Consejo transitorio denuncia a prefecto de Manabí y su hijo por 6 presuntos delitos

- 21 de junio de 2018 - 16:07
La secretaria de Transparencia, María Arboleda, y el procurador judicial Byron Pachecho, acudieron la mañana de este jueves 21 de junio, a la Fiscalía para presentar la denuncia.
Foto: Cortesía

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera.

La denuncia fue puesta en la Fiscalía por María Arboleda, secretaria Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCCS transitorio, y Byron Pacheco, procurador judicial de ese organismo.

El prefecto y su hijo habrían incurrido en los presuntos delitos de delincuencia organizada; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias; perjurio, testaferrismo y lavado de activos, indicó Arboleda.

Añadió que al tener uno de los presuntos involucrados fuero de Corte Nacional, han solicitado que la investigación se lleve directamente desde Quito.

Arboleda sostuvo que hay suficientes indicios de que en la Fiscalía de Manabí no se está garantizando los debidos procesos.

Según las investigaciones, las actividades ilícitas habrían causado un perjuicio por alrededor de $ 70 millones al Estado. Los denunciantes mencionaron proyectos de contrataciones en compañías como la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), Gobierno Municipal de Juján, y con la Dirección Nacional de Aviación Civil (DAC).

Además, indicaron que Mariano Zambrano Vera estaría impedido de ejercer las funciones de asambleísta, ya que consta como presidente accionista de la compañía Manta Host, lo cual se constituye en una inhabilidad, de acuerdo con la ley.

Las irregularidades se habrían registrado especialmente desde el segundo periodo de la prefectura de Mariano Zambrano (2011). Entre los hallazgos de la investigación constan las transferencias sucesivas por alrededor de $ 15 millones que se realizaron sin que el servicio de Rentas Internas (SRI) ni la Superintendencia de Compañías hayan emitido una alerta.

La irregularidad podría sugerir una negligencia de la entidad de control y fue reportada a la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE). (I)

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