La Corte ordenó el embargo de los $ 96 millones

Chevron se niega a dialogar sobre un acuerdo de pago

- 22 de julio de 2016 - 00:00
La petrolera aún no cancela la indemnización de $ 9.500 millones a 30.000 amazónicos ecuatorianos afectados por contaminación ambiental y daños a la salud.
Foto: Cortesía

“La negativa de Chevron ha imposibilitado el diálogo”, informó ayer la Procuraduría General respecto al pago de $ 96 millones que ordena la sentencia de una corte internacional que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., por parte del  Estado ecuatoriano a la transnacional petrolera.

La Procuraduría enfatizó ayer que en cumplimiento con los pactos internacionales, Ecuador está dispuesto a cumplir con el pago, así como lo hizo con Occidental.

El problema es que la petrolera fue sentenciada en Ecuador (en un juicio entre particulares) a pagar una indemnización de $ 9.500 millones a 30 mil indígenas y campesinos del norte de la Amazonía, por contaminación ambiental y daños a la salud. Sin embargo, esa suma no se ha podido cobrar porque no existen bienes de la empresa en el país.

Por ello, la Corte de Sucumbíos ordenó la retención del pago que el Estado debe hacer a Chevron para que sea transferido a los afectados. La sentencia es producto de un juicio de terceros en el que no tiene participación el Estado.

Ante esa determinación judicial, Ecuador propuso transferir los $ 96 millones a una cuenta en garantía, hasta que la justicia determine si los fondos debían ser pagados a Chevron o atender el embargo solicitado por las comunidades amazónicas que litigaron con la petrolera.

La Procuraduría enfatizó que esa es una salida para que Ecuador cumpla con el laudo internacional sin desatender las obligaciones que bajo la ley nacional generaría la notificación de la orden de embargo. Ante la negativa de la petrolera, la Procuraduría “ejercerá las acciones necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público”, consta en el comunicado, aunque no se detalla cuáles serán.  

Chevron demandó a Ecuador aduciendo el incumplimiento de tratados bilaterales de inversión. (I)

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