagos ofrecidos y cumplidos por Chevron”. (I)

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