El secretario de Comunicación hizo el anuncio

En febrero se convocará a concurso de frecuencias

- 29 de enero de 2016 - 00:00
Al foro ‘Democratización del Espectro Radioeléctrico’ asistieron unas 150 personas, en el Salón José Mejía Lequerica, junto a la Asamblea Nacional.
Foto: Mario Egas/El Telégrafo

A mediados de febrero se anunciará la convocatoria a concurso para que cualquier persona natural o jurídica pueda acceder a una frecuencia del espectro radioeléctrico, como señala la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el reglamento.

Así lo anunció ayer el Secretario de Comunicación, Patricio Barriga, durante el foro denominado Democratización del espectro radioeléctrico, efectuado en Quito, al que asistieron unas 150 personas.

En el foro participó el periodista, locutor y escritor uruguayo Víctor Hugo Morales; el sociólogo, periodista  y catedrático argentino Pedro Brieger; y Paulina Mogrovejo, del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

Destacaron que la democratización del espectro radioeléctrico es imperiosa, ya que antes estaba mayoritariamente  en manos privadas, pero ahora la LOC dispone que las frecuencias de radio y televisión deben distribuirse equitativamente en 3 partes: público 33%; privado 33% y  comunitarios 34%.

“Democratizar la comunicación nos permitirá enterarnos de hechos reales y no consumir información que responda a una cuestión ideológica de fondo”, indicó Brieger. En cambio, Morales dijo: “Democratizando la comunicación y con calidad informativa habrá verdadera democracia. Esto que se está dando en Ecuador es de vanguardia”.

El dueño de las 1.600 frecuencias de radio y televisión que conforman el espectro radioeléctrico del país es el Estado, según el artículo 105 de la LOC, que estipula que es un bien de dominio público.

Según la Arcotel, la disponibilidad de frecuencias en el  país es de 100 a 350 para radio FM analógica; de 42 a 110 para televisión abierta analógica; y, de 110 a 275 para televisión digital terrestre. Además, hay frecuencias vencidas en sus términos de concesión que deben revertirse al Estado y salir a concurso. (I)

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